Dos meses para que el Congreso decida sobre el pacto migratorio de la Unión Europea

Fuentes del Ministerio de Migraciones señalan que trabajan en el plan desde «el primer momento» y que está previsto «cumplir» los plazos. Por lo que en octubre ya debería estar aprobado. Han mantenido reuniones tanto con Interior y Exteriores, así como con ONG para establecer la mejor manera de poner en marcha en España el acuerdo. «No hemos dejado de trabajarlo en todos estos meses», apuntan. «El pacto y su implantación en España es uno de los temas centrales de esta SEM a corto y medio plazo».

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Todavía queda mucho trabajo por hacer. De hecho, está previsto que en septiembre se lleven a cabo reuniones con organizaciones especializadas en la gestión de los menores migrantes. En estos encuentros, explica Sara Collantes, especialista en Migraciones de Unicef, les trasladarán los «riesgos» que ven, sus «preocupaciones» y defenderán los derechos de todos estos niños.

El exministro de Interior y eurodiputado por el PP, Juan Ignacio Zoido, cree que uno de los problemas que se atajarán será el de las mafias, que «ponen en riesgo la vida de miles de personas». También reducirán la presión en los países de entrada a Europa (España, Grecia e Italia, que ha logrado reducir las llegadas en un 64%. «Con las normas actuales vemos que la inmigración hacia Canarias, por ejemplo, se está incrementado de manera muy importante», dice.

Pero no solo está convencido de que el pacto reducirá las llegadas, sino también la presión en los territorios de entrada otorgando «más responsabilidades a los países no fronterizos». Cuando la presión crece en los primeros, se ralentiza el sistema de asilo dejando muchos «desamparados». Ocurre en Canarias, donde hay menores no acompañados que todavía no tienen la protección a pesar de que huyen de guerras.

Otra medida es la 'solidaridad obligatoria' a través de la «reubicación cada año de 30.000 migrantes de los países de entrada al resto de los Estados». Las ONG alertan de una cláusula que les permitiría rechazar las reubicaciones. Lo llaman «solidaridad a la carta», ya que lo evitaría pagando. Una visión contraria a la de Zoido, que cree que es «una opción para aquellos que tiene ya una presión fuerte». Tendrían que pagar «20.000 euros por cada inmigrante que no hayan reubicado», señala Zoido.