Diez claves de un 28-M que medirá el duelo Sánchez-Feijóo y el aire de la legislatura

Todo tiempo pasado tuvo su aquel en la política española, por más que el ciclo electoral que avanza veloz hacia los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo y las generales previstas para final de año presente perfil propio en la historia reciente del país; singularmente, esta cadena de citas con las urnas evaluará, por primera vez y pese a su carácter local, la fortaleza del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que dirige España, con sus ramificaciones territoriales, en una entente inédita desde la Segunda República. Pero en las elecciones de hace cuatro años lo que estaba sometido a evaluación no era menos inhabitual: la precaria victoria de Pedro Sánchez en las legislativas adelantadas a aquel abril de 2019 tras haber accedido a la Moncloa al ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Así que la campaña de las municipales, que se inició enlutada por la repentina muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, se desarrolló sacudida por las turbulencias en la constitución de las Cortes, que se cobraron la candidatura del hoy ministro Miquel Iceta a presidir el Senado.

La inestabilidad y la fragmentación partidaria que han caracterizado la última década de la política española – con cuatro elecciones generales entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019– han alimentado la lectura nacional de los comicios en los que la ciudadanía elige a sus representantes más próximos; baste consignar la onda expansiva que tuvieron las últimas autonómicas en Madrid –que repite este 28-M–, Cataluña, Castilla y León y Andalucía, tres de las autonomías a las que no les toca ahora renovar sus gobiernos. Pero a diferencia de 2019, cuando las municipales iban detrás de las generales y a la par que las europeas y lo que venían a testar era la entereza del triunfo de Sánchez –los socialistas volvieron a ganar–, esta vez preludian las legislativas con el foco puesto en si se ha larvado un cambio de ciclo o no.

Fue precisamente un escrutinio territorial, la histórica mayoría absoluta del PP en las andaluzas del pasado junio, lo que catapultó las expectativas generadas por Alberto Núñez Feijóo tras su aterrizaje en Génova. El líder de los populares no ha perdido comba en las encuestas (salvo el CIS), pero el fulgor del bautismo se ha atenuado con el roce del día a día y la resistencia exhibida por el frágil bipartito de Sánchez. Así que el 28-M diagnosticará, ayuntamiento a ayuntamiento y comunidad a comunidad, el estado de salud del 'sanchismo' y de la aspiración de «derogarlo».

En las elecciones municipales y autonómicas de hace cuatro años, el PSOE fue el partido más votado en los ayuntamientos, conservó los seis gobiernos regionales que ya dirigía –Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura – y sumó tres más a la nómina –Navarra, Canarias y La Rioja–. En estos comicios, con Alberto Núñez Feijóo al timón, el PP está obligado a recuperar poder territorial. No en vano solo gobierna dos (Madrid y Murcia) de las doce comunidades en las que se ponen las urnas y que, a priori, revalidará el 28-M.

El poder territorial real que recuperen los populares no dejará de ser un termómetro de cara a la consolidación de Feijóo como líder, sino también un referente sobre sus posibilidades reales de llegar a la Moncloa en diciembre. Un pobre resultado autonómico o la pérdida de los comicios municipales en número de votos frente al PSOE colocarían al expresidente de la Xunta en un delicado momento. Para vender un cambio de ciclo no basta tampoco con conquistar solo una plaza menor, necesita arrebatar a los socialistas alguno de sus bastiones de primera categoría. Como ocurre en el PP, el poder que conserve el PSOE también será determinante para calibrar la resiliencia de Sánchez y si tiene posibilidades de seguir en la Moncloa.

Isabel Díaz Ayuso se ha fijado el objetivo de lograr la cifra mágica de los 69 escaños que le permita gobernar en solitario sin tener que depender de Vox, con quien ha roto relaciones al final de esta legislatura por sus continuos boicots. Obtener un gran resultado es, además, condición indispensable para equilibrar fuerzas dentro del PP e igualar el récord de su homólogo andaluz, Juanma Moreno, ante una eventual y todavía remota batalla por la sucesión. Pero para obtener esa ansiada mayoría absoluta la líder madrileña necesita primero que se confirme el hundimiento de Podemos; que la formación morada siga el mismo camino que Ciudadanos en 2021 y se quede fuera de la Asamblea.

Las luchas cainitas que se están viviendo entre los morados y Yolanda Díaz y que salpican a toda la izquierda, desde a la representante de Más Madrid, Mónica García, al candidato socialista Juan Lobato, pueden tener una importante influencia en que Podemos no alcance el 5% de voto necesario que exige la ley electoral y que les otorga directamente 7 escaños, que serían repartidos entre los grupos siendo la primera fuerza la más beneficiada. Con un PP fuerte además, Vox tendrá difícil crecer. Más si cabe cuando Ayuso apelará al voto útil para arañar voto a su derecha cargando su propuestas de guiños a los postulados de los de Abascal.

