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Melchor Sáiz-Pardo y cristian reino
Madrid
Martes, 10 de abril 2018, 08:24
Terrorismo y rebelión. Las acusaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil no pueden ser más duras. El primer golpe del instituto armado a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos independentistas que desde hace días ... vienen protagonizando incidentes sobre todo en las carreteras y peajes de Cataluña, se saldó con la detención de una supuesta «dirigente» de los comités, la huida de otro presunto cabecilla y la incautación de diverso material, entre el que, según se apresuró a informar la Guardia Civil, habría documentos sobre un cuartel del cuerpo en la provincia de Barcelona.
El Ministerio del Interior y la Fiscalía dieron desde primera hora de la mañana la máxima relevancia a la denominada 'operación Cadera' en la que intervinieron varias decenas de agentes bajo la coordinación del juez de apoyo Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea. El objetivo era, en palabras de los operativos, «neutralizar» parte de la cúpula de los CDR que estuvo detrás de los episodios de sabotajes que se desataron en diversos puntos de Cataluña tras la captura de Carles Puigdemont en Alemania el pasado 25 de marzo.
Los agentes llevaban sendos autos de detención contra «dos personas que habrían desarrollado actividades de dirección y coordinación en los actos de sabotaje llevados a cabo durante la Semana Santa de 2018 de forma coordinada por los denominados CDR concebidos para provocar un clima de agitación social», en palabras de la Fiscalía, que en la práctica equiparó a estos grupos con las células de la antigua 'kale borroka'. Durante la última semana de marzo la estación ferroviaria de Sants en Barcelona, la A-2, la N-340, la AP-7 y la Diagonal y la Meridiana, dos de las arterias más importantes de la Ciudad Condal, fueron objeto de cortes y acciones reivindicativas de estos comités.
La única detenida fue Tamara C. G., española de 34 años, arrestada en Viladecans (Barcelona), que inmediatamente fue llevada a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) antes de pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En su domicilio, explicó la Guardia Civil, es donde se encontró documentación sobre el cuartel del instituto armado. Los responsables de la investigación no concretaron qué información exacta contiene ese documento. Además, en el domicilio de Viladecans los funcionarios se incautaron de diversa cartelería, una agenda, varios teléfonos móviles, un ordenador y una memoria externa.
Los funcionarios no pudieron detener al segundo sospechoso, un varón de Esplugues de Llobregat, que no se encontraba en su domicilio en el momento de la operación. Su casa fue registrada.
Según revelaron mandos del operativo, la prueba de cargo contra Tamara C.G. son varios audios que se difundieron por WhatsApp y Telegram de forma masiva inmediatamente tras la captura de Puigdemont. En ellos, supuestamente la detenida llamaba a todo tipo de movilizaciones de protesta y sabotajes, muchos de los cuales no llegaron a llevarse a cabo.
«Si pudiéramos parar el puerto sería brutal, porque dejaríamos sin avituallamiento a Islas Baleares, cabrearíamos a los chinos…» afirma la detenida, que insta también al bloqueo del puerto para frenar la producción y distribución de empresas como Seat y hacer daño al abastecimiento en toda la «península».
Supuestamente Tamara C. G. también propone impedir la entrada en Mercabarna para así «joder a todo el mundo» y hacer «bullir la olla» para preparar una huelga general. Entre los planes que la presunta dirigente propuso también estaba «sabotear las conexiones ferroviarias y putear mercancías», así como cortar la fibra óptica.
La cabecilla rechaza la propuesta de tomar El Prat. «Muchos decían de tomar el aeropuerto, pero es muy jodido. Porque allí puede disparar la Guardia Civil», señala la activista.
La agenda de sabotajes que relata la detenida en esos audios es muy extensa. «Mañana, dos cortes en Poniente. En Fraga, en la A-22 o la A-2, no conozco las carreteras. Después en la Nororiental cerrarán la Junquera, pero ellos van a su puta bola. Dos cortes en Pirineos y tres en tierras del Ebro. Y después comarcales…».
«También en Barcelona varios CDR harán acciones un poco más heavys repartidas por la ciudad y otras más festivas rollo ANC con los niños», explica la arrestada, quien insiste en que el objetivo es que «haya distracción policial, que tengamos a todos los Mossos y la Policía Nacional repartidos», para que «no puedan» hacer frente a tantas algaradas.
La operación policial contra los llamados CDR, comités de defensa de la república, ha cohesionado al frente independentista, que ha escenificado unidad en la Cámara catalana y en las manifestaciones celebradas por la tarde en distintas localidades catalanas.
El secesionismo ha exhibido unidad para defender a los CDR y para cargar contra el Estado español, tachado por parte de las fuerzas independentistas de «autoritario», «represivo» y «antidemocrático». Las tres formaciones con representación en la Cámara catalana, JxCat, ERC y la CUP se solidarizaron con los activistas que han tomado el control de la movilización en la calle, subiendo el tono y radicalizando las protestas que hacían la ANC y Ómnium, y acusaron al Gobierno de «banalizar» el terrorismo, después de que una integrante de los comités revolucionarios fuera acusada por la Guardia Civil de un delito de rebelión y terrorismo. En este punto, los comunes compartieron el mensaje con los secesionistas aunque Catalunya en Comú no se sumó a la comparecencia conjunta que hicieron los independentistas.
La intención de los grupos seceionistas es solemnizar su apoyo a los CDR a través de una propuesta de resolución, que llevarán al pleno de la Cámara catalana, para que vote el apoyo del Parlamento a los que desde la oposición ven como violentos, mientras que los independentistas los ven como unos pacifistas que luchan por los derechos civiles con la resistencia pasiva. «El Estado no tiene un problema con los CDR, el Estado español tiene un problema con la democracia», afirmó el diputado de JxCat, Francesc de Dalmases. «La democracia española está enferma», remató en una comparecencia conjunta de los tres grupos independentistas en el Parlamento autonómico. «El Estado español ha cruzado una línea roja», apuntó en la misma línea Rubén Wagenberg, diputado de Esquerra. «¿Cómo se puede comparar cortar una autopista con el terrorismo?», preguntó. «Manifestarse no puede ser un crimen», según la CUP. «Quieren crear un relato de falsa violencia para legitimar su uso», remató. «Levantar barreras de una autopista nunca puede ser terrorismo», apuntó el líder de los comunes, Xavier Domènech.
La oposición constitucionalista volvió a mostrar que ha dejado de ser un frente unido y mientras PP y Cs coincidieron en sus mensajes, el PSC se desmarcó. «Condenamos políticamente» sus actos, afirmaron los socialistas, que en cambio aseguraron que «no ven motivos» para aplicar «legislación antiterrorista».
Inés Arrimadas, de Ciudadanos, en cambio, celebró que se investigue a los CDR por ser «comandos que usan la violencia». Y desde la formación naranja afearon a las formaciones independentistas que «no condenen la violencia» en sede parlamentaria y que «ahora apoyen a estos comandos». Y Xavier García Albiol calificó de «muy gratificante» que la Guardia Civil detuviera a los «responsables» de los comités y aplaudió la operación policial.
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