El PP lleva a Europa su denuncia por el «asalto» de Sánchez al Constitucional

En Génova se muestran convencidos de que Bruselas no tolerará lo que definen como un «asalto» del Ejecutivo al TC. La denuncia se consumó este viernes, tres días después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a los dos nombres propuestos por Sánchez como nuevos magistrados de la corte de garantías. Los populares sostienen que la designación de Campo y Díez pone de manifiesto que «Sánchez no está dispuesto a parar de politizar la Justicia». Una de las líneas rojas que los de Feijóo habían establecido en las conversaciones para desbloquear el Poder Judicial con el PSOE -las cuales celebran ahora haber roto- pasaba por no designar para altas magistraturas del Estado a personas que hubiesen ocupado cargos de responsabilidad en el actual Ejecutivo, como ya había sucedido con el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general.

Pero el bloqueo en el CGPJ y, apuntan desde el Ejecutivo, la actitud de los ocho magistrados conservadores de este órgano que «no cumplen la ley ni la Constitución» al impedir los otros dos nombramientos del TC que les competen, propició que La Moncloa tomase la iniciativa y designase este martes a sus dos candidatos. Lo hizo, eso sí, sin respetar el procedimiento constitucional de renovación de la corte por tercios;es decir, sin esperar a que el CGPJ haya designado a sus dos candidatos.

Este defecto de forma es, precisamente, lo que el PP eleva ahora ante la Comisión Europea. Se trata, dice en la misiva, de una «reiteración» del Gobierno en su empeño de «politizar la justicia» -reproche que el PSOE le devuelve- y recuerdan que los perfiles escogidos suponen «una violación de los continuos llamamientos de la UE a los Estados miembros para garantizar la independencia judicial». En concreto, el último cargo de Juan Carlos Campo -hasta julio de 2021- fue el de ministro de Justicia en el actual Ejecutivo de Sánchez, mientras que Díez abandonó el pasado abril su puesto en el ministerio del que es titular Félix Bolaños.

El comisario europeo de Justicia, a quien el PP insta a valorar la «adecuación democrática» de estos dos nombramientos, ya visitó Madrid en septiembre en un baldío intento de engrasar el acuerdo Gobierno-PP. Los populares se apoyan en que Didier Reynders abandera la tesis de Bruselas favorable a que los responsables del Poder Judicial sean elegidos por los jueces, la que ellos comparten ahora aunque no tocaron el modelo vigente bajo la mayoría absoluta de Rajoy.

Cuestionado este miércoles por la polémica en torno al paso del Gobierno sobre el TC, Reynders se mostró cauto y reiteró que «lo primero es la renovación del CGPJ que permita hacer todos los nombramientos en el Tribunal Constitucional». El comisario constató que España «no es el único país en el que se han optado por exministros para la corte de garantías. No obstante, también dijo que aún no había analizado los nombramientos del Gobierno y que esperaría a tener todos los detalles.

La novedad más relevante respecto a la queja elevada por Feijóo y los suyos es la implicación del Partido Popular europeo -el principal grupo político de la UE-. Este únicamente habían criticado de forma abierta hasta el momento derivas contra el Estado de derecho en países como Polonia o Hungría. Nunca había hecho lo propio con un Gobierno socialista de la UE como el de que preside Pedro Sánchez..