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Cancelado unilateralmente el contrato que Interior mantenía con la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security para la adquisición de 15 millones de balas por un ... valor de 6,6 millones de eruros, el Gobierno ya estudia la fórmula para evitar una penalización a las arcas públicas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya da por hecho de que España tendrá que litigar en los tribunales para evitarlo, aunque ha evitado desvelar la estrategia que la Abogacía del Estado -que recomendó no romper el acuerdo- llevará a cabo en este proceso.
Díaz, en una entrevista en RNE, ha defendido la legalidad de la rescisión unilateral del contrato y ha afirmado que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, debe continuar en el cargo tras rectificar. «Yo creo que un ministro o una ministra cuando rectificamos, ganamos», ha reconocido antes de afirmar que es partidaria de corregir cuando alguien se equivoca y que ella también ha tenido que rectificar con una norma en pandemia, por la que le cayó además un «chorreo» desde Moncloa.
«Creo que si uno comparece y da explicaciones, te ennoblece. Lo digo honestamente», ha ahondado para dejar claro que esta polémica está zanjada puesto que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es anular el contrato.
La también ministra de Trabajo entabló personalmente negociaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el propio ministro del Interior, con el que mantiene una «magnífica» relación aunque han tenido esta discrepancia, pues Marlaska sostenía que no se podía romper el contrato pero Sumar le dio razones jurídicas para revertirlo.
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