Las defensas de Alsasua concluyen que fue un «encontronazo fortuito» sin sesgo terrorista

La abogada Amaia Izco, que representa a los acusados Jokin Unamuno y Ainara Urquijo (que se enfrentan a 50 y 12 años de cárcel por lesiones y amenazas terroristas, respectivamente), ha pedido la absolución de sus dos defendidos y, en todo caso, ha expuesto que lo ocurrido en un bar a altas horas de la madrugada dentro de un contexto festivo fue algo «casual» fruto de una discusión sobre si los agentes debían o no estar allí «por su condición de guardias civiles».

En el juicio, ha dicho, se han «magnificado» los hechos y las víctimas los han representado como una «agresión salvaje», cuando en realidad sufrieron lesiones «leves y no muchas». «Son moratones, contracturas, raspazos y un tobillo roto, que al observador ajeno a los mismos, si los ve, no aprecia ningún sesgo o naturaleza terrorista», ha señalado.

La abogada ha recordado que a sus clientes se les atribuye el carácter terrorista recogido por la última reforma del Código Penal, pensada para los conocidos como «lobos solitarios» del terrorismo yihadista y que no es aplicable a este caso porque los hechos no se enmarcan en una «estructura organizada que ataca directamente a los cimientos del Estado».

Tampoco, ha dicho, se puede acudir a la definición del artículo 573 como algo que provoca un «estado de terror en la población» solo por el hecho de que los agredidos sintieran «miedo, pánico o terror». «Que las personas se sientan aterrorizadas no lleva consigo esa finalidad de aterrorizar a la población», ha remachado.

Tanto la abogada de Jokin Unamuno y Ainara Urquijo como los de Ohian Arnanz y Julen Goicoechea han cuestionado el informe de la Guardia Civil que en el juicio fue presentado como prueba pericial según el cual se vincula un manual incautado a ETA en 1999 con el movimiento Alde Hemendik (Fuera de aquí), que a su vez deriva en la festividad de Ospa Eguna, que venía celebrándose en Alsasua desde 2012. «No consta ningún elemento que acredite su veracidad», han dicho los defensores.

La abogada Izco ha defendido también que estos movimientos no son terroristas, sino de «denuncia de actuaciones policiales de la Guardia Civil, de la Policía Foral y de la Policía Nacional, que se consideran represivas, abusivas, que se consideran excesos o una excesiva presencia policial en localidades de Navarra». Para la abogada, la tesis de la Fiscalía de que la estrategia de ETA sigue presente contrasta con «la terca realidad política y sociológica que se vive en el País Vasco y Navarra y en el resto del Estado español».

Respecto a sus defendidos, ha reconocido que Unamuno discutió especialmente con el teniente dentro del bar Koxka, pero que fue por unas multas que le había puesto y ha añadido que no se ha probado que participase en la agresión. Tampoco se ha probado, a su juicio, que la joven acusada dijera a los agentes: «Esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis del cuartel», les dijo. Pero de haberlo hecho fue para su abogada una «frase de mal gusto que no se debió decir», pero no un delito de amenazas terroristas «real, serio y persistente» que merezca 12 años y medio de cárcel. Mañana continúa la vista oral con el resto de defensas y la última palabra de los procesados.