Díaz pone a prueba en el Congreso el apoyo de sus socios a la semana laboral de 37,5 horas

De ese modo, y con la red de seguridad que supone que la iniciativa se presente como una proposición no de ley –que no es vinculante y solo insta al Gobierno a emprender una acción–, Díaz podrá testear el grado de afinidad con este proyecto de cada grupo parlamentario, que estarán obligados a fijar su posición sobre un asunto que en su momento ya generó discrepancias entre PSOE y Sumar y que finalmente quedó recogido en el acuerdo de Gobierno firmado antes de la investidura de Pedro Sánchez.

Como el resto de iniciativas parlamentarias, la medida se enfrenta a una aritmética que va más allá del clásico eje izquierda-derecha y que necesitará de una amplia mayoría para ser tomado en consideración por la cámara. El PP ya cuestionó la reducción de la jornada y defiende, en cambio, la «semana flexible» para favorecer la conciliación. PNV y Junts, necesarios para que el proyecto salga adelante, por su parte, acogieron con frialdad este punto del acuerdo de coalición. Extraparlamentariamente, la CEOElo tildó directamente de «atropello constitucional».

También resta por comprobar el respaldo de otras formaciones clave, como Coalición Canaria. O incluso de Podemos, que podría ver en alguno de los puntos de la proposición algún impedimento que les permita justificar un voto en contra y oradar así otra medida estrella de Díaz, como ya ocurrió en enero con el real decreto de las subvenciones al desempleo, que los morados tumbaron junto al PP, Vox y UPN.

La propuesta que Sumar llevará al pleno insta al Gobierno a abrir «con carácter urgente» un proceso de diálogo social que culmine con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, así como de las disposiciones pertinentes, para incorporar una reducción de la jornada laboral de aplicación progresiva, empezando por fijar un tope de 38,5 horas efectivas en 2024.

Los de Díaz también recuerdan que hace más de 104 años que no se acomete una reducción de la jornada laboral máxima por debajo de las ocho horas diarias y más de 40 años sin que se altere el umbral de las 40 horas semanales, a pesar, explican en el texto, de las «muy distintas condiciones económicas, laborales y sociales».

De salir adelante esta proposición, Sumar podría apartar el foco –aunque momentáneamente– que acapara la ley de amnistía, cuya tramitación parlamentaria, por dilatada, empieza a pasar factura a la coalición de izquierdas, y Díaz anotarse un tanto en una semana que estará centrada por los resultados electorales en Galicia.