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J. Martínez / M. Balín
Viernes, 7 de julio 2023, 00:19
La expresión 'ser un cabeza de turco' viene de los tiempos de las guerras religiosas en la Edad Media y se refiere a «una persona a quien se achacan todas las culpas para eximir a otras», según el diccionario de la Real Academia Española (RAE). ... Como los turcos eran enemigos de los cristianos, cuando estos últimos mataban a un contrario colocaban su cabeza en la punta de una lanza, y la víctima se convertía en un macabro trofeo, un culpable de todos los males causados por otros durante las Cruzadas.
En los tiempos actuales no es necesario matar a una persona para convertirla en un cabeza de turco. Basta con detenerla y enviarla a prisión por un delito que no cometió. Esto fue lo que hicieron con Claudio Alba, Dolores Vázquez y Ahmed Tommouhi, entre otros inocentes encarcelados por errores policiales y judiciales.
El camionero Claudio Alba permaneció cinco meses en prisión, entre el 20 de enero y el 17 de junio de 1997, tras ser acusado de tres de los crímenes cometidos por Joaquín Ferrándiz Ventura, el autor de cinco asesinatos de mujeres en la provincia de Castellón.
Un mes después de la detención de Claudio, un agricultor encontró el cadáver de Amelia Sandra en una balsa de Onda. La joven había sido estrangulada como las otras víctimas, pero los investigadores no relacionaron los casos.
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Desde la cárcel, el camionero insistía en su inocencia, pero sólo le creían sus hijos y algunos amigos. Mientras Claudio lloraba entre rejas por el error policial, Ferrándiz leía en la prensa que los crímenes de las tres prostitutas ya tenían un culpable, y quizás por eso dejó de estrangular a mujeres durante un tiempo. Sabía que si continuaba matando, con Claudio en prisión como principal sospechoso, la Policía podría abrir otra línea de investigación y buscaría al verdadero asesino en serie.
El mismo día que el camionero ingresaba en la cárcel, el fiscal Jesús Alaña reconocía que no había pruebas concluyentes para incriminarlo. El infierno que vivió en prisión y el linchamiento social alargó el sufrimiento de Claudio hasta el verano de 1998, cuando la Guardia Civil detuvo al verdadero culpable.
Ocho años después, el Tribunal Supremo fijó en 30.050 euros la indemnización para un hombre ya fallecido cuya presunción de inocencia fue dinamitada por una investigación policial sin pruebas.
Dolores Vázquez fue condenada en un doble juicio por un tribunal y los medios de comunicación. En el año 2000 fue detenida por la Guardia Civil como la única sospechosa del asesinato de Rocío Whanninkhof, una joven malagueña de 19 años. Tras ser sentenciada a 15 años de prisión, Vázquez pasó 15 meses entre rejas a pesar de que finalmente se demostró su inocencia.
El conocido como caso Wanninkhof está marcado por el papel de los medios de comunicación, que la señalaron como culpable desde el primer momento. La Fiscalía sostuvo en el juicio que Vázquez, dolida tras la ruptura de una relación sentimental con Alicia Hornos (la madre de la joven), habría matado a puñaladas a la hija de su expareja. El jurado popular dio por válida esta versión y condenó a la procesada a 15 años de prisión.
Pero la encausada fue absuelta por falta de pruebas en un segundo juicio, y logró la libertad tras más de 500 días entre rejas. Su inocencia quedó demostrada, por fin, tras la confesión de Tony Alexander King, un británico que reconoció haber matado a Rocío y a otra joven de la zona de Málaga donde residía.
Ahmed Toummouhi ha navegado durante los últimos años como un torbellino oscuro hacia ninguna parte. En 1991 le imputaron una salvaje cadena de violaciones cometidas por otro hombre, lo condenaron a 15 años entre rejas y en 2006 salió tras cumplir tres cuartas partes de la pena. La Guardia Civil y la Fiscalía, que pidió sin éxito su excarcelación, estaban convencidos de su inocencia casi desde el principio, pero el Tribunal Supremo no dio su brazo a torcer hasta el pasado 29 de junio.
La Sala de lo Penal anuló la sentencia de la Audiencia de Barcelona, de septiembre de 1992, que condenó a Ahmed (bereber de Nador, de 72 años de edad, padre de tres hijos y abuelo de seis nietos) a 24 años de prisión por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones.
El alto tribunal estimó el recurso de revisión contra la sentencia firme, que se centró en nuevos elementos de prueba como unos informes periciales sobre el semen encontrado en una prenda íntima de una de las mujeres agredidas, y que no se correspondían con los marcadores genéticos del recurrente.
Estos análisis para cotejar el ADN, según exponía el acusado en su apelación, se realizaron en 1992 por la Policía Científica de Barcelona pero nunca llegaron a conocimiento del tribunal, pese a ser una prueba admitida que formaba parte del procedimiento, dado que los peritos no acudieron a declarar en la vista oral y la Audiencia de Barcelona no suspendió el juicio para su citación.
El testimonio de la víctima fue «la única prueba tomada en consideración por la Audiencia Provincial» de Barcelona para la condena. Sin embargo, la joven reconoció posteriormente en una entrevista su grave equivocación al identificar a Ahmed como el hombre que la violó. Cuádruple error de la Policía, la víctima, los peritos y el propio tribunal garante en teoría del procedimiento.
Después de tanto desacierto surge la gran pregunta: ¿cuántos cabezas de turco más han pasado por la cárcel? Como decía el jurista británico William Blackstone (1723, Londres - 1780, Wallingford), es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra.
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