Sumar aclara que el acuerdo anunciado por Díaz para derogar la ley mordaza se limita a cambiar un artículo

Lo cierto es que ambos partidos siguen trabajando aún en dar respuesta a un asunto que el propio Pedro Sánchez prometió zanjar en 2018, cuando llegó a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, pero que, tres legislaturas más tarde, sigue en el aire precisamente por la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios. El propio Enrique Santiago reconoció la dependencia que la coalición tienen en esta cuestión de formaciones como Podemos, Esquerra o EHBildu, que ya han pedido a Moncloa «más audacia». «Tiene que haber una reforma con todos los grupos, no puede ser un asunto entre dos partidos», reconoció el diputado de IU.

Lo que sí confirman desde el PSOEy también desde Sumar, es que ambas formaciones han avanzado en un pacto para reformar el Código Penal en los relativo a los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado o las ofensas contra sentimientos religiosos. También han pactado una modificación de la Ley Orgánica que rige el derecho al honor para incluir una «reparación pública» ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y «generan un desprestigio para el afectado». Otra cuestión en la que se encuentran a meced del voto de sus aliados.

Detrás de esta ristra de anuncios subyace la comparecencia que hoy ofrecerá Sánchez en el Congreso para presentar su anunciado «plan de regeneración democrática» y que ha despertado gran expectación entre los grupos parlamentarios por el alcance que puedan tener las medidas que presente, que luego deberán negociar con el Ejecutivo. Pero sobre todo en Sumar, que busca no quedar relegado a un segundo plano tras meses exigiendo al presidente «llenar de contenido»la nueva etapa de la legislatura.

En esa línea, Díaz también anunció que parte de la intervención del presidente estará dirigida a una propuesta para «impedir que quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo serán privados de subvenciones y financiación pública», señaló en relación a la Ley de Publicidad Institucional, pero no ofreció más detalles.

En Podemos este martes señalaban con escepcticismo todas estas cuestiones y lamentaban que el Gobierno las anunciara sin contar de antemano con su participación. La pasada legislatura, una propuesta para modificar la ley de seguridad ciudadana ya decayó durante su trámite parlamentario, cuando se debatía en comisión, por la falta de acuerdo entre la coalición y ERCy EHBildu por asuntos como el uso de pelotas de goma o las devoluciones en caliente. Por ello Sumar opta ahora por relegar estos aspectos a las enmiendas que se puedan plantear posteriormente, con idea de tejer consensos.