La directora del CNI dio luz verde al espionaje al president

Ayer, y mientras invocaban una y otra vez ese artículo primero de la ley que define su actividad, los responsables del espionaje español mascullaban las 14 palabras con la que la Secretaría de Estado de Comunicación comenzaba el argumentario que envió el jueves por la tarde a todos los medios de comunicación después de que se confirmara que uno de los 18 miembros del independentismo espiados por el Estado en 2019, con autorización judicial, era el hoy líder de la Generalitat, Pere Aragonès: «El Gobierno no sabe ni puede saber nada de lo que hace el CNI».

Moncloa insiste en que el presidente Sánchez nunca supo nada de las vigilancias a quien hace tres años era el número dos del Govern comandado por Quim Torra y su consejero de Economía; y que el Ejecutivo no estuvo al tanto de ese espionaje. Pero la versión que llega de fuentes de los servicios secretos -que insisten en que se ha cumplido rigurosamente ese artículo 1 de la ley al que se aferran- no coincide con la difundida por la Secretaría de Estado de Comunicación. Fue la directora del CNI, Paz Esteban, la que en aquel otoño de 2019 dio luz verde a la propuesta de 'hackear' el teléfono de Aragonès. Esteban estaba entonces en situación de interinidad en sustitución del jubilado Félix Sanz Roldán, ya que no fue nombrada oficialmente como directora hasta febrero de 2020.

Tras obtener la autorización del magistrado del Supremo Pablo Lucas, Pegasus infectó en tres ocasiones el terminal de Aragonès, según el análisis de Citizen Lab. El colectivo canadiense que destapó el 'catalangate' no pudo determinar cuándo se produjeron los ataques. Pero en el CNI aclaran que se lanzaron en la segunda mitad de 2019 coincidiendo con la aparición en escena de Tsunami Democràtic, la misteriosa plataforma independentista de protesta que desplegó un alarde de logística y medios desde su irrupción y que enseguida levantó sospechas de que pudiera estar recibiendo dinero público.

Según mandos de la seguridad del Estado, Esteban despacha semanalmente, «salvo rarísimas excepciones», con la titular de Defensa, Margarita Robles. En otoño de 2019 las reuniones fueron «especialmente intensas» -recuerdan estas mismas fuentes- habida cuenta de la situación «extrema» en Cataluña por los disturbios desencadenados tras la sentencia condenatoria del 'procés', detrás de muchos de los cuales estaba Tsunami Democràtic.

En 'La Casa' insisten en que el Gobierno estuvo informado en todo momento de los avances de los servicios secretos sobre Tsunami y otros colectivos independentistas -en cuya investigación estaba encartado Aragonès-, sobre todo ante la gravedad del contexto en aquellos días: el 14 de octubre, día de la sentencia, miles de personas asaltaron el aeropuerto de El Prat-Josep Tarradellas tras una convocatoria de la plataforma investigada; el 11 y 12 de noviembre de 2019, otras acciones de Tsunami (una acampada en la autovía y una marcha lenta de camiones) mantuvieron casi interrumpido el tráfico de mercancías entre España y Francia; y cada fin de semana se registraban graves algaradas callejeras, singularmente en Barcelona.

En el CNI reconocen que no hay «procedimiento» o «protocolo concreto» de cómo, cuánto y de qué se informa al presidente del Gobierno y al Ejecutivo tal y como establece su propia ley, pero inciden en que se «cumplió escrupulosamente» el artículo 1. Sea como fuere, los responsables de los servicios secretos niegan tajantemente que en el espionaje al separatismo se «actuara de espaldas al Ejecutivo», porque la ley -reiteran hasta la saciedad- es la que fija que el destinatario de las informaciones del CNI es «siempre el Gobierno».

Las insinuaciones de Moncloa de que el centro actuó por libre en la investigación a Aragonés han provocado un profundo malestar en 'La Casa'. Ayer, en la sede de los servicios secretos recordaban que el Ejecutivo empezó la semana denunciando la supuesta «negligencia» del Centro Criptológico Nacional (el CCN, corazón tecnológico del CNI) por no detectar hasta un año después las infecciones de Pegasus de los móviles de Sánchez y Robles y que la ha acabado dejando caer que el espionaje español opera al margen del Ejecutivo.