«El 'sí es sí' deteriora nuestra imagen como país avanzado contra la violencia machista»

–No ha secundado la huelga, veo.

–No, no la he secundado porque, por mi cargo institucional, no quiero contribuir al no funcionamiento de la justicia, sobre todo en un juzgado como éste, con tantos servicios mínimos. Pero creo que mis compañeros llevan razón en sus reivindicaciones.

–Lo primero que llama la atención es que el Observatorio siga llamándose 'contra la violencia doméstica y de género'. ¿El término doméstico no reduce a la esfera de lo privado un problema que debe ser público?

–El Observatorio nació en 2003, antes de la ley integral. Y seguimos investigando violencia doméstica, por ejemplo, entre parejas homosexuales. Por eso mantiene la denominación.

–Ahora que han pasado unos meses desde su aprobación, con algo de perspectiva, ¿cómo valora la ley del 'solo sí es sí'?

–El informe del Consejo era favorable en general. La violencia sexual estaba muy recogida dentro de la violencia de género pero no fuera. Y el espíritu de la ley, en ese sentido, es buena. Pero ya advertíamos de que podían producirse estas reducciones de penas. Entendemos que es un asunto que genera alarma social. Se están rebajando condenas e incluso produciendo excarcelaciones de presos por delitos sexuales, delitos muy graves que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a los niños y las niñas.

–¿A qué se deben las reducciones de penas?

–A que la fusión de los delitos de abuso y agresión ha ampliado las horquillas de penas y, por un principio constitucional, debe aplicarse la ley más favorable al reo. Es un criterio que se está adoptando en todas las audiencias provinciales. También el Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones. Las rebajas de penas no son decisiones aisladas de algunos jueces machistas, sino una consecuencia directa de la ley.

–¿El balance, entonces, es positivo o negativo?

–En el sentido de la imagen y la difusión de mensajes que preocupan a la ciudadanía, el balance es negativo. La violencia sexual es uno de los delitos más execrables que existen, no olvidemos que la mayoría de sentencias afectan a menores de edad. La imagen de España como uno de los países más avanzados en la lucha contra la violencia machista se está deteriorando por esta alarma social.

–Entonces, ¿por qué emitieron un informe favorable?

–Era un informe técnico y jurídico. No hay un balance o una valoración general favorable o desfavorable. Analizamos cada punto de la reforma y en determinados puntos valoramos favorablemente la norma y en otros, advertimos de que podía haber reducciones de condenas. Por eso digo que, habida cuenta de la alarma que se está generando, el espíritu de la ley, que era una mayor defensa de las mujeres, queda desdibujado.

–¿Y qué ocurrió con aquellas advertencias?, ¿llegaron al Ministerio de Igualdad?

–O no las tuvieron en cuenta o entendieron que era una consecuencia necesaria. Pero no lo sé.

–¿Por qué algunas condenas son revisadas a la baja y otras son confirmadas?

–El Tribunal Supremo ha establecido que cuando se hayan impuesto penas mínimas sin agravantes hay que reducirlas porque ahora, con la fusión de delitos, la horquilla penológica comienza en una pena inferior.

–¿El número de sentencias confirmadas supera al de las penas rebajadas, como defiende Irene Montero?

–No es un dato que tengamos de momento. Se lo hemos pedido a las audiencias provinciales. En el Tribunal Supremo sí ha habido más condenas confirmadas que reducidas.

–¿Qué le parece cuando escucha hablar de justicia patriarcal?

–Me parece muy injusto. La formación de los jueces en España es una de las más avanzadas del mundo. Los jueces que están en los juzgados de violencia contra las mujeres son jueces especializados, formados ya desde el temario de la oposición. Y cualquier juez, para que pueda tomar posesión, debe pasar por un curso obligatorio de perspectiva de género. Me parece muy injusto, y la desconfianza que esas declaraciones pueden generar en la ciudadanía y en las víctimas puede ser muy negativa.

–Pero también habrá jueces machistas.

–Por supuesto. El machismo está metido en la sociedad, pero los jueces no son más machistas que el resto de profesionales. Hay países de nuestro entorno que vienen a España a aprender cómo lo estamos haciendo porque aparecemos siempre en lo más alto de todos los estándares de protección a las víctimas. Es algo admirado en el resto de Europa. Claro que las raíces de la violencia machista están en la sociedad patriarcal, pero es muy injusto decir que hay un colectivo especialmente machista. Y me gustaría destacar que la mayoría de jueces son mujeres, aunque sepamos que hay mujeres machistas. Porque a veces parece que se habla de una justicia conservadora…

–Sí, señores mayores y de derechas.

–Exacto. Y la edad media de la carrera judicial es de 49 años. He oído incluso que son jueces franquistas. ¡La mayoría ni siquiera vivió el franquismo! Y más del 70 por ciento de los jueces titulares de los juzgados penales son mujeres.

–Los jueces que reducen condenas no tienen alternativa, entiendo.