La Comunidad Valenciana se ha convertido en la joya autonómica más preciada del 28 de mayo. PSOE y PP la han situado como su prioridad electoral y es ahí donde se va a librar la gran batalla antes de las generales de diciembre. Los socialistas aspiran a que el presidente Ximo Puig consiga un tercer mandato y reedite el Pacto del Botánico con Compromís y Podemos. Los populares pretenden que su candidato. Carlos Mazón, consiga el vuelco electoral y recupere una comunidad que gobernaron durante veinte años y les abrió en el pasado las puertas de la Moncloa. El aire demoscópico sopla a su favor –con Vox siempre presente en la ecuación–, aunque Puig resiste más de lo que habían previsto en principio Génova.

La gran preocupación en el PSOE no es tanto el resultado de su dirigente territorial sino el de sus socios. La capacidad de resistencia de Compromís y si Podemos entra o no finalmente en las Cortes valencianas serán las claves para poder reeditar el Pacto del Botánico. Las dos formaciones están a la baja en todos los estudios electorales. Compromís tiene en la actualidad 17 escaños que no parece que pueda repetir, mientras que Podemos, en coalición con IU y que hace cuatro años obtuvo ocho escaños, se juega su presencia en el Parlamento valenciano.

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Aragón, Javier Lambán, son dos de los barones socialistas más críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez. En especial por los acuerdos con el independentismo y su asociación con Podemos, pese a que Lambán gobierna con un cuatripartito integrado también por la formación morada mientras que Page lo hizo entre 2017 y 2019, en un Ejecutivo marcado por la inestabilidad.

Ninguno de los dos candidatos quiere salir perjudicado por los pactos de Sánchez con el soberanismo, que le llevó a reformar los delitos de sedición y de malversación, y se afanan en plantear la campaña en clave netamente autonómica, aunque no siempre con el resultado pretendido. Las últimas encuestas publicadas señalan como escenario probable que en ambas comunidades una suma de los partidos de la derecha pueda desbancar tanto a Page como a Lambán pese a que su gestión no esté particularmente cuestionada. En el caso de Aragón, la llave para que continúe el dirigente socialista o se estrene Jorge Azcón (PP) en la presidencia podría estar en manos de Aragón Existe. Será determinante quién quede como primera fuerza porque si es el PP, en Ferraz creen que la formación de la España Vaciada podría sumar sus votos a los de los populares para facilitar un cambio de Gobierno.

Tres cifras escritas en la hemeroteca de las elecciones municipales de 2019 delimitan el 28-M en Cataluña y el País Vasco, las dos comunidades históricas que no celebran autonómicas y en las que el nacionalismo ejerce de contrapoder en el Estado sosteniendo, al tiempo, al Gobierno de Sánchez. Esas tres referencias son los casi 830.000 votos cosechados por Esquerra, primera fuerza en los comicios de hace cuatro años en territorio catalán; los 403.000 del PNV y los 348.000 de EH Bildu, ampliamente mayoritarios en Euskadi tras el cese del terrorismo de ETA y protagonistas de una pugna agónica en las que ambos no paran de trepar y que amenaza con dejar sin apenas oxígeno a los partidos con arraigo español.

Orillada la unilateralidad desafiante del 'procés' y pilar para la resistencia del Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos, ERC tiene razones para temer unas municipales en las que su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, va de alcaldable por Santa Coloma y que pondrán a prueba su fortaleza frente al PSC, por un lado, y a los exconvergentes, por otro, que aspiran a ganar Barcelona con un clásico nada sospechoso de radicalidad como Xavier Trias. En el País Vasco, nunca el soberanismo sumó tanto y nunca estuvieron tan atemperadas las pulsiones independentistas. Porque la batalla es por el poder institucional.

En puridad, estas no son las elecciones de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno no es, aún, candidato a nada, pero su implicación en la campaña será absoluta –ya lo está siendo en la precampaña, con semanas en las que ha participado en casi un acto de partido diario– y de los resultados que obtengan tanto los presidentes autonómicos del partido como sus aspirantes locales se hará, tanto dentro como fuera del partido, una lectura sobre su tirón de cara a las generales de diciembre.

Hace unos meses, en los territorios temían el desgaste causado por el ruido en el Ejecutivo de coalición, las polémicas reformas de la sedición y la malversación pactadas con Esquerra y las rebajas de condena a agresores sexuales provocadas por la ley del 'solo sí es sí', y pidieron no nacionalizar la contienda. La idea era que cada barón se dedicara a su parcela y vendiera su gestión y por eso Ferraz renunció a celebrar una convención autonómica (sí la ha habido municipal) con Sánchez y todos ellos. A apenas un mes de la cita con las urnas, sin embargo, la dirección del PSOE sostiene que el clima ha cambiado y que, inflación y tipos de interés al margen, el crecimiento de la economía y los buenos datos de empleo han hecho del jefe del Ejecutivo un reclamo.

