El decreto de disolución de las Cortes hará decaer mañana 300 iniciativas legislativas

El día en el que, tras meses de bloqueo y unas segundas elecciones, Mariano Rajoy logró ser investido presidente, en octubre de 2016, con al apoyo de Ciudadanos y la abstención de un PSOE que no era el de Sánchez, los partidos de la oposición se las prometieron muy felices. Por primera vez, parecía posible legislar desde el propio Parlamento al margen e incluso en contra del Gobierno. Los números daban para tumbar algunas de las iniciativas más polémicas del último Ejecutivo popular en mayoría absoluta (2011-2015).

No pasó mucho tiempo , de hecho, antes de que se demostrara, primero con simples mociones y proposiciones no de ley, el amplio rechazo de la Cámara a la Lomce, la 'ley mordaza', la prisión permanente revisable o los plazos de instrucción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por poner un ejemplo. Paradójicamente, esas cuatro leyes emblemáticas del PP siguen, sin embargo, en vigor. Y las culpas de que sea así están repartidas. En unos casos, los principales responsables son, como señalan con insistencia los socialistas, PP y Ciudadanos. Desde la Mesa, ambos han aprobado ampliaciones sucesivas de los plazos de enmiendas (hasta 60 para la reforma de la Lecrim). Pero en otros, ha quedado patente que es más fácil unirse para criticar que para consensuar un nuevo texto (la tramitación de la 'ley mordaza' se desbloqueó en febrero de 2018).

Es cierto también que en el tiempo en el que Rajoy permaneció en el Gobierno, los grupos de la oposición no lo tuvieron fácil para hacer prosperar sus planteamientos. En su afán por no encajar derrotas parlamentarias, el Ejecutivo echó mano con excesiva y abusiva frecuencia -a tenor de nada menos que 5 sentencias del Tribunal Constitucional- del veto presupuestario, una prerrogativa que permite oponerse a aquellas proposiciones de ley que supongan un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos. Lo hizo, por ejemplo, con la petición del PSOE de paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE, con otra propuesta socialista sobre pensiones o con una de Podemos que pretendía modificar la reforma laboral.

A partir de junio de 2018, ya en el Gobierno, el problema de los socialistas ha sido otro: de nuevo el «obstruccionismo» de PP y Ciudadanos en la Mesa, contra el que esta semana el PSOE presentó otro recurso al Constitucional, pero también la dificultad deahormar acuerdos entre socios con distintas sensibilidades -CiU apoyó, por ejemplo, la reforma laboral del PP que pretendían derogar- y la responsabilidad de ser el que gestiona un Presupuesto y no el que lo comenta, la 'realpolitik'.

El caso es que en el tintero se quedan asuntos de los que los progresistas habían hecho bandera como la ampliación de la ley de Justicia Universal, el fin del voto rogado, la reforma que permite a los menores de 16 años cambiar de sexo sin permiso paterno o la regulación de la eutanasia. También promesas del Gobierno como la reforma de la ley educativa y el anteproyecto deley del cambio climático, aprobados por el Consejo de Ministros 'in extremis' a sabiendas de que decaerían, o el ajuste de la cotización de los autónomos tras la subida del SMI que se iba a regular en 2019, la 'tasa Google' y el impuesto de transacciones financieras, y la reforma constitucional para limitar los aforamientos.

A Sánchez le queda aun así un as en la manga: los decretos leyes, que pueden ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso ya disuelto. En nueve meses, el líder del PSOE ha batido récords en el uso de este instrumento reservado constitucionalmente a cuestiones de «extraordinaria y urgente necesidad». Lleva 31 y, aunque no es el primero que hace una interpretación laxa del artículo 81 de la Carta Maga, su intención de hacerlo hasta las elecciones ha desatado la ira de la oposición.