España condiciona su presencia en el escudo antimisiles europeo a cuestiones geopolíticas y presupuestarias

Por lo tanto, razones geopolíticas explican la posición española sobre este nuevo sistema defensivo, según señalan fuentes del Ministerio de Defensa, que recuerdan también que de forma oficial el Gobierno no ha recibido la invitación para sumarse al programa. No obstante, la ministra Margarita Robles ha señalado hoy que cualquier decisión se tomará «cuando avance (el programa) dentro de dos, tres o cuatro años y si se entiende que tendría efectos positivos», ha dicho en una entrevista en la Cope. «Estamos permanentemente colaborando, participando y creemos en la defensa colectiva. Nosotros nunca nos negamos a nada», ha añadido Robles.

La realidad es que varios aspectos condicionan la presencia española en este escudo antimisiles, detallan las fuentes ministeriales consultadas. En primer lugar están las razones geográficas, al tratarse de un sistema orientado a prevenir cualquier ataque de misiles rusos en el flanco norte de Europa. Así, un total de 14 aliados además de Finlandia, país en proceso de adhesión, han sellado su compromiso para desarrollar esta iniciativa de manera conjunta con soluciones interoperables. En la lista se encuentran Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Eslovenia, Rumanía, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido.

En segundo término se encuentran las razones operativas, ya que la OTAN, en este «enfoque multinacional y multifacético» potenciado en la última cumbre celebrada en Madrid, se muestra partidaria de que las naciones fortalezcan su disuasión y defensa de manera eficiente y rentable según su localización.

Por ejemplo, en el flanco sur están los grupos navales permanentes de la Alianza Atlántica, una misión que se ocupa de la vigilancia y supervisión del Mediterráneo, donde España o Italia aportan más efectivos y buques que el resto de socios por tratarse de su espacio natural de seguridad y defensa.

En este capítulo también destaca la presencia continúa de la fuerza naval estadounidense en las bases de Rota (Cádiz) y Segonella (Sicilia). En el recinto militar gaditano, por ejemplo, están destacados cuatro destructores -dos más llegarán entre 2024 y 2026- dotados con sistemas de armas defensivas para hacer las veces de escudo protector.

Sin ir más lejos, en junio pasado llegó a su nuevo puerto de Rota el moderno destructor USS Paul Ignatius, puesto en marcha en 2019 y de 150 metros de eslora, cuya misión es defender el espacio OTAN de ataques con misiles. Para ello está dotado del sistema Aegis, de la compañía Lockheed Martin, un programa que integra radar, pantallas, programas informáticos y lanzamiento de misiles.

De esta manera se configura un auténtico escudo contra misiles asentado en territorio español y que cuenta con un programa de lanzamiento vertical formado por 18 variantes antiaéreas, balísticas, anti-submarinos o crucero de largo alcance. Estos son los famosos tomahawk, cuya unidad tiene un coste aproximado de 750.000 euros y un alcance efectivo de hasta 1.600 kilómetros, dependiendo de si lleva o no propulsor.

Por último, para entender la posición española sobre el sistema de defensa que promueve Alemania -dispone de una partida récord de 100.000 millones para invertir en seguridad y defensa en los próximos años, lo que supone un vuelco a su gasto militar tradicional- también influyen las cuestiones presupuestarias y, por ende, políticas en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Las fuentes de Defensa consultadas subrayan la importancia de la coyuntura actual, la necesidad de sacar adelante las partidas previstas de gasto militar -crecerá un 26% en 2023 hasta los 12.300 millones de euros- y la decidida apuesta para desarrollar los 13 programas de modernización de armamento, que se llevan 4.900 millones del total. Por lo tanto, el presupuesto ya está muy tasado y cualquier partida extra -como invertir a corto plazo en el programa alemán- entraría como crédito extraordinario.

Este esfuerzo para aumentar las partidas en Defensa y cumplir los compromisos con la OTAN -llegar a invertir el 2% del PIB en 2029- ya ha provocado diferencias entre los socios del Ejecutivo, que fueron mitigadas por la subida de las partidas sociales. Sin embargo, ahora empieza una segunda fase negociadora con los aliados de legislatura -ERC, PNV, EH Bildu, PdeCAT y Más País-, algunos de ellos con un marcado carácter antimilitarista, para aprobar las cuentas públicas.