La declaración unilateral de independencia se abre paso como alternativa al referéndum

Aunque el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, fue tajante y dijo ayer que la declaración unilateral de independencia sin referéndum está «absolutamente descartada», no es esa la opinión dominante entre las fuerzas soberanistas. Fuentes del Ejecutivo catalán, sin desautorizar a su portavoz parlamentario, precisaron que Campuzano «no está en la cocina» de las decisiones de la Generalitat y señalaron que esa posibilidad está sobre la mesa. Puigdemont, sin ir más lejos, reconoció el pasado domingo que si no es posible llevar a cabo la votación secesionista «alguien» propondrá la declaración unilateral «y va a tener que ser debatida». Ese alguien puede ser él mismo o la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, como representantes de las instituciones más importantes de Cataluña.

Esquerra Republicana, el otro socio en el Gobierno catalán, siempre ha tenido en su agenda esta alternativa unilateral y su líder, Oriol Junqueras, la ha defendido en público. Ayer mismo el portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardá, corrigió a su homólogo Campuzano y señaló en un mensaje de Twitter que «la última palabra» sobre la escenificación de la secesión la tendrá «el Parlamento y el Gobierno» de Cataluña. En la CUP no existen dudas, su diputada Anna Gabriel resaltó que en la ley del referéndum del Parlamento de Cataluña «está muy claro» que la declaración de independencia tiene encaje legal.

Aunque la Generalitat insiste en que su apuesta sigue siendo celebrar la consulta, es consciente de que las operaciones policiales y las decisiones de jueces y fiscales estrechan a medida que pasan los días su margen de actuación. La última orden de la Fiscalía a los Mossos para que precinten los colegios electorales se suma a la incautación de nueve millones largos de papeletas, millón y medio de carteles, 45.000 cartas a miembros de las mesas de votación con la notificación de su elección por sorteo. A lo que hay que añadir la dimisión de los miembros de la Sindicatura (junta) Electoral, la ausencia de un censo y la inmovilización del sistema informático de recuento contratado.

Solo queda en poder del Gobierno de Puigdemont las urnas, el paradigma de una votación, pero con toda la logística intervenida. Además, el Ejecutivo de Rajoy ha dispuesto un despliegue sin precedentes de policías y guardias civiles en Cataluña para impedir la consulta y suplir, si se diera el caso, a los Mossos en el control del orden público.

Fuentes de las fuerzas independentistas apuntan que ya se discuten incluso los escenarios de la declaración y hablan de la convocatoria de una sesión solemne del Parlamento de Cataluña el mismo 1 de octubre o un discurso del presidente desde el Palau de la Generalitat.

El escenario de la declaración independentista sin respaldo legal entra en los supuestos que maneja la Moncloa, pero también en los del PSOE y Ciudadanos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría emplazó ayer a Puigdemont a no caer en esa tentación que «siempre ha estado en la hoja de ruta de la CUP» porque «no sería bueno para nadie seguir la ruta de los más fanáticos».

El líder socialista, Pedro Sánchez, responsabilizó a Podemos y al partido de Ada Colau, Catalunya en Comú, de ser los cómplices con su ambigüedad hacia la consulta. «Que tengan cuidado, mucho cuidado –advirtió–, no vaya a ser que la posición que están manteniendo sobre el 1 de octubre sirva de coartada perfecta para el independentismo». Albert Rivera se mostró convencido de que «el referéndum era una excusa, un paripé para justificar la declaración unilateral de independencia», que fue su objetivo primordial desde el principio.