Las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la APM, pactan con el Gobierno para evitar la huelga

La desactivación de lo que habría sido una bomba de relojería para el Gobierno de Pedro Sánchez en la recta final de la campaña, en una Administración tan sensible para el interés ciudadano como la judicial y en medio de la inédita conflictividad que la viene marcando desde comienzos de este 2023, ha sido posible por el consenso final en torno a la contrapropuesta que había trasladado Justicia a sus interlocutores en el encuentro precedente del martes. Es decir, las asociaciones, a excepción de la APM, aceptan el aumento retributivo de 46,7 millones -447 euros mensuales brutos para los 8.800 miembros de la Magistratura y la Fiscalía- que va acompañado, entre otras medidas adicionales, de un refuerzo de 300 plazas este año para aligerar la carga de trabajo de los juzgados ampliable en 2024 y el compromiso de mantener abierto el foro negociador.

Los distintos colectivos profesionales compartían, de manera transversal, la denuncia de que el día a día de la justicia en España afronta una situación poco menos que insostenible por la acumulación de tareas en juzgados y tribunales, que lleva aparejada la queja de quienes ejercen en ellos porque sus salarios permanezcan congeladas. Pero aun compartiendo reivindicaciones y acudiendo en bloque a las citas con el ministerio, las agrupaciones no han mantenido una posición unívoca sobre la convocatoria de la huelga a lo largo del proceso negociador. Las partes alineadas con el sector progresista estaban persuadidas de que los identificados con los conservadores -con la APM al frente- se decantaban por forzar la máquina con unos paros que cogerían al Gobierno en un momento tan delicado como la campaña hacia el 28-M.

A la espera de que termine de clarificar el alcance de su desmarque, la asociación mayoritaria no ha llevado hasta ahora y hasta el final su amago de parar la actividad en juzgados y tribunales; acabó cediendo, como gesto de buena voluntad y para no dar la impresión de intransigencia, a un aplazamiento hasta este lunes 22 de mayo de la huelga prevista inicialmente para el pasado martes. Hoy, su portavoz, Juan José Carbonero, ha dejado traslucir su incomodidad al atender a la prensa al término del encuentro. Ha admitido que su colectivo va a tener que resituarse y "darle una pensada a todo esto", al tiempo que esquivaba el interrogante clave de si la APM perseverará o no en la convocatoria de huelga. Se trata de una "decisión colegiada", se ha limitado a constatar.

Ese día, el martes, el desenlace de la reunión entre las partes concernidas oscureció los nubarrones. El sentimiento que predominaba entre jueces y fiscales era de «decepción y estupor» ante la constatación de que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, mantuvo inamovible la subida progresiva de los citados 46,7 millones después de haber pedido tiempo para formalizar una contraoferta. La aspiración de las asociaciones se situaba en el listón de los 57 millones. Rodríguez se comprometió a llevar a la determinante cita de hoy un calendario de medidas para mejorar el escenario en el que trabajan jueces y fiscales. Justicia se ha abierto a incrementar de 200 a 300 las nuevas plazas a lo largo de este año, extensible al que viene, y a crear grupos de trabajo «en un plazo de tres meses» para tratar aspectos como el pago de las guardias, la revisión de los días libres o la operatividad en los juzgados unipersonales en partidos judiciales poco habitados o que aumentan su población en época estival. Negociadores presentes en la reunión, satisfechos de que se hay acabado imponiendo el "sentido común", valoran que se haya encontrado una fórmula -una comisión se seguimiento- que permitirá un diálogo mensual y una nueva 'cumbre' dentro de doce meses, evitando el corsé de los cinco años que fija la normativa para la celebración formal de la mesa de retribuciones.

En cuanto a esa partida de 46,7 millones, 2,2 más que la primera propuesta que trasladó el Ejecutivo al comenzar la negociación, se ejecutará en tres tramos: el 40% a abonar con carácter retroactivo a 1 de enero de este 2023, otro 40% el mismo día de 2024 y el 20% restante a partir del 1 de julio también del próximo año. Finalmente, el documento ha concitado una anuencia casi unánime, ante el vértigo que suponía para todos el paso siempre excepcional de ir a la huelga. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia asistía, de hecho, a la cita de hoy con el aval del 80% de los asociados que votaron ayer en una consulta interna favorable a aceptar la contraoferta del Gobierno.

La singularidad de una huelga de togados queda reflejada en el debate nada pacífico que sigue suscitando su mera posibilidad en el constitucionalismo. España no ha registrado nunca una convocatoria respaldada por el grueso de quienes representan a jueces y fiscales, pero sí existen dos precedentes para los paros: el de 2009, bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y convocado por la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente; y la de 2012, que vino derivada, en realidad, el apoyo de Jueces para la Democracia a la suspensión de la actividad preconizada por UGT y CC OO contra los recortes del entonces Ejecutivo del PP liderado por Mariano Rajoy. En ambos casos, el Consejo General del Poder Judicial negó que los jueces, en tanto poder del Estado, pueda ejercer el derecho a la huelga del que sí disfrutan los trabajadores. Y al no reconocer ese derecho, el CGPJ no fijó en ambos trances servicios mínimos.