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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón aceptó este martes la personación de dos policías nacionales como víctimas del terrorismo en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que estuvo detrás de graves altercados durante otoño de ... 2019, a cuenta de la sentencia del Supremo sobre el procés. Uno de los policías quedó incapacitado por aquellos ataques y ha sido jubilado con 45 años.
Los dos funcionarios, miembros en aquella época de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios de la Policía Nacional resultaron heridos durante la jornada de huelga del 18 de octubre de 2019 en los altercados que tuvieron lugar en la Plaza Urquinaona, de Barcelona, en las inmediaciones del edificio de la Jefatura de Policía en la Vía Laietana, que fue el epicentro de las más violentas protestas de Tsunami por aquellos días.
Los dos agentes, integrados en el Equipo de Mando y Apoyo del jefe de la II UIP, en sus escritos apuntan haber sido víctimas de ataques de «terrorismo callejero».
La representación legal de ambos que ejerce Fuster-Fabra Abogados, relata que fueron atacados sobre las 20:00 horas del 18 de octubre por una muchedumbre que le lanzó una lluvia de «adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje» con el objetivo evidente «de producir el mayor número de bajas posibles entre la fuerza actuante», ambos resultaron heridos.
El agente que ha tenido que ser jubilado por incapacidad recibió el impacto de una botella rota «sufriendo una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento». «Tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía, ha sido jubilado a la edad de 45 años»,
El segundo «recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo». Le fue diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.
La pasada semana el instructor de esta causa contra Tsunami, el juez Manuel García Castellón, acusó formalmente por terrorismo al expresident Carles Puigdemont, la número 2 de ERC, Marta Rovira y otra decena de responsables independentistas.
En ese auto, el instructor recogía los disturbios a los que hace referencia la representación legal de los dos policías que iniciaron el 14 de octubre con la ocupación del aeropuerto de El Prat y el intento de bloqueo de Madrid-Barajas.
En concreto, sobre el día 18, el juez analizaba la huelga convocada e impulsada desde la plataforma Tsunami y señalaba que ese día «se produjeron alteraciones graves de la paz social y del orden público». Recogía que se saldó con más de 80 policías heridos y destacaba el ataque que sufrió un agente al que le impactó una piedra en la cabeza que le dejó inconsciente.
Esta semana la Fiscalía recurrió ese auto, contradiciendo su primer posicionamiento en el que sí sostenía que lo ocurrido en otoño de 2019 era terrorismo, y afirmaba que la actuación de Tsunami solo podía ser de un «delito por desórdenes públicos» por lo que reclamaba que la causa saliera de la Audiencia Nacional.
Los acusados en esta pieza de Tsunami Democràtic serían algunos de los beneficiarios de la amnistía, según la proposición de ley registrada este lunes por el Grupo Socialista en el Congreso.
Ese texto recoge expresamente que podrán ser exonerados de toda culpa sin juicio los acusados de terrorismo, siempre y cuando -como sucede en este caso y también en que instruye también García Castellón contra los Comités de Defensa de la República (CDR)- no hayan sido condenados en firme.
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