Los diez hitos del juicio del 'procés'

Fue el 14 de marzo, y fue la primera vez que Manuel Marchena hizo uso de la prerrogativa del presidente de preguntar al testigo al percatarse de que el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero no quería marcharse del Supremo sin explicar lo que ocurrió en la reunión que mantuvo el 28 de septiembre de 2017, pedida por él mismo, con el consejero de Interior Joaquim Forn, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el president Carles Puigdemont. «Les dijimos que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando y que eso iba a causar conflictos graves de orden público. Les emplazamos al cumplimiento de las órdenes judiciales, que nosotros las íbamos a cumplir y que no se equivocasen con nosotros. Les trasladamos que no quebraríamos nunca la legalidad y la Constitución, y que no acompañábamos el proyecto independentista». «¿Y qué le respondieron?», requirió Marchena. «Puigdemont nos dijo: 'hagan el trabajo que tengan que hacer'».

Esa intensa jornada del 14 de marzo con Trapero deparó otro momento de impacto tras otra revelación de calado del mayor. El testigo develó ante el Supremo que los Mossos d'Esquadra que él dirigía por entonces tenían un plan diseñado para detener a Puigdemont y a todos los consejeros de su Gobierno para el caso de que la autoridad judicial ordenara la captura del Govern. El operativo, señaló, fue elaborado el 25 de octubre de 2017 ante las posibles consecuencias judiciales que pudieran derivarse de la aprobación de la declaración de independencia en el Parlament. Trapero afirmó ante la sala que el día 27 comunicó de madrugada esta decisión a las autoridades judiciales y que se puso a su disposición. Un correo electrónico incluido en la causa lo corrobora. El objetivo era rebatir no solo que los Mossos no estaban en la estrategia rebelde, sino que tenían un plan para detener a sus ideólogos.

Puigdemont estuvo a punto de no declarar la república de Cataluña aquel 27 de octubre de 2017. De no haberlo hecho, probablemente la historia hubiera sido diferente, incluso al punto de que ni siquiera hubiera habido un juicio de estas características. En la sesión del 28 de febrero, el lehendakari Iñigo Urkullu explicó, con todo lujo de detalles, lo cerca que efectivamente anduvo Puigdemont de tirar la toalla en su órdago independentista al Estado y convocar elecciones autonómicas para salir del atolladero. El jefe del Ejecutivo vasco, en su papel de «intercesor, facilitador o enlace» entre la Generalitat y el Gobierno de Mariano Rajoy, dejó claro ante el Supremo que aquellos días estuvo en el centro de la pomada, hasta el extremo de que llegó a convencer a Puigdemont entre el 25 y el 26 de octubre de 2017 para convocar los comicios. Pero a las dos de la tarde del 27, Puigdemont le comunicó que las «personas de la plaza de San Jordi se le estaban rebelando» y que tenía mucha presión interna (el famoso tuit de Gabriel Rufián, entre otros). Entonces, «se echó para atrás en su decisión de convocar elecciones para evitar el 155», dijo Urkullu.

Rajoy no quería bajo ningún concepto aplicar el 155 e intervenir la Generalitat. Es más, hizo lo imposible por evitarlo. El propio expresidente, en la sesión del 27 de febrero, no tuvo empacho en reconocer en que casi imploró durante dos meses a Puigdemont que pusiera fin a la intentona secesionista. Rajoy recordó al tribunal cómo gestionó esos críticos momentos. La «primera vez» que un presidente decidía intervenir una autonomía con el 155. «Fuimos muy prudentes. Avisamos hasta la saciedad (al Govern) de que por ese camino no íbamos a ninguna parte. Y lo peor de este asunto es que ellos sabían las consecuencias (políticas y judiciales)», dijo.

El expresidente del Gobierno incidió en la «paciencia» que tuvo hasta la intervención de Cataluña. Explicó que «ocurrieron muchas cosas» en poco tiempo y que intentó «dar la posibilidad de rectificar». Sin embargo, añadió, «era evidente que cuando se produce la declaración unilateral de independencia (DUI), el 27 de octubre de 2017, y el presidente (Carles Puigdemont) se niega a rectificar, no cabía otra que aplicar el 155», zanjó.

