Dimite el consejero de Obras Públicas de Cantabria por el escándalo de las adjudicaciones

Lo ha comunicado esta mañana Miguel Ángel Revilla, que con estos movimientos considera que se saldan las responsabilidades políticas por la incapacidad de los cargos públicos de detectar la actividad ilícita del funcionario y de las cuatro empresas con las que trabajaba (API Movilidad, La Encina, Rucecan y Cannor). Lo que sí ha querido dejar claro el regionalista es que, tras 48 horas de análisis de un complejo sumario que recoge en 4.080 folios toda la investigación, no hay sombra de duda sobre ningún político ni cargo público.

El presidente ha asegurado que ha tomado esta decisión con dolor porque Gochicoa es «probablemente el técnico mejor cualificado de Cantabria», pero reconoce que los controles han fallado. Ese es el motivo de la salida del consejero. En cualquier caso, el presidente cree que el responsable de Obras Públicas no tiene cerrada en el futuro la puerta del Gobierno de Cantabria.

Hasta la constitución de un nuevo Gobierno autonómico tras las elecciones del próximo 28 de mayo, la cartera de Obras Públicas tendrá un nuevo responsable y no será otro compañero regionalista el que asuma de forma interina sus funciones. «No conozco una persona más íntegra y más cualificada que Gochicoa», ha asegurado un Revilla visiblemente emocionado, a punto de anunciar medidas porque el PRC «tiene un listón ético muy alto». Sobre el consejero de Obras Públicas, el presidente ha dicho que «está limpio, pero como hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos, la semana que viene aceptaré su dimisión con harto dolor y consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia».

Más allá de las dimisiones, el jefe del Ejecutivo también ha anunciado que pedirá a la jueza para que el dinero pendiente de pago de los contratos abiertos se deposite en una cuenta custodiada y no vaya directamente a las cuentas de las empresas investigadas. También se ha iniciado el expediente para la suspensión de Miguel Ángel Diez como responsable del área de Carreteras. Esto implica la suspensión de empleo y sueldo.

El Servicio Jurídico ha pedido al juzgado medidas cautelares para ampliar la investigación a las personas jurídicas -hasta ahora estaban solo personas físicas- para poder apartar a las empresas investigadas de las adjudicaciones que están en marcha en este momento en las que ha trabajado el funcionario detenido. El objetivo del Gobierno de Cantabria es no parar las obras en marcha. «Necesitamos amparo del juzgado para prohibir la contratación de los investigados», asegura Revilla, que quiere apartar a Rucecan, API, La Encina y Cannor de los procesos abiertos en los que ha participado Díez.

«El Gobierno de Cantabria va a iniciar a reforzar los controles en materia de contratación. Hay una ley estatal de contratos, pero se ha demostrado que no es suficiente», asegura que Revilla, que anuncia que habrá cambios en los procedimientos para evitar casos como el que ha ocurrido en Obras Públicas. «Estoy seguro, que como demuestran los folios, que estaba en total desconocimiento de lo que hacía el funcionario y que tenía un sistema montado bastante perfecto, pero no lo suficiente, porque Hacienda detectó el enriquecimiento que ha permitido llegar con esta investigación hasta el final», ha concluido Revilla.