El CNI destapa una trama de espionaje en el consulado marroquí en Madrid

El CNI se ha visto obligado a hacer pública la existencia de este nido de agentes secretos vinculado a la representación diplomática del país vecino para evitar que este trabajador, casado con una ciudadana española de origen marroquí y con dos hijos también españoles, acceda a la ciudadanía residencia.

El fallo de la Sección Tercera del tribunal de la calle Génova, fechado el pasado 14 de septiembre, confirma las resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado de junio y diciembre de 2019 que denegaban la nacionalidad a este ciudadano por «motivos de orden público o interés nacional».

El aspirante, que comenzó en octubre de 2010 los trámites para convertirse en ciudadano español a todos los efectos, contaba con los informes a favor del Registro Civil, de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad para acceder a la nacionalidad. Sin antecedentes penales, con arraigo, conocedor de la lengua y costumbres españolas, con residencia legal desde 2006, con un pasado como estudiante en el país y con una larga carrera laboral –entonces trabajaba ya para el consulado de Marruecos en Sevilla–, todo parecía favorable a que se le admitiera su solicitud. Pero en el proceso se cruzó el CNI.

Según revela la sentencia de la Audiencia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia ya informó en 2011 al Ministerio de Justicia de que el trabajador «estaba siendo investigado» por sus relaciones con el espionaje de su país desde su puesto entonces en el consulado en Sevilla. En abril de 2019 y ante la insistencia del empleado marroquí en hacerse español, el CNI remitió a Justicia un nuevo «informe confidencial» en el que aseguró que «tras las investigaciones realizadas sobre dicha persona, no se considera procedente la concesión de la nacionalidad por razones de seguridad nacional, teniéndose constancia de su estrecha colaboración, desde su llegada en el año 2016 al consulado de Marruecos en Madrid como agente local, con el actual jefe de los servicios de inteligencia marroquíes en España».

La sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se certifican oficialmente los vínculos del espionaje marroquí con sus legaciones en territorio español, abunda en que el Ministerio de Justicia cree que los informes del CNI no son «simples conjeturas» y que existen pruebas de que en la última década el solicitante ha seguido «manteniendo estrechos vínculos con su país de origen y colaborando con sus servicios de inteligencia».

El fallo recoge la versión del empleado, quien en su recurso de reposición negó «cualquier colaboración con el servicio de inteligencia marroquí» y alegó que «su trabajo en el consulado de Marruecos es meramente administrativo y se limita a la gestión de pasaportes». El solicitante extranjero se escudó en lo «lacónico» del informe del CNI y en que los servicios secretos no habían «detallado la actividad de colaboración» del demandante.

Sin embargo, la sentencia zanja que la denegación está «plenamente justificada» porque el CNI ha sido «suficientemente expresivo» al revelar su trabajo como «agente local» del espionaje del país vecino. «La motivación se muestra adecuada en este caso, puesto que existe una concreción de las actividades que se atribuyen al demandante, como agente local desde 2016», insiste la Audiencia. Su resolución constata, además, cómo la pretensión del solicitante de «querer ser español, renunciando a la nacionalidad de origen», «choca» con sus vínculos durante los últimos años con la Administración marroquí.

El fallo conocido ahora no es el primero que pone el acento en la hiperactividad del espionaje de Rabat en España. Los encontronazos entre la contrainteligencia nacional y los servicios secretos marroquíes que operan en España son continuos, según han venido revelando las sentencias de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

No obstante, hasta ahora no se había destapado una trama como tal que utilizara a funcionarios como agentes encubiertos. Lo más aproximado se destapó en enero de 2020, cuando otra sentencia sacó a la luz una red que operó entre 2008 y 2016 con base en el consulado de Marruecos en Las Palmas.