Delgado avisa de que la Fiscalía no puede actuar aún contra el tercer grado a los presos del 1-O

Delgado confirmó que el Gobierno catalán no ha remitido aún los informes en los que se apoyó para justificar la semilibertad de los dirigentes independentistas condenados en octubre de 2019. Ni siquiera ha notificado su resolución. Y sin ese paso previo el Ministerio Público está atado de pies y manos.

Los plazos procesales ya hacían difícil de antemano que se pudiera impedir la participación de los condenados en actos como el que protagonizaron el lunes a favor de la autodeterminación y su amnistía. Pero a siete días para que acabe la campaña resulta casi imposible. Lo previsible es que la Fiscalía recurra primero en alzada ante el juez de Vigilancia Penitenciaria y reclame la suspensión cautelar de la semilibertad. En caso de no tener éxito sobre el fondo de la cuestión, acudirá al Tribunal Supremo en su calidad de tribunal sentenciador. Sólo el primer trámite podría llevar tres o cuatro días.

La fiscal general aseguró en una entrevista en Onda Cero, aun así, que la tardanza del Gobierno catalán puede considerarse «normal» y evitó censurarla. «Bueno –matizó– la regulación administrativa es bastante difusa; no hay plazos preclusivos». También fue cauta a la hora de anticipar con rotundidad que harán los fiscales encargados de estudiar el caso, pero apuntó que, seguramente, irán «en línea con el Tribunal Supremo», que en diciembre ya revocó el primer tercer grado, concedido a los presos del ‘procés’ en agosto, por considerarlo demasiado prematuro.

Entonces el Supremo argumentó que la administración penitenciaria no puede «vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado», recordó que sobre los presos pesan condenas elevadas, de nueve a trece años, de las que ninguno ha cumplido aún siquiera la mitad y remarcó que ese hecho exigiría una «justificación reforzada» de la progresión de grado que no se había realizado.

«Sería imprudente adelantarme al estudio de los compañeros de Vigilancia Penitenciaria, que evaluarán el asunto como han hecho con otros casos que tienen derivadas políticas. Pero lo que sí puedo decir es que tenemos una resolución, ni más ni menos del Tribunal Supremo –dijo Delgado– que nos dan una interpretación legal».

La exministra de Justicia también optó por ‘decir sin decir ‘sobre otro asunto polémico, el de los indultos. Y, de manera implícita, dejó claro que no comparte la dura argumentación de los fiscales del caso en contra de que el Gobierno conceda esa gracia a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y el resto de condenados. «Como se puede comprobar –dejo caer–, tienen autonomía». Además, recordó que como ministra ella encomendó a la Abogacía del Estado que acusara de sedición y no de rebelión.