–Efectivamente. El Supremo se ha pronunciado y crea jurisprudencia. Los jueces no revisan condenas porque quieran hacerlo. A nadie le gusta revisar una pena y mucho menos excarcelar. Pero tienen que hacerlo por el principio constitucional que obliga a aplicar la ley más favorable al reo. No es la primera vez que se reducen penas en determinados tipos delictivos, pero esta vez, al tratarse de delitos terribles, ha habido un rechazo social enorme y se ha generado alarma.

–Todo comenzó con la primera sentencia en el caso de La Manada, que no reconocía violación. ¿Admite que fue un error?

–La sentencia definitiva de La Manada impuso penas altísimas a los violadores. Fue una sentencia ejemplificante, traducida a muchos idiomas y que se está estudiando en las facultades de Derecho. Es cierto que con la primera sentencia nos llevamos las manos a la cabeza, pero nuestro sistema es garantista y caben recursos. Y la sentencia definitiva, insisto, satisfizo a la ciudadanía.

–¿Y cuál sería la salida a todo esto?

–La reforma planteada no vuelve a la diferencia inicial entre abuso y agresión, sino que crea un subtipo agravado en el caso de violencia e intimidación. No modificaría el tema del consentimiento, que por cierto era una definición ya establecida por el Supremo…

–Pero no estaba recogida en ninguna ley.

–Sí, y es bueno que la jurisprudencia se regule en una ley. Pero para que una mujer acreditase que había sido víctima de violencia sexual no era necesario que tuviese lesiones o demostrase un acto heroico. Bastaba con que no hubiera consentimiento. Y eso, en la reforma, no se modificará. La credibilidad de la víctima se mantiene intacta, que es el espíritu de la ley. Pero en todos los delitos instruidos, pendientes de sentencia o recurso o los que se cometan hasta la aprobación de la reforma tendrán que aplicarse la ley del 'solo sí es sí'. La reforma sólo podrá aplicarse a partir del día en que entre en vigor.

–¿Cómo valora, ahora que está a punto de cumplir veinte años, la ley integral aprobada en 2004?

–Es una ley premiada por organizaciones internacionales. Visibilizó un delito muy grave que estaba silenciado y en cierto modo admitido socialmente. Parecía que era un problema de pareja, y la ley ha conseguido que esa violencia sea una cuestión de Estado. No es que haya más víctimas, sino más mujeres que denuncian. Y para nosotros la denuncia es importantísima porque es el mecanismo que nos permite poner en marcha todo el proceso policial, judicial y asistencial. El balance es tremendamente positivo.

–¿Y qué le diría a quienes critican que es una ley que vulnera la presunción de inocencia? Esa coletilla tan extendida de «Si un hombre pega una torta a una mujer acaba en el calabozo, pero si una mujer se la pega a un hombre no le pasa nada».

–No es cierto. Si, en el ámbito de la pareja, un hombre golpea a una mujer comete un delito de violencia de género. Pero si lo hace una mujer comete un delito de violencia doméstica. Es cierto que la pena es inferior, pero ya lo explicó el Tribunal Constitucional: esa diferenciación penológica es plenamente legal porque se trata de proteger a un colectivo vulnerable y que ha sufrido de forma secular la violencia. No vulnera la presunción de inocencia en absoluto. Hay que confiar en la justicia, y claro que hay garantías para el investigado.

–¿Está de acuerdo con el aborto libre desde los 16 años?

–En el informe advertimos de que el hecho de que una menor de edad pueda abortar sin consentimiento paterno puede entrar en colisión con los derechos de la patria potestad, porque ser padres conlleva muchos deberes pero también derechos, como que los padres conozcan el historial clínico y las intervenciones quirúrgicas de sus hijos.

–¿Y qué opina de la ley trans?

–Es importante que se proteja a este colectivo, que ha sufrido delitos de odio y merece una atención especial, pero también alertamos de que el cambio de la mención registral del sexo sin consentimiento paterno ni autorización judicial por parte de los menores puede vulnerar esos derechos de los padres. Por eso propusimos que se elevara a 18 años la edad para hacerlo. Y habría que tener especial cuidado en casos especiales como las pruebas deportivas o el acceso a puestos que exigen paridad, casos en los que podrían producirse fraudes.

–¿No es hora de que se produzca ya el relevo del Consejo General del Poder Judicial?

–Es un caso inédito. Nunca había habido un mandato tan prorrogado. Desde Europa ya han llegado muchos mensajes sobre la necesidad de garantizar la independencia judicial. Y sería positivo que al menos los vocales del Consejo, designados ahora por los grupos parlamentarios, fueran elegidos por los propios jueces.

–¿Eso no haría peligrar que estuvieran todas las diferentes sensibilidades representadas?

–No lo creo. Estoy convencida de que los jueces representan todas las sensibilidades que hay en la sociedad. Y creo que además de ser independientes hay que parecerlo.