Dos asociaciones judiciales copan la mitad de los nuevos vocales del CGPJ

La sobrerrepresentación de APM y JJpD en el Consejo es evidente. En primer lugar porque ninguna de las otras dos asociaciones de la carrera con un peso específico, Francisco de Vitoria (segunda en numero de asociados) y Foro Judicial Independiente (cuarta), tienen a algún afiliado en la lista aprobada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario Institucional del PP Esteban González Pons, pese a que la primera presentó a seis candidatos.

En segundo término, por un asunto meramente numérico: en la actualidad hay 5.343 jueces en activo en España, de los que un 58% está asociados y el 42% restante no lo está, según datos del CGPJ. Pese a este contraste, los que están afiliados copan la lista de vocales electos de procedencia judicial frente a los no asociados, pero solo a través de dos colectivos representados: APM y JJpD.

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, con 1.413 afiliados en total (el 26% de la carrera judicial), ha logrado colocar en el CGPJ bajo la propuesta del Grupo Parlamentario Popular a José María Páez (juez decano de Málaga), Esther Rojo (presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Alejandro Abascal (Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño), José Eduardo Martínez Mediavilla (presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca) y José Antonio Montero (Tribunal Supremo). Otras fuentes consultadas también situarían en APM a Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia de Barcelona y esposa del instructor del 'procés' Pablo Llarena.

Por su parte, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (434 afiliados, el 8% de toda la carrera) ha logrado meter a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista a los magistrados Esther Erice (Tribunal Superior de Navarra), José María Fernández Seijo (Juzgado de lo Mercantil de Barcelona) y Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Cataluña). La electa Lucía Avilés, magistrada de lo penal de Mataró, representa a la Asociación de Mujeres Juezas de España (AJME), un colectivo afín a JJpD, mientras que el exmagistrado del Supremo Ricardo Bodas fue un histórico de esta asociación, que tuvo que abandonar tras jubilarse.

Tras rubricar el acuerdo con el ministro de Justicia, González Pons justificó este miércoles que de los 20 componentes del nuevo Consejo 16 provienen de la carrera judicial o fiscal, «y todos ellos cumplen con los criterios de independencia e idoneidad». Por su parte, el líder popular Alberto Núñez Feijóo aseguró que «ni el PSOE ni el PP van a controlar el Poder Judicial» con este gobierno de los jueces.

Por el contrario, tanto la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria como Foro Judicial Independiente ofrecieron una valoración muy diferente. Para Sergio Oliva, portavoz nacional del primer colectivo, «se pone fin a una anomalía democrática sin parangón de la peor manera, continuando con la politización del órgano, ya que de deja al margen a la segunda asociación judicial española, con 950 asociados y ningún vocal». «Estamos orgullosos de no participar en este aquelarre de intercambio de cromos. Ya llevamos el tema ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ese es el precio de nuestra independencia», argumentó Oliva.

Por su parte, desde Foro Judicial Independiente insistieron en que el acuerdo alcanzado «no elimina esta politización sino que más bien parece orientado a perpetuarla», al tiempo que recordaron que no presentaron a ningún candidato como denuncia por el sistema de designación de los vocales, «determinada por criterios político y ajeno a la expresión democrática de los jueces».