Los 'decretazos' de Sánchez baten récord

En seis años y medio Rajoy echó mano de esta herramienta parlamentaria hasta en 107 ocasiones. «Han convertido una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar», le espetó por aquel entonces al expresidente gallego un Sánchez que ya ha superado de forma holgada esa cifra cuando aún falta un año y medio de legislatura. De hecho, al socialista ya solo le superan Felipe González o José María Aznar, bajo cuyos Gobiernos se llegaron a aprobar 130 y 127 decretos-leyes, respectivamente. Un número que puede parecer elevado pero sobre el que hay que tener en cuenta que González pasó catorce años en el Ejecutivo y Aznar ocho.

La principal ventaja para el Gobierno a la hora de echar mano de los decretos-leyes es que no necesita a ninguna de las dos cámaras. Puede aprobar medidas con rango de ley sin que estas se debatan y sin tener que enfrentarse a la oposición para obtener una mayoría. Es cierto que luego el Congreso dispone de un plazo de 30 días para convalidar dichas medidas y que el decreto puede decaer si no se vota a favor. Pero esta forma de legislar impide que, en el caso de ser aprobado, pueda modificarse ningún aspecto del mismo. Es un todo o nada.

El primer presidente de nuestra democracia, Adolfo Suárez, también los utilizó, llegando a emitir hasta 100 en los cuatro años que estuvo al frente del Ejecutivo, desde julio de 1976 hasta 1981. Su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, únicamente hizo uso de 37 en el tiempo –desde marzo de 1981 hasta octubre de 1982 – que estuvo en el poder.

Sánchez, por su parte, ha atravesado distintos estadios. Impulsó 35 reales decretos en los alrededor de ocho meses que estuvo entre la moción de censura y el adelanto electoral de 2019. Luego, en la legislatura en la que no se logró formar gobierno tras las elecciones de abril –se convocaron otras en noviembre–, fueron siete. Pero es en la actual legislatura cuando el dirigente socialista ha batido todos los registros: 83 reales decretos-leyes.

La hoja de ruta que Sánchez aspiraba a cumplir cuando consiguió formar gobierno se ha visto afectada por circunstancias tan anómalas como la pandemia de covid-19, la guerra de Ucrania o el volcán en La Palma. Y en ello mismo se escuda con frecuencia. Pero la realidad es que esta figura le ha permitido sortear la debilidad parlamentaria que le acompaña –obtuvo la investidura más ajustada de la democracia con el respaldo de 167 diputados– y le ha posibilitado salvar una agenda política que sin el uso de dicha herramienta hubiese sido imposible de llevar a cabo.

El enunciado de al menos 20 de los 126 decretos-leyes aprobados por el líder socialista aluden a la covid-19. La mayoría de ellos están vinculados a los estados de alarma que el Ejecutivo fue prorrogando desde marzo de 2020 para poder implantar las medidas sanitarias, económicas y sociales que entonces consideraba necesarias. Sin embargo, ya antes de la pandemia, 17 de las 25 normas aprobadas se habían tramitado a través de esta vía.

Esta figura permite también modificar varias normas a la vez, por ello es relevante el número de páginas por cada decreto. Y en este apartado el líder del PSOE también se lleva la palma. De los cinco decretos con mayor extensión en páginas aprobados en democracia, cuatro pertenecen a su Gobierno. Uno de ellos, el aprobado en marzo para intentar frenar la escalada de precios y otras consecuencias de la guerra en Ucrania. «Fueron 160 páginas que modificaron 39 leyes del tirón», señalaba un informe de Civio el mes pasado. Según esta organización, desde que Sánchez está en la Moncloa se están aprobando una media de 918 páginas en decretos-leyes cada año. Un volumen que es prácticamente el triple de los 333 folios anuales de decretos de Rajoy.

Es habitual que la oposición haga referencia al récord de Sánchez en este frente, aunque hay algunos decretos cuya aprobación han generado más controversia que otros. Durante la pandemia, por ejemplo, el Gobierno coló en uno de ellos la inclusión del exvicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la comisión del CNI. El que se promulgó en febrero para prorrogar el uso de mascarillas en las calles incluyó la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021. Y el último de medidas para el ahorro energético ha protagonizado la batalla entre oposición y Gobierno durante las dos últimas semanas.