Dos ministras, una ley icónica y la negociación más difícil

Durante mes y medio, y con el presidente incidiendo en que el Gobierno continuaba esperando a que el Supremo fijara doctrina, Llop y Montero intercambiaron un plan y seis contrapropuestas. El plan era la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual elaborado por Justicia y que ha desembocado en la proposición de ley que el PSOE registró el lunes, en solitario, en el Congreso: un regreso a las horquillas penales previas, más severas, sin tocar la definición de que solo las relaciones consentidas son lícitas y manteniendo en un solo tipo delictivo el abuso y la violación. Las seis contraofertas ponían negro sobre blanco la cesión de Unidas Podemos a reformar la ley más icónica de un ministerio erigido en bastión de los morados, pero con el listón, infranqueable, de su concepción del consentimiento. El lunes, los socialistas consumaron su golpe sobre la mesa. Llop y Montero dejaron de negociar ese día.

Donde unos ven simple obcecación –«No se puede pretender reformar el Código Penal sin tener los mínimos fundamentos de Derecho Penal», sostiene, mordaz, una alta representante socialista–, los otros hacen bandera de principios irrenunciables. La tensa incomodidad que emponzoña la convivencia de los dos socios del Gobierno se hizo palpable en el Consejo de Ministros del martes, cuya cortedad, con limitados asuntos a tratar y el presidente enfrascado en dar explicaciones a sus diputados y senadores, alivió un mal rato condenado a repetirse mientras el desgarro no se suture. Nadie cuestiona en el ala socialista que 'la solución Llop' sea la única posible para taponar la sangría de la ley, pero sí que disponga de cintura política para lidiar este toro. Entre las suyas, el liderazgo de Montero es incuestionable.

Llop, jueza especializada en violencia de género, profesional con mundo, políglota –habla inglés, francés y alemán y se defiende en italiano y búlgaro– y socialista sin pedigrí histórico, ha asumido en primera persona el desgaste de la incierta reforma que ha alumbrado para una ley que no es la suya. Por lo obvio –su 'alma mater' es Montero y al frente de Justicia estaba entonces Juan Carlos Campo– y por lo menos esperable –el desapego hacia la norma que ha exhibido estos días, para disgusto en Ferraz–. La magistrada madrileña ha asumido así el mandato de Sánchez para que ejerza de apagafuegos de una ley que entró en vigor sobre las brasas del disenso técnico entre Campo y Montero, exponiéndose bajo un haz de luces que no tuvo como presidenta del Senado y tras parecer orillada en los desafíos jurídicos lanzados por un Gobierno hoy partido en dos.