La directora del CNI admite que se espió a Aragonès con autorización judicial

No fue un espionaje «político», hubo en todo momento control judicial y sobre todo, no hubo una intervención «masiva e indiscriminada» de móviles del mundo independentista catalán como apunta el informe de los especialistas canadienses que hace 20 días hizo detonar el escándalo al afirmar que un total de 61 políticos, abogados, periodistas y activistas habían sido espiados con Pegasus. Paz Esteban no se ha salido de esas tres líneas. En un encuentro de más de tres horas, muy tenso y lleno de reproches por la falta de concreción de la directora del CNI. Es más, la más alta responsable de 'La Casa', incluso ha evitado referirse a Pegasus expresamente con el argumento de que la ley no le permite hablar sobre prácticas concretas, lo que ha hecho todavía más complicado aclarar muchas de las lagunas sobre esta trama.

Aragonès fue vigilado en 2019 cuando era vicepresidente de Quim Torra y consejero de que Economía y, según fuentes de la seguridad del Estado, fue espiado en el marco de la investigación para conocer de dónde procedía la financiación de Tsunami Democráctic, la potente plataforma ciudadana detrás de los grandes sabotajes y convocatorias en otoño de 2019, en protesta contra la sentencia del procés.

Además de Aragonès, la jefa del CNI ha admitido que fueron espiados con autorización del Supremo otros 17 independentistas dentro de la investigación de Tsunami, la mayoría del entorno de Carles Puigdemont en Waterloo, de Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana. Entre ellos: Josep Lluis Alay, jefe de la oficina del expresident huido; Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont; el exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el diputado de la CUP Carles Riera; el senador por Junts Josep Maria Matamala; o el ingeniero Elies Campo, colaborador habitual de Puigdemont y uno de las personas que ha colaborado en la confección del informe de Citizen Lab.

Esteban ha insistido hasta la saciedad en que todas y cada una de las intervenciones del CNI al independentismo tuvieron la autorización «individualizada» por parte del juez del Supremo competente, Pablo Lucas Murillo tras una petición «motivada». Y ha mostrado a los diputados documentación para tratar de demostrar que los servicios secretos actuaron siempre amparados bajo la «legalidad» que le dio el alto tribunal.

En cualquier caso, la máxima responsable de 'La Casa' ha remarcado que el espionaje nunca tuvo relación con las actividades profesionales o de representación política de los independentistas.

Según fuentes cercanas a los asistentes este jueves a la reunión a puerta cerrada, sobre las otros 40 hackeos a personajes de la esfera secesionista de los que ha dicho no saber nada ha apuntado que podrían ser responsabilidad de algún país extranjero o de «otros servicios del Estado», que no ha precisado, que tendrían una tecnología similar al malware israelí. Sea como fuere, ha negado que esas otras intervenciones de las que no se ha responsabilizado sean obra de «elementos incontrolados» del Estado.

Durante el encuentro, la responsable de los servicios secretos también ha confirmado el espionaje a Pedro Sánchez y a Margarita Robles y ha apuntado que la principal hipótesis es que detrás esté un «país extranjero», al tiempo que se ha negado a señalar a Marruecos. En cualquier caso, el asunto del hackeo a las terminales del presidente y la ministra solo ha ocupado una ínfima parte del tiempo, según han confirmado diversos asistentes.

Los seguimientos a independentistas reconocidos por Esteban en el Congreso –confirmaron a este periódico este jueves fuentes de la seguridad del Estado- están relacionados con la investigación que el CNI puso en marcha en 2019 sobre los líderes y destacados activistas de Tsunami Democràtic, a raíz quizás fue el acto de protesta más importante y peligroso del colectivo: el intento de asalto el 14 de octubre de 2019 del Aeropuerto de El Prat-Josep Tarradellas después de un llamamiento de la plataforma a través de Telegram y Twitter. Aquella acción acabó con graves incidentes y, aunque los manifestantes no lograron tomar el aeródromo ni llegar a las pistas, sí que consiguieron la cancelación de un centenar de vuelos.

Siempre de acuerdo con fuentes de la seguridad del Estado, desde en un principio hubo indicios de la relación de Tsunami con el entorno de Puigdemont en Bélgica, de ahí que se comenzara a espiar al círculo más cercano del ya por entonces exvpresidente. La gravedad de aquellas acciones, la sofisticación de los sistemas tecnológicos usados para las convocatorias y los «indicios sólidos» de que los servicios de inteligencias rusos estaban «realizando injerencias» en esta crisis alentada por Tsunami fueron los que impulsaron al CNI a pedir el aval del Supremo para usar Pegasus para hackear los smartphone de los activistas de ese colectivo e informáticos de la plataforma.