Díaz Ayuso afronta la investidura en Madrid con las sospechas de la izquierda por su pasado

García-Castellón, según fuentes judiciales, no ha querido resolver estos días la petición que la Fiscalía hizo a primeros de este mes de agosto precisamente para no interferir en el debate de investidura de Díaz Ayuso que se celebrará el martes y el miércoles. El fallo del juez, sin embargo, le estallará a la nueva presidenta en los primeros días de su mandato con toda probabilidad.

Responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconocen que en los miles de folios que ya componen este complejísimo sumario que comenzó a instruirse en 2014 no hay pruebas que vinculen a Díaz Ayuso con las empresas investigadas en Púnica, con el desvío de dinero de la trama que supuestamente dirigía Francisco Granados o con la financiación del PP que va a costarle la imputación a tres de sus predecesores. Sin embargo, tal y como recuerdan los investigadores, la instrucción sí ha acreditado que Díaz Ayuso se encontraba «muy cercana» de ese supuesto «núcleo de corruptelas» y que se vio beneficiada por las decisiones de algunos de los implicados en esta investigación en los años más delicados de Púnica.

Se trata de una situación que judicialmente no supone riego alguno para la futura presidenta, pero que políticamente le va a hacer muy difícil sostener el discurso de regeneración del PP madrileño y su estrategia de marcar distancia con respecto a sus predecesoras conforme veía que se acercaban los nubarrones judiciales al horizonte de Aguirre o Cifuentes.

La vinculación de Díaz Ayuso con el sumario de la 'trama Púnica' en realidad no es nueva, aunque evidentemente ahora toma una nueva perspectiva. Su nombre apareció en el interrogatorio el 23 de diciembre de 2014 en la Audiencia Nacional del informático Adrián de Pedro (hermano de Alejandro de Pedro, el conseguidor de Púnica).

De Pedro explicó al juez Eloy Velasco que la actual candidata del PP a presidir Madrid era su persona de contacto en el partido para los trabajos de promoción reputacional en internet que la empresa Eico realizó para Aguirre durante la campaña electoral de 2011. Las fechas son particularmente importantes en este asunto. Año 2011: Díaz Ayuso, periodista de formación, era la encargada de gestionar la cuenta de Twitter de Esperanza Aguirre y se ocupaba de la comunicación en las redes sociales del PP de la capital madrileña. Y precisamente la acusación de Anticorrupción contra Aguirre es que, según los informes de la UCO, Indra pagó 566.497 euros por «servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP de Madrid en 2007 y 2011». Se da además las circunstancia que en ese periodo -entre 2008 y 2011- la candidata del PP compaginó sus trabajos en la comunicación del partido con un puesto en Madrid Network, una entidad publico privada creada por Aguirre para fomentar la innovación. Díaz Ayuso cobró en esa entidad 4.219 euros netos mensuales hasta que obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid al sustituir a una baja.

Tras conocerse la petición de la Fiscalía de imputar a sus antecesoras en el cargo, Díaz Ayuso se apresuró a minimizar su relación con ellas. Señaló que su nexo era el mismo que el de «cualquier militante y afiliado del PP en las épocas en las que han sido presidentas», «ni más ni menos». «Soy otra persona, tengo otro perfil, otra etapa, otros proyectos», comentó tras asegurar el pasado enero que le gustaría «tenerlas cerca y contar con ellas» porque «son un valor».