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El Defensor del Pueblo abre un nuevo frente al Ministerio del Interior y a su política en materia de extranjería. Tras la polémica por las muertes en la valla de Melilla junio o las expulsiones de menores de Ceuta el pasado año que van a ... acabar en el banquillo con la exdelegada del Gobierno, ahora la oficina que dirige Ángel Gabilondo pone el foco en la llegada de los inmigrantes por vía marítima. Y es que el organismo ha emitido una resolución en la que denuncia que los agentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que en territorio español por ley siguen «instrucciones» del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, hostigan a los 'sin papeles' recién desembarcados de las pateras y cayucos con interrogatorios para que aporten datos sobre las mafias de tráfico de personas. Es más, el Defensor asegura tener pruebas de que esas «entrevistas» en los instantes inmediatamente posteriores a pisar tierra firme se hacen sin presencia de abogados y con otras graves deficiencias.
En su informe, fechado el pasado 11 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico, la institución se queja ante la Dirección General de la Policía, órgano que coordina las «entrevistas» a los recién llegados, de que éstas se «realizan mientras las personas, que acaban de llegar por vía marítima y en condiciones de peligro y vulnerabilidad, se encuentran privadas de libertad, conocedoras de la posibilidad de ser devueltas y sin haber tenido asistencia jurídica en el momento de la entrevista, sino posteriormente».
El Defensor del Pueblo basa sus acusaciones particularmente en dos inspecciones realizadas a los operativos de Frontex en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) del puerto de Almería, dependiente de la Policía Nacional, y al muelle del puerto Gran Tarajal en Fuerteventura.
Interior, en sus escritos al Defensor, alega que esas entrevistas son «voluntarias» y «anónimas» y que con estos interrogatorios solo se busca recabar información para prevenir «delitos graves». Según la Policía, se trata de conocer «rutas utilizadas, modus operandi de los migrantes irregulares, delitos transfronterizos, trata de seres humanos, contrabando de drogas, fraude documental, terrorismo, etc.».
Pero esas explicaciones no convencen en absoluto a la institución. «Sobre la voluntariedad de estas entrevistas, cabe señalar que, tanto su situación como las carencias existentes en la comunicación, hacen casi impracticable la obtención de un consentimiento informado y voluntario por parte de los entrevistados», apunta la resolución, que recuerda que el hecho de que estos interrogatorios se haga de «manera sistemática» sin excepción a todos los recién llegados desmonta el argumento de la voluntariedad que arguye el Ministerio del Interior.
Pero más allá de que el Defensor no se cree que la versión de esa voluntariedad, la oficina denuncia las formas (horas aguardando en fila para ser interrogados tras una «compleja travesía marítima») y sobre todo las irregularidades de esos interrogatorios, en los que, incluso, se les pregunta sobre la religión que profesan los 'sin papeles'. «Se observaron carencias en la provisión de información a las personas entrevistadas sobre el objeto de la misma, así como el uso que se haría del testimonio facilitado», denuncia el informe.
«En ningún momento pudo observarse que se aportase detalle sobre el derecho de los entrevistados a no facilitar datos que pudiesen resultar incriminatorios», abunda el documento del Defensor, que, además, desvela que es muy probable que los inmigrantes no se enteraran realmente a qué respondían. «A pesar de contar con una intérprete, se observaron dificultades en la comunicación, al realizarse la mayoría de las entrevistas en inglés o francés, sin que mediase una mínima evaluación de la capacidad de comprensión o competencia lingüística de los interpelados en estos idiomas».
Con esas deficiencias, el Defensor pone en duda de que los datos que busca obtener Interior puedan tener valor real, tanto operativo como jurídico. Así, asegura que la «falta de unas mínimas garantías», unida a las «carencias observadas en la comunicación» y a la «falta de confidencialidad» sin duda tendrán un efecto negativo en la «calidad de la información recogida».
El Defensor del Pueblo pone el acento en que Interior no puede ponerse de perfil ante estas irregularidades por parte de Frontex, ya que estos operativos, aunque están «diseñados por el director ejecutivo de dicha agencia» tienen como «principal responsable» al «Estado miembro». «Frontex despliega equipos que, en el ejercicio de sus funciones y competencias, están sujetos a la autorización del Estado de acogida», recuerda el equipo de Ángel Gabilondo al departamento que dirige Grande-Marlaska.
«Los equipos de Frontex, reciben instrucciones del Estado miembro de acogida, de conformidad con el plan operativo», reitera el informe, que reprocha a Interior que haya «extremado» las «garantías jurídicas» en estos interrogatorios dadas «las especiales circunstancias en las que se encuentran las personas entrevistadas».
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