Puente defiende que solo Ábalos «puede responder» por el nombramiento de Koldo García

Puente, en todo caso, ha asegurado que «será implacable con la corrupción» y que está llevando a cabo una auditoría interna en Transportes cuyo resultado será determinante para decidir si mantiene o cesa a otros presuntos cargos afectados, después de la salida del secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares por pérdida de confianza. Según el sumario, éste tenía una «relación directa» con Koldo García, a la sazón consejero de este organismo público, e intervino en el primer contrato adjudicado que investiga el juez.

«Una cosa es que un grupo de personas hayan tenido un comportamiento ilícito y otro que este comportamiento haya sido consentido desde Transportes», ha recordado el titular de la cartera en su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, que ha reclamado que se deje investigar y que «el tiempo y la justicia pongan a cada uno en su lugar». En este sentido, por la noche declaró en la cadena Ser que el subsecretario de Transportes y el presidente de Adif le habían pedido su cese por las presiones recibidas, pero él se nego porque «me pareció una injusticia despedir a funcionarios capaces y leales, que me han dado explicaciones que a mí particularmente me han satisfecho».

«Me pareció una injusticia despedir a funcionarios que son capaces, que son leales y que me han dado explicaciones que a mí particularmente me han satisfecho respecto de su participación en todo esto. Decidí no hacerlo», ha puntualizado.

En todo caso, Puente considera que desde la oposición se pretende abrir una «causa general» dentro de Transportes «cuando no hay personas en activo que estén siendo investigadas». Ello pese a admitir que «algunos se lucraron de forma indigna, pero también hubo muchos profesionales que se dejaron la piel» para traer mascarillas en el peor momento de la pandemia.

Sobre los nueve contratos bajo sospecha que investiga un juzgado de la Audiencia Nacional -adjudicaciones de Transportes, Interior y los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión, la empresa «instrumental» del 'caso Koldo', por valor de 54 millones de euros-, Puente ha recordado el marco jurídico aprobado en marzo de 2020 sobre los contratos de emergencia y que Ábalos era entonces autoridad competente para el suministro de material sanitario.

«Las mascarillas tuvieron un precio razonable en aquellos momentos, desorbitados en otros, y aquellas defectuosas fueron devueltas en un plazo adecuado. Los contratos fueron auditados por el Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y no vieron nada irregular», ha sostenido el ministro sobre la tramitación administrativa de estos contratos.

Según la investigación judicial, la empresa bajo sospecha suministró las mascarillas a un precio medio de 2,5 euros cada una en marzo y abril de 2020, cuando estalló la pandemia.