La retirada del voto a los contagiados de Covid-19 genera dudas entre los juristas

En ambas regiones, los brotes se originaron cuando ya había vencido el plazo para solicitar el voto por correo, pero «se podía haber facilitado el voto telemático o por otros cauces si se hubiera previsto», sostiene Tajadura. En Galicia, un repunte de casos de Covid-19 obligó a la Xunta a confinar el pasado fin de semana 14 municipios de la comarca de A Mariña, en Lugo, donde residen 70.000 personas. Otro foco de coronavirus en la localidad guipúzcoana de Ordizia ponía en guardia al Gobierno vasco, que no llegó a tomar medidas tan drásticas, pero provocó que se cerraran los espacios públicos. Un estado de cuarentena que propiciará la jornada electoral más extraña que se recuerda.

La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, afirmó este viernes tajantemente que esta situación ya se producía en «personas con tuberculosis o ictus u otros problemas» y no solo afecta a contagiados por coronavirus. Mientras la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, confirmaba que «la ley electoral no contempla ninguna alternativa a que estas personas puedan votar».

Murga también informó de que unos 500 ciudadanos que se encuentran en vigilancia clínica tras dar negativo en el test PCR recibirán este sábado un mensaje en su móvil con instrucciones para acudir el domingo a votar. Aunque estos no podrán utilizar las cabinas de los colegios y deberán llevar el voto desde casa, portar mascarilla y lavarse las manos. El Ayuntamiento de Ordizia, además, instalará mesas electorales al aire libre en los colegios que lo permitan. La Xunta, sin embargo, no ha hecho pública ninguna medida especial con los electores que romperán la cuarentena, más allá de las establecidas en el decreto de la 'nueva normalidad'.

Mientras tanto, diez alcaldes de A Mariña pertenecientes al PSOE y al BNG pidieron el jueves pasado la suspensión de los comicios al considerar que estos no se producen «en libertad ni en igualdad».

Pero este no es el único aspecto relacionado con la restricción de libertades y derechos que preocupa a los expertos. Además del aislamiento perimetral de casi 300.000 personas en las provincias de Lleida y Lugo, en Albacete se encuentran en aislamiento 18 vecinos de un bloque de edificios, como ya se produjo antes un caso similar en Santander.

Muchas de estas decisiones se acataron sin esperar a una decisión judicial que avalase la cuarentena por la urgencia de la situación y el miedo existente entre la población. «Se trata de situaciones que no tienen base legal para limitar la libre circulación de las personas que están sanas o, al menos, es muy discutible», señala Tajadura, que insiste en que esto «solo debería» justificarse bajo un estado de alarma como el vivido durante 99 días entre marzo y junio.

Las comunidades autónomas, que vuelven a tener transferidas las competencias en Sanidad, se basan en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, más concretamente en su artículo 3. Este permite a las autoridades sanitarias adoptar las medidas que crean necesarias «para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

Pero este experto también alerta de que los jueces «están haciendo una interpretación muy extensiva de esta ley», que en su origen estaba planteada para aislar a enfermos concretos «y no a 200.000 personas».