La «toma de la Bastilla» en la crisis okupa de Barcelona se queda en refriega

En el arranque de la campaña electoral estaban convocadas dos manifestaciones frente a frente en el entorno de dos casas okupadas, la Ruina y el Kubo. Ambos inmuebles están juntos, son propiedad de la Sareb (el llamado 'banco malo') y fueron allanados en 2019 y 2016, respectivamente.

Como prevención, los Mossos desplegaron un amplio dispositivo policial. Cerraron por completo la plaza en la que están los dos edificios y su función fue tratar de evitar que chocaran las dos manifestaciones, la del movimiento okupa y la de los vecinos hartos de inquilinos que no pagan por su vivienda. Los cerca de 400 agentes lograron su objetivo. Las dos manifestaciones no se cruzaron, separadas por un amplio cordón policial y 100 metros de plaza.

La empresa Desokupa, una especie de cuerpo parapolicial relacionado con la ultraderecha y conocido por sus métodos expeditivos, empleando coacciones para desalojar okupas y que en Cataluña ya ha sido contratada por algún municipio, había caldeado el ambiente, amenazando con desalojar los inmuebles a las bravas. Advertía de que iba a enviar 50 trabajadores para expulsar a los okupas. Estos habían alertado de que responderían y que se defenderían con uñas y dientes.

La veintena de habitantes de los dos inmuebles, de hecho, están atrincherados con material de obra para impedir la entrada externa. Este jueves esperaban con cascos de moto y palos de hockey. Han convertido los locales en fortalezas. Desokupa desistió de entrar por la fuerza, en parte porque los Mossos habían avisado a la empresa de que no lo permitirían, porque el desalojo solo lo pueden ejecutar las fuerzas policiales por orden judicial. Y había puesto en alerta, además, a la Fiscalía por si Desokupa podía incurrir en algún delito.

El Govern catalán liderado por ERC, como responsable de la Consejería de Interior, se la juega en este conflicto, pues una actuación expeditiva de la Policía catalana en plena campaña es insoportable entre su parroquia. Al cierre de esta edición había un herido leve en el enfrentamiento con porras y los antifascistas. El líder de la empresa, Dani Esteve, presumió de haber reventado las elecciones en Barcelona. Ese era su propósito.

Los edificios La Ruina y el Kubo han saltado a la primera plana en plena campaña electoral. No han sido centros muy conflictivos para los vecinos estos últimos años, pero con la cercanía de las elecciones la situación se ha radicalizado. Los procesos judiciales para su desalojo están en curso. Hay dos causas abiertas en juzgados de Barcelona. Uno está más avanzado que el otro. Ayer mismo, un juzgado rechazó las medidas cautelares reclamadas por la Sareb para ejecutar el desalojo. El pasado marzo se tenía que haber producido la primera entrada de la Policía, pero se paralizó hasta que la orden judicial incluya los dos locales.

Algunos han tenido interés en situar la cuestión de la okupación en el centro del debate electoral. Ciudadanos, Vox y Valents (una UPN a la catalana) han apoyado las protestas antiokupas. Aunque este jueves evitaron su presencia. Presentan Barcelona como 'la Meca squatter', en referencia al fenómeno. La más perjudicada puede ser la propia alcaldesa, Ada Colau, que en el pasado perteneció al colectivo okupa. Jaume Asens, jefe de filas de los comunes en el Congreso, era el abogado de cabecera del movimiento.