La cúpula fiscal no ve delito en la querella del novio de Ayuso contra los fiscales que le acusan

Los 32 integrantes de la Junta de Fiscales han debatido durante seis horas las posturas opuestas entre la número dos del órgano, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal María de la O Silva, encargada de analizar la querella presentada a raíz de un comunicado de prensa difundido por la Fiscalía Provincial de Madrid en el que desmentía que hubiera ofrecido un acuerdo al empresario Alberto González Amador para admitir el fraude fiscal y evitar la cárcel.

El desacuerdo partía de que la fiscal Silva era favorable a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el órgano competente por la condición de aforados de los dos fiscales querellados, admitiese a trámite la denuncia e investigase las comunicaciones entre la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto para conocer cómo se llegó a la decisión de publicar aquella nota de prensa. Un documento que salía al paso de una información malintencionada transmitida por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien difundió que la Fiscalía había ofrecido el pacto primero y que luego lo retiró "por órdenes de arriba".

En realidad, el comunicado oficial se hizo para desmentir este extremo y reconocer que fue el propio novio de Ayuso quien ofreció el pacto en un escrito remitido previamente por su abogado. Un acuerdo en el que admitió «íntegramente» el fraude contra la Hacienda Pública, asumió ocho meses de prisión (menos de los 24 meses con los que se suele entrar en la cárcel) y el pago de una multa de unos 520.000 euros.

En contra de la opinión de la fiscal Silva estuvo Sánchez Conde, que entendió que lo pertinente era archivar la querella, como ya se hizo con la que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por los mismos hechos. Ante tal discrepancia, Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente», se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar Junta de Fiscales de Sala.

El fiscal general Álvaro García Ortiz se abstuvo de participar porque admitió que tiene conocimiento de los hechos bajo debate. Tampoco asistieron el fiscal José Luis Bueren, que se ha jubilado, y dispensaron su presencia Antonio Vercher, Elvira Tejada, Alejandro Luzón y Jesús Tirado.

Así las cosas, finalmente fueron 32 en la mesa, de los que 16 eran miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación cercana al fiscal general, incluidas la propia Sánchez Conde y dos exjefas del Ministerio Público; Dolores Delgado y María José Segarra. Otros nueve pertenecen a la conservadora Asociación de Fiscales (AF), incluidos dos de los fiscales del 'procés', Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Y los restantes no están afiliados a ninguna asociación.