Dejan en libertad a casi todos los internos del CIE madrileño de Aluche

Hace dos semanas el Defensor del Pueblo pidió la liberación de estas personas porque se encuentran «en una situación particularmente vulnerable» en el escenario de la crisis sanitaria actual, que además «impide» que se pueda materializar la devolución o expulsión a su país de origen.

Así respondió esta institución a la queja presentada días antes por la Asociación de Abogados Extranjeristas, que denunciaba que, al decretarse el estado de alarma por la crisis del COVID-19 y ante las restricciones impuestas por terceros países a personas procedentes de España, los CIE carecen de sentido porque «no se puede garantizar de ninguna manera» la deportación de los internos, que es el principal objetivo de estas instituciones.

Según sostiene el Defensor del Pueblo, las «excepcionales circunstancias» por la crisis del COVD-19 «han de tomar en consideración de modo prioritario la salud y la seguridad, tanto de los internos como de los funcionarios de policía y todo el personal que presta servicio en los CIE».

«Por ese motivo resulta imprescindible asegurar que esa puesta en libertad se realice en condiciones que permitan dar cumplimiento a las medidas decretadas en el estado de alarma para todos los ciudadanos», apostilla.

Así pues, para asegurar que se dan esas condiciones para la puesta en libertad de los internos, el Defensor del Pueblo explicó hace dos semanas que se encuentra en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras así como con la Secretaría de Estado de Migraciones.

Por su parte, en una rueda de prensa el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, aseguró que toda persona interna en un CIE será puesta en libertad si durante la crisis del nuevo coronavirus COVID-19 y el obligatorio confinamiento que conlleva, supera el máximo de estancia legal en estos centros, fijado por ley en 60 días.