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Hace dos meses los socios del Gobierno de coalición volvieron a chocar por el uso de determinado material antidisturbios para sofocar las protestas de los trabajadores del sector del metal en Cádiz. La presencia en este operativo de un vehículo blindado ligero de la Policía ... Nacional para retirar contenedores y otros obstáculos callejeros provocó el enfrentamiento entre dirigentes de Unidas Podemos y el Ministerio del Interior.
Los socios de la coalición de izquierda, ante la respuesta policial a los trabajadores del metal, centraron su crítica en la presencia de esta «tanqueta», así la bautizaron. Denunciaron el uso abusivo de la fuerza y criticaron que se decidiese sacar el blindado en esta protesta de la clase obrera y no en otros escenarios con otro tipo de actores y motivación.
El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, pidió a Interior que retirase esta «tanqueta», mientras que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, salió a la palestra para matizar que se trataba de un blindado que «no está dotado de medios de ataque». Añadió que su uso respondía a dos objetivos: uno disuasorio y otro operativo. En cuanto al vehículo, rehusó llamarlo «tanqueta». «Solo es un blindado, con ruedas de mayor resistencia y una pala para cuando hay piquetes», detalló para rebajar la polémica.
Pues bien, la cesión de estos BMR (acrónimo de Blindado Medio sobre Ruedas) de Defensa a la Policía se ha producido de forma íntegra durante esta legislatura, bajo el Gobierno de coalición. Según los datos facilitados a este periódico por la Dirección General de Armamento y Material, desde 2019 se han entregado seis BMR a los antidisturbios, dos en una primera fase y cuatro el pasado curso, en 2021.
Las plataformas entregadas por Defensa habían finalizado el ciclo de vida útil tras estar 30 años al servicio de las Fuerzas Armadas. La entrega entre ministerios se ha realizado mediante mutación demanial. Se trata de una figura jurídica que implica el cambio de afectación de un bien de dominio público a un fin o servicio público distinto. Esta es la razón por la cual el delegado del Gobierno en Andalucía alegó que el blindado no era un vehículo militar propiamente dicho, ya que había sido despojado del sistema de armamento para darle un uso civil.
El BMR fue fabricado por la firma española Santa Bárbara Sistemas en los años ochenta del pasado siglo y se ha ido modernizando con el paso del tiempo. Debido a problemas de vulnerabilidad relacionados con su escasa protección ante ciertas amenazas, como las minas, se irán sustituyendo en los próximos años por los nuevos vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8×8 Dragón. El coste por unidad de los BMR es de unos 250.000 euros.
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