Sánchez pasa página de la crisis Huerta y recurre de nuevo a las mujeres para completar el Gobierno

Había satisfacción en el Gobierno y en el PSOE por la forma en que Sánchez conjuró el primer tropiezo después de que durante unas horas reinara la inquietud por la decisión del jefe del Ejecutivo de dar por buenas las explicaciones del ya exministro de Cultura. Algunos dirigentes socialistas hubieran deseado incluso más celeridad para que la duda no alimentara suspicacias ni diera munición a la oposición, pero el resultado final fue satisfactorio a ojos de los miembros del Ejecutivo de la dirección del partido.

Una vez liquidada la fugaz gestión de Huerta, los miembros del Gobierno dieron a conocer los nombres de sus colaboradores cercanos. El ministro del Interior tendrá como número dos a la diputada valenciana y exdelegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, que, entre otras tareas, tendrá que coordinar el trabajo del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, la estructura antiterrorista más importante. Fernando Grande-Marlaska también ha escogido a una mujer, la comisaria Pilar Allué, para ser la responsable operativa de la Policía, un cargo que había desaparecido en la última etapa del Ministerio tras la convulsa etapa del comisario Eugenio Pino y su 'policía política'. Allué fue la primera mujer en llegar a comisaria y la primera jefa superior en una comunidad autónoma, la de Cantabria.

La senadora Luisa Carcedo trabajará a las órdenes directas de Sánchez como responsable del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, un organismo de nueva creación por empeño del presidente del Gobierno para combatir los altos índices de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, uno de cada tres. La exdiputada Teresa Cunillera será la nueva delegada del Gobierno en Cataluña. La dirigente del PSC siempre se ha distinguido por sus posiciones beligerantes contra los nacionalistas, y su designación a buen seguro motivará de nuevo las quejas del Gobierno de Quim Torra. Pero quizá el nombramiento más relevante del Consejo de Ministros de mañana será el de María José Segarra como nueva fiscal general del Estado. Es la fiscal jefe de Sevilla y estrecha colaboradora de la ministra de Justicia en la Unión Progresista de Fiscales.

La segunda reunión del gabinete dará también luz verde para que Octavio Granados vuelva a ser secretario de Estado de Seguridad Social, cargo que ya ocupó durante los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ratifica de esta manera su apuesta por la experiencia en la gestión, uno de los rasgos distintivos del perfil de su Gobierno junto a la feminización de los altos cargos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también tomó una decisión de calado al ratificar en su puesto al frente del Centro Nacional de Inteligencia al general Félix Sanz Roldán, que llegó a dirigir los servicios de espionaje en 2009 con Zapatero, y el Gobierno de Mariano Rajoy lo mantuvo en el cargo. Su mandato acaba dentro de un año, y se da la circunstancia que ha despachado con tres jefas, Carme Chacón cuando fue ministra de Defensa, Soraya Sáenz de Santamaría mientras fue vicepresidenta del Gobierno, y ahora lo hará con Robles. La ministra también confirmó en sus puestos a todos los cuatro jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, nombrados por Dolores de Cospedal en abril del año pasado.

Sánchez dentro del proceso de organización de su Gobierno también ha dispuesto que los tres ministros que son diputados, José Luis Ábalos en Fomento, Meritxell Batet en Política Territorial, y Robles, renuncien a sus escaños para que el grupo socialista asegure sus 84 votos en el Congreso. Sus agendas ministeriales iban a hacer imposible su presencia en todas las votaciones y en una situación de minoría, muchas votaciones estarán ajustadas tanto para intentar sacar adelante propuestas legislativas como para frenar iniciativas de la oposición. Nada garantiza que, aun con todos los diputados del PSOE presentes, Sánchez vaya a poder sacar adelante sus proyectos, pero al menos no podrá reprochársele que se debe a una falta de asistencia de los suyos al Congreso.