Una decisión controvertida que todavía no ha llegado al fondo

Será la Sala de lo Penal del Supremo la que decida si efectivamente aquella decisión fue legal o si, por el contrario, fue un delito de desobediencia que merece la inhabilitación tal y como sentenció el 19 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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Solo podrá ser esa Sala de lo Penal la que en cuestión de semanas o meses zanje la polémica. O no. Porque ese tribunal podría dar la razón al recurso de casación de Torra contra el fallo del TSJC y revocar la sentencia inhabilitatoria, aunque el presidente hubiera sido ya apartado en virtud de la resolución de este jueves del propio Supremo.

Y no. No sería un contrasentido. Quizás sería una paradoja que el mismo Supremo que este jueves confirmó la inhabilitación de Torra -y que certificó la Junta Electoral Central (JEC) el pasado 3 de enero- dentro de un tiempo anule la sentencia que le condenó a ese misma inhabilitación. Pero no sería una decisión contradictoria porque lo fallado este miércoles no entraba en el fondo. El Supremo este jueves se limitó a analizar desde la óptica exclusivamente del contencioso-administrativo si cabía admitir las medidas cautelares de dejar sin efecto la resolución de la JEC.

Es probable -a pesar de la cantidad de resoluciones que ha provocado este asunto- es que el Supremo de por concluida esta causa sin determinar si la JEC tiene competencias para declarar una inhabilitación como ha hecho con Torra. Los cabos sueltos podrían acabar en el Constitucional.