El doble reto de Sánchez: la sublevación de sus barones y la venganza de Junts

Barbón es uno de los tres presidentes autonómicos socialistas que, junto a Page y la navarra María Chivite, sobrevivieron al tsunami de los comicios de 2023. Pero a diferencia del castellano-manchego, su sintonía con Sánchez ha sido siempre plena. Ese hecho da más valor a que haya decidido desmarcarse de lo que no solo es un pacto entre el PSC y los independentistas republicanos, sino un cambio radical del modelo de financiación autonómica al que están sujetas todas las comunidades, a excepción del País Vasco y Navarra, que la ejecutiva del PSOE se comprometió a impulsar y «hacer efectivo» el martes en una ejecutiva 'exprés'.

Como Page el miércoles, el presidente asturiano advirtió de que, pese a desear como el que más que Illa sea presidente de la Generalitat, lo acordado con ERC no le representa ni le vincula, entre otras cosas, porque en materia de financiación tiene otros compromisos que cumplir: un acuerdo del que participan todos los partidos de la Cámara autonómica menos Vox, la Declaración de Santiago, suscrita en 2021 con otras siete comunidades –Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Cantabria y La Rioja– y las resoluciones aprobadas por el congreso de su federación.

De uno u otro modo, otros secretarios generales como el castellano-leonés, Luis Tudanca; el madrileño, Juan Lobato; el aragonés, Javier Lambán o el extremeño Miguel Ángel Gallardo, han advertido ya de que no se podrá contar con su respaldo para un cambio de modelo tan drástico como el que se apunta en el pacto de investidura del líder del PSC.

Gallardo solicitó el jueves una convocatoria del Consejo Político Federal, en el que están representados todos los líderes territoriales, y que una docena de federaciones juzgan pertinente. Pero quienes más pueden hacer para evitar el concierto «solidario» de Cataluña son quienes gobiernan. Y Barbón ya adelantó que, cuando se presente la ocasión, votará no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Gobierno y las comunidades a una propuesta que implique desenchufar a Cataluña del sistema e imponer el principio de ordinalidad.

El núcleo duro del Gobierno y del partido confía en saber capear este malestar interno una vez la legislatura catalana eche a andar. Pero ese no es el único reto al que se enfrenta Sánchez si nada se le tuerce y logra situar a Illa en la Generalitat. Otro, no menor e incluso previo, es la posible venganza de Carles Puigdemont y los suyos, que, en su afán de boicotear los planes de los socialistas para Cataluña, ya tumbaron hace unos días los objetivos de deuda y déficit sin los que no es posible aprobar los Presupuestos de 2025.

Sin unas nuevas Cuentas públicas al jefe del Ejecutivo le será muy difícil seguir adelante con la legislatura. Los socialistas se siguen aferrando a que Junts tiene poco que ganar si fuerza unas generales de las que puede salir sin su actual capacidad de condicionar la acción gubernamental. Pero reconocen su incertidumbre.