Detienen a la alcaldesa y al exalcalde de Santillana en una operación anticorrupción

Los cinco investigados fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante los agentes, y han quedado a la espera de pasar a disposición de judicial. Según han confirmado a este periódico fuentes cercanas al caso, el instructor ha decretado el secreto de sumario y ha ordenado la práctica de una serie de diligencias de investigación al objeto de esclarecer los posibles hechos delictivos que ha puesto sobre la mesa la Fiscalía y que suponen presuntos delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de fondos públicos y daños informáticos. De momento, no está descartado que pueda haber más implicados en el caso. Esta investigación nace a raíz de la denuncia que interpuso el exalcalde socialista Ángel Rodríguez -que ahora se le ha vuelto en contra- frente a la actual regidora el pasado 6 de junio, el mismo día en el que Izquierdo le arrebató el bastón de mando de la Alcaldía mediante una moción de censura suscrita con el PP y AVI.

En ella, Rodríguez denunciaba a la alcaldesa por adjudicar, desde su cargo de concejala de Turismo (en ese momento gobernaba en coalición con el ahora exalcalde), un contrato a una empresa que después subcontrató a su hermana. Sin embargo, según consta en la documentación a la que tuvo acceso este periódico, lo que hizo Izquierdo no fue adjudicar el servicio sino proponer la contratación de la redacción de un proyecto de mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con el fin de poder acceder posteriormente a subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes para mejorar y optimizar el Complejo Deportivo municipal Carlos Alonso Santillana.

Ese trabajo fue adjudicado a la empresa Ingenia Oficina de Ingeniería y Arquitectura SL, que presentó la oferta más económica de las tres aportadas por la edil, con un coste total de 17.968 euros, tras una resolución de la Alcaldía del 8 de agosto de 2023. El pago se aprobó dos meses más tarde, el 16 de octubre. Lo llamativo del caso era que Ingenia, la firma a la que se encargó el trabajo y cuyo responsable también está investigado, subcontrató a la empresa Sertuplan, en la que figura como socia y administradora única Stela Izquierdo (hermana de la alcaldesa y también investigada ahora), para realizar parte de ese proyecto, el «plan de mejora y optimización de instalaciones y servicios deportivos que fomenten el turismo sostenible» en Santillana del Mar, labor por la que Sertuplan facturaría 7.500 euros. La factura por esa tarea se presentó el 26 de octubre, diez días después de que el Ayuntamiento pagara a Ingenia. En su momento también llamó la atención que el objeto social de Sertuplan, empresa en la que también trabajó la alcaldesa, sea el de agencia de viajes, tal y como figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Al tratarse de un contrato menor, por su cuantía, el Ayuntamiento pudo prescindir del trámite de convocar un concurso, y bastó con que la concejala propusiera las tres ofertas. El Consistorio optó por la de Ingenia, al tratarse de la de menor cuantía, exactamente 121 euros más económica que la inmediatamente superior.

Con toda esta información y la recogida en la denuncia del exalcalde, la Fiscalía practicó con la ayuda de la Guardia Civil unas diligencias de investigación de las que se desprendieron indicios de delito y presentó su propia denuncia ante el magistrado Fernández de la Vega, que la semana pasada, en funciones de guardia, ordenó la detención de cuatro de los cinco investigados (la del exalcalde surgió a raíz de producirse las cuatro anteriores).

La detención de la regidora fue la que más llamó la atención al producirse en el Ayuntamiento. Fue el pasado jueves, 1 de agosto. Según la información facilitada por testigos presenciales, los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se apostaron en la plaza del Ayuntamiento en torno a las 07.00 horas. Una vez allí esperaron la llegada de la alcaldesa, que apareció en torno a las 8.30 horas. En ese momento le comunicaron la detención y procedieron a leerle sus derechos. Después, los agentes, que iban de paisano, acompañaron a la regidora a su despacho, situado en la primera planta de la casona municipal, y la interrogaron durante horas, además de reclamar documentación e incautar varios equipos móviles e informáticos. Al parecer, Sara Izquierdo permaneció en dependencias municipales unas doce horas, hasta las ocho de la tarde, momento en el que fue trasladada a las dependencias de la Guardia Civil en Santander, donde siguieron el interrogatorio. Su puesta en libertad con cargos no se produjo hasta pasadas las seis de la mañana del día siguiente.

Situación diferente vivieron el resto de detenidos, que quedaron en libertad con cargos apenas unas horas después de prestar declaración ante los investigadores.

Según la información recabada por el Diario Montañés, dos de las cinco detenciones -la del exalcalde y la edil socialista (Paula Pérez)- tienen que ver con la denuncia que presentó la alcaldesa, tras el cambio de gobierno, por un «borrado masivo» de documentos municipales, una acción que llevó a cabo la citada edil del PSOE y por la que pidió perdón cuando se descubrió que habían desaparecido más de 15.000 archivos informáticos, en su mayor parte de resoluciones de Alcaldía desde 1995 a 2023, y de plenos desde los años ochenta hasta la actualidad. «Lo hice sin darme cuenta», se justificó.

Fue al día siguiente de tomar posesión cuando el secretario municipal comunicó a la alcaldesa que habían desaparecido documentos de varios departamentos que estaban en los equipos informáticos, algunos de ellos de las carpetas compartidas. A partir de ahí, y ante la «grave pérdida de datos» y la posibilidad de que pueda derivarse «alguna responsabilidad» por ello o se tratase de una «sustracción» de los mismos, se pidió un informe a la empresa de protección de datos, que hizo un barrido que solo contempló «las últimas 22 horas», es decir, lo ocurrido un día antes (el mismo día de la moción).

En dicho documento técnico se recogía que la mañana del 6 de junio, una hora y cuarto antes del cambio en el gobierno local, alguien «accedió y borró» todos los archivos «dejando los ordenadores vacíos». Según ese mismo informe -en el que se basó la denuncia presentada por la nueva regidora- el ordenador desde el que se accedió era el de la Concejalía de Juventud, cuya titular en ese momento era Paula Pérez.

En la denuncia se reproducía además el testimonio del secretario municipal que, supuestamente, le explica al nuevo equipo que, el 9 de junio, con motivo de las elecciones europeas, se encuentra con la ya extitular de esa Concejalía y que esta le comenta que «ha oído por la calle que se han borrado datos». Tras ello, la citada edil presenta un documento de «disculpa» por registro electrónico en el que reconoce que había borrado documentación y agrega que lo hizo «para evitar que el nuevo usuario no tuviera complicaciones a la hora de utilizarlo». También reconoce que en ese proceso cometió «un error» y se eliminaron «ciertos documentos que se encontraban en su ordenador».

Pese a esta primera versión de la concejala, la alcaldesa explicó que el informe elaborado por una empresa especializada señalaba que «la denunciada» accedió «carpeta por carpeta del archivo común» y que esa acción causó después la «desaparición» de los mencionados «15.000 archivos».

Ahora, los investigadores van más allá, ya que tras practicar varias diligencias han llegado a la conclusión de que supuestamente fue el exalcalde el que le pidió a su compañera y edil de Juventud el «borrado masivo del servidor del Ayuntamiento».

Fuentes cercanas al caso apuntan que tanto este asunto como el del contrato menor adjudicado a la hermana de la alcaldesa pueden ser la punta del iceberg de una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Santillana del Mar.