Democracia imperfecta, pero plena

En un momento en el que la salud democrática del continente europeo, y del mundo en general, parece resentirse -según el informe que, desde 2006, realiza la Unidad de Inteligencia de 'The Economist'- los españoles pueden congratularse de formar parte del escaso 4,5% de la población mundial que vive en una «democracia plena». No es poca cosa si se tiene en cuenta que de los 167 países analizados en función de la calidad de sus procesos electorales, sus libertades civiles, el funcionamiento de su Gobierno, la participación pública y la cultura política, sólo 19 fueron catalogados como tales en el estudio correspondiente a 2016 (el último publicado). Estados Unidos ha perdido esa condición y el año pasado fue catalogado de «democracia defectuosa».

El de 'The Economist', por otro lado, no es el único análisis que contradice el discurso de Puigdemont y el secesionismo, algunos de cuyos componentes han llegado a hacer analogías entre España y Turquía. «Me parece que el peso de la cultura franquista y el autoritarismo condiciona enormemente la política española - afirmó el diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, en una reciente entrevista en 'El Español'-. Estamos aún muy lejos de ser un país como Francia o Alemania». Freedom House, una organización con sede en Washington dedicada a la promoción de la libertad, la democracia y los derechos humanos, también apunta lo contrario.

En el informe de 2017 (con datos de 2016) sobre el estado de los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo, este organismo no gubernamental otorga a España una puntuación de 94 sobre 100. Francia obtiene hasta cuatro puntos menos, 90. Alemania tan solo uno más, 95. También Bélgica , desde donde el expresidente de la Generalitat insiste en denostar el sistema español, logra 95 puntos. Paradójicamente, en la categoría 'rule of law' (imperio de la ley), España sale mejor parada que el cobijo de Puigdemont.

En ese apartado concreto, ('rule of law') los analistas de Freedom House pretenden dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Hay justicia independiente?, ¿la ley prevalece?, ¿está la policia bajo control civil directo?, ¿existe protección contra el terrorismo político, la detención injustificada, el exilio, la tortura ya sean ejercidos por quienes apoyan o por quienes se oponen al sistema?; ¿se trata de un país libre de guerras e insurrecciones?, y por último, ¿se garantizan por ley, mediante políticas y en la práctica el trato igual de diversos segmentos de la población?». España obtuvo 15 puntos sobre un máximo de 16. Bélgica, trece.

Es cierto que, en el citado informe, se menciona a España entre los países en los que los derechos políticos y las libertades civiles sufrieron algún revés. Ocurre lo mismo con los Estados Unidos, con Francia o con Dinamarca, entre otros. Pero eso no impide una buena valoración en el cómputo general. «Aunque la corrupción política sigue siendo motivo de preocupación, se ha procesado a políticos y figuras relevantes», se destaca. «La legislación restrictiva adoptada en años recientes -se añade en alusión a la llamada 'ley mordaza' o la introducción de penas de prisión contra los piquetes de huelga- suponen una amenaza sobre un sistema de libertad de expresión y reunión por lo demás robusto».

Amnistía Internacional (AI) -que denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de Policía Nacional y Guardia Civil el pasado 1 de octubre en Cataluña- también deja constancia en su 'Informe 2016/17' de lo exagerada y poco puesta en razón que resulta la ya mencionada comparación con Turquía. En el prólogo del extenso documento, el secretario general de la organización, Salil Shetty, recuerda que tras el golpe de Estado fallido contra Recep Tayyip Erdogan en julio del año pasado, «más de 90.000 personas empleadas en el sector público perdieron su trabajo por tener presuntos 'vínculos con una organización terrorista' o representar 'una amenaza para la seguridad nacional'; además, se sometió a prisión preventiva a 118 periodistas y se cerraron de forma arbitraria y permanente 184 medios de comunicación».

Nada similar se ha vivido en España. No en vano, esta misma semana, la organización pro derechos humanos dejó claro que, aunque considera «desproporcionado» el ingreso en prisión de los líderes de las asociaciones independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y aunque discrepa de que pueda acusárseles de un delito de sedición, ni ellos ni los ocho exconsejeros de la Generalitat encarcelados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela pueden ser considerados «presos de conciencia» porque han protagonizado actuaciones que podrían ser constitutivas de delito y la justicia está en su derecho de investigarlo.

Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con el Reino Unido -al que AI señala por haber aprobado una ley de Poderes de Investigación que supuestamente compromete el derecho a la privacidad- España no merece ningún comentario propio en el preámbulo del informe. De las 477 páginas de la que consta, sólo se le dedican tres, referidas fundamentalmente al mantenimiento del delito de enaltecimiento del terrorismo', al trato que reciben los inmigrantes que tratan de cruzar de manera irregular las fronteras, a las bajas cifras de acogida refugiados y a la falta de cooperación con lajusticia argentina en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, tampoco dejan a España en muy mal lugar, como ya apuntó esta semana el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, para responder a la afirmación de Puigdemont de que el Estado viola derechos humanos y que por ello ya ha tenido que pasar «vergüenza» ante la justicia internacional en muchas ocasiones. «Esas declaraciones hay que contrastarlas con la realidad. España es uno de los países con menos condenas», dijo el jefe de la diplomacia.

En los registros de la Corte, desde 1959, constan 151 juicios a España. De ellos, se consideró que se había violado al menos un derecho en 98. En el caso Bélgica, fueron 164 de un total de 229; en el de Alemania, 186 de 305; en el de Francia, 722 de 985, y en el del Reino Unido, 312 de 540. Los países con mayor número de condenas (más de mil) son Turquía, Rusia, Rumanía, Ucrania, Polonia e Italia. España no tiene ni una sola condena por vulnerar la libertad de pensamiento.