El dueño de la finca donde cayó Julen: «Jamás pensé que ahí cupiera un niño. No me lo perdonaré nunca»

David Serrano ha declarado -tal y como adelantó SUR- que tapó la boca del pozo con dos bloques de hormigón de color gris y ha recalcado que el pocero hizo una perforación de más de 100 metros y la dejó allí «tal cual». «Compré esa parcela hace cuatro meses para poner unos aguacates y quería llevar unos caballillos, por eso quería buscar agua. Maldita la hora...», añade el dueño de la parcela, que ha comparecido acompañado del abogado Antonio Flores Vila, socio fundador del bufete Lawbird Legal Services.

«Unos días después de que Antonio -el pocero- se fuera, llamé a un amigo para que retirara la montaña de arena en forma de volcán [que el pocero dejó alrededor del agujero] y hacer una pequeña zapata para el muro de contención. Ese material no era para una casa, sino para el muro de contención. Y al fondo de la «L» [de la zanja] estaba el pozo, que iba a quedar tapado por el muro de hormigón», aclara.

Una vez Serrano ha finalizado su intervención, los abogados han dado las claves de su representación en el caso, en el que de momento se han personado como parte interesada y no como como imputada, ya que hasta la fecha el propietario de la finca no figura en calidad de investigado en las diligencias previas.

La idea que quiso dejar clara en todo momento el equipo jurídico es la de que, en el caso de existir responsabilidades penales por la muerte de Julen, todas deberían recaer sobre la empresa que realizó la perforación y no en Serrano. Antonio Flores explicó que una clave importante está en la licencia del sondeo de investigación: «Ya declaró David (el propietario) que él estaba convencido de que en todo momento el pocero, Antonio, tenía todas las licencias, lo que es bastante creíble si tenemos en cuenta los servicios que ofrecen las empresas de sondeos». Tras hacer esta reflexión, mostró varias ofertas de compañías similares y todas ellas incluyen en sus servicios la tramitación de los permisos pertinentes. «Ellos saben mejor que nadie cómo gestionar estos trámites, que no son sencillos, son muchas oficinas las que hay que visitar».

Además, Flores Vila recalcó lo que se conoce como el «deber de abstención» de las empresas, recogido en el artículo 52 de la Ley de Aguas, que dice que las compañías de este tipo deberán, con anterioridad a la prestación de servicio y ejecución de la obra, solicitar la licencia administrativa, es decir, según el letrado, «si no hay licencia no hay trabajo». Además, recordó que en el marco normativo de la Junta de Andalucía para las solicitudes de estas acciones hay un trámite que requiere por fuerza dos documentos que tienen que provenir de la empresa encargada del sondeo, por lo que en cualquier caso, «el señor pocero no puede decir que pensaba que el propietario de la finca tenía los permisos».

En cuanto a la responsabilidad por homicidio imprudente, el abogado ha recalcado que «no existe precedente en el mundo» de un caso similar, por lo que es una situación «difícilmente contrastable». «La propia Guardia Civil pensaba que el niño no podía haberse caído por ahí», ha recalcado. «No se trata de una situación que se pueda prevenir». Flores Vila ha puesto sobre la mesa los datos del Instituto Nacional de Estadística con respecto a los accidentes domésticos, fruto de los cuales al año mueren unos 800 niños en España. «Ahí no se habla de homicidio involuntario o imprudente y eso que es una estadística terrible pero prevenible y previsible; en este caso era imposible prevenir que ese agujero se tragase a un niño». Por lo cual, ponen en duda que se le atribuya cualquier tipo de imprudencia a su cliente, ya que en ningún momento «David podría haber sido consciente subjetivamente de la existencia de ese peligro, probablemente nadie lo habría hecho».

Con respecto al sellado del pozo, fue Jesús Flores por su condición de arquitecto quien aclaró la perspectiva de los abogados, que se basa en cuestionar el relato del pocero. «Dijo a la Guardia Civil que lo tapó con una piedra de quince kilos, una piedra que nadie ha visto salvo él; una piedra que, de ser cierto lo que afirma, hubiese constituido un nuevo incumplimiento de la ley». Se refiere al artículo 180/2 del Reglamento Público Hidráulico, que establece que será el organismo de Cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Sur, el que establecerá las normas para el sellado de los sondeos de investigación». Según ha relatado el arquitecto, la normativa obliga a los constructores a rellenar toda la perforación con el mismo material o similar, y el último tramo deberá estar reforzado con hormigón.

Por todo ello, ha concluido Jesús Flores, «el accidente de Julen se produjo por la existencia de una situación de riesgo consecuencia directa del profesional» y «el pocero ha mostrado un comportamiento que solo puede calificarse de negligente». Por tanto, en cuanto al propietario de la finca se refiere, «en ningún momento hubo percepción del riesgo real».

Antonio Flores mostró a los medios un bloque de hormigón similar a los dos que aseguran que colocó Serrano para cubrir la boca del pozo, que formaban parte de los que utilizaría para levantar el muro de contención. «Entendemos que el niño se debió escurrir entre los dos bloques, que a pesar de ser grandes se mueven con facilidad».

En el equipo legal consideran que ante la mediatización del caso «parece que debe haber un culpable porque sí». Para ellos no deberían existir responsabilidades penales y, como han dicho en incontables ocasiones, si las hubiera deberían recaer sobre el pocero.