Génova ha decidido emular la campaña de 2015 de Mariano Rajoy, y Alberto Núñez Feijóo estará en contacto diario con la calle los quince días oficiales de campaña. Si a principios de año el líder de los populares aseguró que brindaría todo el protagonismo a sus candidatos y aseguró que solo visitaría aquellos territorios que solicitasen su presencia, su intención ahora ha cambiado y recorrerá España de norte a sur corresponsabilizándose, además, del escrutinio. La aspiración de la dirección nacional es consolidar la absorción de Cs y no depender de Vox. O al menos obligarlo a mantener una posición no tan relevante y apartada de la gestión, sumando más que la izquierda y con pactos puntuales que no 'contaminen' la estrategia moderada por la que aboga Feijóo.

Los populares necesitan además que las atribuciones de las encuestas se plasmen sobre los escrutinios para reforzar la idea de que ellos son la alternativa al PSOE y sus socios. «Hay que conseguir 8.131 plebiscitos sobre Pedro Sánchez», resumen en la cúpula. Aunque son conscientes de que lo que suceda el 28 de mayo no será en ningún caso extrapolable a las elecciones generales. La realidad, sin embargo, es que si no vencen a Sánchez en la pugna por el poder territorial, el PP se enfrentará a la primera crisis de calado desde la llegada de Feijóo.

Se soportan más bien poco, pero el PSOE y Podemos tienen muy asumido que se necesitan no ya para terminar la legislatura sino para volver a gobernar la siguiente. Esa dependencia mutua ha generado una relación compleja y contradictoria a la que ahora se añade la pugna entre los morados y el Sumar de la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, por cómo se organiza el espacio a la izquierda de los socialistas. Los tres deben maximizar sus opciones dentro de un mismo espectro ideológico, lo que les obliga a colaborar tanto como a competir entre sí. Pero si Díaz y el partido que ahora lidera Ione Belarra (con la influencia aún determinante de Pablo Iglesias) acaban concurriendo por separado a las próximas generales, las opciones de reeditar la coalición menguan notablemente porque en muchas provincias pequeñas será imposible convertir sus votos en escaños.

El acuerdo no ha sido posible antes del 28-M. Los socialistas esperan que sí lo sea después, pero nada está escrito porque las relaciones personales han quedado muy deterioradas. Sumar no concurre como tal a estas elecciones –sí algunos de los partidos que la conforman– y las expectativas de Podemos no son halagüeñas. Su reacción si, como parece, sale debilitado, es una incógnita.

Gobernar en solitario, sin depender de nada ni de nadie. Ese es el objetivo que Alberto Núñez Feijóo, con cuatro mayorías absolutas a sus espaldas en Galicia, ha marcado a todos los candidatos del PP para los comicios del 28-M. Los populares aspiran a sumar más escaños que la izquierda para poder forzar la votación de investiduras sin un acuerdo de coalición con Vox. Este objetivo es decisivo en el pulso que ambas formaciones que pelean por el mismo espectro ideológico pueden sostener en los gobiernos autonómicos y también en la disputa por la Moncloa, en el caso de que la lista del PP fuese la más votada.

La coalición de gobierno en Castilla y León es el modelo que Feijóo y la cúpula del PP quieren evitar, pero a día de hoy las cifras no cuadran, en ningún caso, para que resulte viable su aspiración de formar ejecutivos generalizados sin contar con los de Abascal, que, en esta ocasión, apostarán por revertir «las facilidades a cambio de nada» que en el pasado dieron a los populares. En la formación ultraderechista tienen claro que en aquellos lugares donde puedan exigir entrar en gobiernos –es decir, que la aritmética les dé una fuerza clara–, lo harán. Aunque no es la única prioridad. Lo que buscan, en realidad, es forzar al PP a cumplir con parte de sus ideas, su programa electoral. Único, por cierto, para toda España.

Las dos últimas votaciones de relevancia en el Congreso –la reforma del 'solo sí es sí' y la aprobación de la ley de vivienda– han evidenciado que la geometría variable también puede operar entre las fuerzas que integran el bloque de investidura. Ambas normas han situado al PNV frente al triunvirato Podemos-ERC-Bildu, alineado con los socialistas para sacar adelante la norma que busca a hacer más asequible el acceso a un piso y opuesto frontalmente en la reversión del 'sí es sí'. Nadie pronostica que las fisuras lleguen al extremo de hacer peligrar el Gobierno de coalición. Pero según se recoloquen las piezas en el tablero catalán y vasco este 28-M, unos y otros orbitarán en torno al liderazgo de Sánchez en función de los resultados en ambos territorios y en el conjunto de España.

Esquerra está obligada a disputar voto a voto la hegemonía a un PSC que ya se impuso en las últimas autonómicas aunque gobierne Pere Aragonès; y también pelea por el electorado fronterizo con los comunes abrazados ahora a la expectativa de una Yolanda Díaz de la que los republicanos recelan. Un retroceso del PNV en el País Vasco frente a una EH Bildu que ha ido ganando influencia con Sánchez –o a la inversa– podría reajustar la estrategia de ambos; y más si asomara un cambio de ciclo en España.

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