Cuando los dinosaurios de la corrupción dominaban España

Cuando no se hablaba de la «incesante actividad delictiva para enriquecerse ilícitamente» (tribunales 'dixit') del primero prófugo y luego reo Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil –fallecido en marzo y que según informaciones periodísticas pudo haber salvado para sí bienes por valor de 14 millones de euros–, la noticia era «la corrupción de las autoridades y funcionarios públicos» que malversaron parte de los fondos reservados del Ministerio del Interior (775 millones de pesetas de la época, 4,6 millones de euros hoy día) sin que pudiera concluirse con «certeza» que lo supieran sus titulares sucesivos, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, pese a que el principal condenado fue su mano derecha, Rafael Vera.

También era noticia el financiero Javier de la Rosa, que usó dinero del fondo soberano kuwaití KIO para pagar mordidas de las que aún hoy sigue habiendo más sospechas que certezas sobre si llegaron a las más altas instancias del poder patrio. La estafa de la promotora de viviendas PSV –vinculada al sindicato UGT–, las maquinaciones del exsíndico de la Bolsa Manuel de la Concha en el 'chiringuito' financiero Ibercorp –que hizo dimitir a Mariano Rubio como gobernador del Banco de España–, los pelotazos inmobiliarios de los 'Albertos' –Cortina y Alcocer tuvieron que indemnizar con casi 25 millones de euros a sus estafados socios en Urbanor– o las andanzas del comisionista profesional Antonio Navalón –la fusión de Iberdrola o el desvío de fondos a la instrumental suiza Argentia Trust son dos de sus muescas– ocuparon miles de letras.

Hasta el poderoso Emilio Botín fue imputado por las cesiones de crédito del Banco Santander, producto opaco que no fue a juicio ante la deslegitimación de las acusaciones populares. Ypor si fuera poco, un audaz banquero como Mario Conde cayó en el pozo carcelario víctima de su propia ambición en todos los sentidos (lo pagaría el emporio Banesto) y un polémico empresario metido a político como Jesús Gil y Gil, con formas de cacique populista, dejo las arcas municipales de Marbella con telarañas. Incluso el PP tuvo sus quebraderos de cabeza con el 'caso Zamora', donde una guerra de poder a nivel local sembró dudas sobre presuntas corruptelas con obras.

Eran tiempos de 'hacer pasillos' en los juzgados, sobre todo los de la madrileña Plaza de Castilla donde se llevaban muchas investigaciones. La Audiencia Nacional en la calle Génova era el otro centro neurálgico. Los gabinetes de prensa, hoy institucionalizados en los órganos judiciales, eran 'rara avis'; casi todo se hacía a costa de filtraciones más o menos interesadas, incluidos fiscales y jueces –alguno incluso programaba el día para 'anticipar' sus resoluciones y ser noticia–.

«La tierra para el que se la trabaja», decía un fiscal jefe –la política sería su perdición– en tono paternalista a algún periodista para justificar sus selectivas filtraciones. Y había mucho papel –hoy caro y denostado–, miles de folios que gracias a los abogados lograban los 'plumillas' para hacerse con archivos que en ocasiones parecían los de los propios juzgados. Ni PDF ni correos electrónicos –internet balbuceaba–, a lo sumo fax, que encima se atascaba demasiado.

El primero de esos trapos sucios condenado y que puso en la picota al PSOE fue el 'caso Filesa', en el que quedó acreditada su financiación irregular a través de varias tramas de adjudicaciones y comisiones que le facilitaron más 1.200 millones de pesetas en la época. Eso fue la parte más sonada, con un senador (Josep María Sala) y un diputado (Carlos Navarro) condenados, pero la maquinaria corrupta era mayor. Entre sus tentáculos estaban los pagos de empresas por hacerse con las obras del primer AVE español (Madrid-Sevilla), que terminó en condena menor para la excoordinadora de finanzas socialista Aída Álvarez, o las adjudicaciones de los viajes de la tercera edad en el Imserso.

Esta última trama revive ahora con Viajes Ceres –el Tribunal Supremo ha ordenado reabrir el caso–, instrumento aparente para desviar dinero al PSOE –con las sociedades Filesa, Time Export y Aparthotel Aguamar y en algunos casos previo paso por paraísos fiscales– gracias a las adjudicaciones que recibió de 1988 a 1990 por más de 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros). Luis Oliveró, Juan Bautista Calatayud, Carlos Rodríguez Bono y Javier López Blanco, entre otros, podrían desentrañar unas conexiones que llegaron a los contratos de la Exposición Universal de Sevilla en 1992 a través de la instrumental Telemundi –el empresario Alberto Flores tiró de esta manta y alguna otra– y que el entonces juez Baltasar Garzón trató de investigar sin éxito.