El número dos del Ministerio de Interior durante el 'procés', José Antonio Nieto, no solo no se ocultó en ningún momento y reconoció su responsabilidad en el polémico despliegue policial el 1-O. El exsecretario de Estado de Seguridad desveló en su declaración el 4 de marzo que el Gobierno planteó a Puigdemont que la jornada del 1 de octubre de 2017 se pudiera votar «en plazas o lugares abiertos», en una especie de consulta similar a la del 9 de noviembre de 2014, durante el mandato de Artur Mas. Esta posibilidad se ofreció para que el Govern no siguiera adelante con su plan independentista y evitara así la vulneración de la resolución previa del Tribunal Superior de Cataluña, que ordenó a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra «impedir la utilización de locales y edificios públicos», como colegios, para la celebración del referéndum. Nieto señaló que la oferta al Govern tuvo lugar en la reunión de la junta de seguridad del 28 de septiembre, pero que el intento de impedir la votación fracasó.

«Los Mossos pusieron en marcha un plan para simular que se cumplía la orden judicial de impedir el 1-O, aunque, en realidad, consintieron la celebración del referéndum. Todo el diseño de los Mossos el 1-O fue un montaje». El fiscal Javier Zaragoza, el pasado martes, fue rotundo en sus conclusiones finales. El Ministerio Público hizo totalmente suyas las acusaciones que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador de los tres cuerpos durante el 1-O, hizo contra el cuerpo autonómico. El coronel aseguró en el Supremo que en las reuniones que mantuvo a finales de septiembre de 2017 con la cúpula de los Mossos avisó que el dispositivo puesto en marcha por la policía catalana para evitar el referéndum (con el desplazamiento de un solo binomio de agentes a cada colegio) debía ser modificado porque parecía más un operativo para una jornada electoral normal que para evitar una votación ilegal. El número dos de los Mossos entonces, Ferran López, sin embargo, afirmó en el juicio que Pérez de los Cobos avaló expresamente ese dispositivo. El careo entre ambos fue rechazado por la Sala porque habían quedado claras las «contradicciones» entre ambos.

Fue sin duda una de las grandes sorpresas del juicio. Un mando llamado a exonerar a los acusados que se convirtió en testigo de cargo. Fue la declaración en la que el inspector jefe de la Brigada Móvil (Brimo, los antidisturbios de los Mossos) el 6 de mayo denunció la actitud chulesca que tuvo el entonces líder de la ANC, Jordi Sànchez, durante el cerco a la comitiva judicial en la Consejería de Economía el 20-S. El policía afirmó que Sànchez les dijo «largaos de aquí» y que le amenazó con llamar a Puigdemont y al consejero de Interior, Joaquim Forn, para forzar al mando a sacar a los antidisturbios de la zona. Sànchez, a tenor de su cara en el momento de la declaración, fue consciente del calado de las revelaciones del agente.

En los primeros días de mayo decenas de testigos de las defensas desfilaron ante el tribunal. Votantes del 1-O que, además de denunciar la violencia de policías y guardias civiles, insistieron como si de un mantra se tratase en que el referéndum fue «autogestionado» por los ciudadanos. Fue la mayor y más masiva prueba de descargo del proceso. Votantes y más votantes tratando de exculpar durante jornadas a los exmiembros del Govern, afirmando que nadie les animó a ocupar los centros y arguyendo que no hubo una «resistencia organizada», que estaban allí en un «día de fiesta democrática» porque «votar no es delito».

Fueron decenas los votantes que pasaron por el Supremo y a los que las acusaciones pudieron interrogar sobre el mayor misterio que todavía persiste sobre el 'procés': ¿De dónde salieron las urnas del 1-O? Pero nada. El secreto sobre el origen de los más de 6.000 receptáculos de plástico 'made in China' continuará. Durante tres jornadas, las preguntas a tres decenas de votantes solo sirvieron para agrandar el mito de las urnas. Ni uno solo de los votantes que desfiló por la sala reveló ni un dato útil para reconstruir el camino de los cajas desde una factoría en la ciudad china de Guangzhou hasta el más pequeño de los pueblos catalanes.

Carles Puigdemont y su Govern tenían las cuentas claras, según reveló la Guardia Civil en el juicio. Para declarar la independencia y que la nueva república catalana fuera viable, al menos en los primeros compases hasta que la Hacienda catalana comenzara a funcionar, iban a necesitar 22.800 millones de euros. Había «mucha preocupación» entre los responsables de la Generalitat por tener lista esa cifra porque sabían que sin dinero en ese futuro banco central el nuevo Estado no era viable. 11.000 de esos millones debían de venir de China, de acuerdo con el análisis de los expertos del instituto armado, que dejaron claro a la Sala, tal y como pretendía la Fiscalía, que la proclamación de la república era algo más que una idea difusa en la cabeza de Puigdemont.