La década del Rey constitucional

Han querido esos recovecos del devenir histórico que el rey Felipe VI haya tenido que rubricar justo en estos días tan singulares en su memoria personal y la colectiva, los que preludian el décimo aniversario de su coronación como el primer monarca entronizado en el siglo XXI español, la ley aprobada por el Congreso para amnistiar a los dirigentes del 'procés' independentista y cientos de encausados más por la tentativa de disgregar Cataluña del marco constitucional en el convulso otoño de 2017. La norma que entró en vigor este martes en el BOE, con la nítida e identificable rúbrica de Felipe de Borbón al pie, enmienda la reacción del Estado de derecho en su conjunto frente a un desafío a la convivencia y cohesión del país que solo encuentra parangón, salvando las distancias más lacerantes, en el golpe del 23 de febrero de 1981 y en la obcecada crueldad de ETA contra la democracia. La amnistía exonera el amago de divorcio por las bravas, el referéndum ilegal promovido por el Govern de Carles Puigdemont, que obligó a Felipe VI a pronunciar el ya celebérrimo 'discurso del 3 de octubre' que habría preferido no tener que dirigir nunca a los catalanes y al resto de los españoles. El discurso de un jefe de Estado, Príncipe de Girona antes de asumir la Corona, ante un trance «gravísimo» que marca el hito más severo, más trascendental, de un reinado que cumplirá sus diez primeros años este miércoles, 19 de junio.

Los meandros de la Historia han hecho coincidir el aniversario que pasa revista a la 'década Felipe VI', de todo menos plácida para el heredero de Juan Carlos I, con esa firma de la amnistía que retrotrae al lance más crítico -así lo definen quienes lo vivieron de cerca- de su reinado. En aquellas horas eléctricas que preñaron de intensidad el mensaje vespertino del Rey a sus conciudadanos para defender la unidad del Estado y hacer valer la ley como el paraguas de la convivencia, hubo una comunicación del Gobierno de la Generalitat con la Zarzuela. Y quizá no haya definición más depurada del apego a la legalidad que todas las fuentes consultadas para este repaso histórico otorgan a la Corona en la España de 2024, de esa «normalidad constitucional» que su titular se ha esforzado en insuflar a la Monarquía, que este hilo: el que enlaza al Rey que «está en su sitio» el 3 de octubre de 2017 con el que vuelve a estarlo al rubricar la amnistía que algunos, con las tripas, clamaban por que no lo hiciera.

Siempre será una incógnita qué pensó, qué sintió, Felipe de Borbón y Grecia -el Rey y el hombre, si es que esto puede ser distinguible en el trono- ante cada desafío que le ha salido al paso desde que su padre, el reservado equipo de confianza de la Casa Real y el último dúo de Estado que encarnaron Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba diseñaran en 2014 la operación para que la abdicación del 'juancarlismo' fructificara en un relevo tan fulgurante como templado; «el éxito» que apagó las voces que exigían un referéndum entre monarquía y república. Siempre será un secreto cómo lo encaró el heredero del Rey de la Transición, viendo cómo el reproche social pasaba factura a su progenitor por haber deslucido con conductas nada edificantes el prestigio tan largamente labrado. Aquel heredero que tenía diez años cuando asistió a la promulgación de la Constitución en las Cortes de 1978. El primer soberano español en haber vivido el grueso de su vida en democracia.

El reinado de Felipe de Borbón echó a andar desde niño, desde que tuvo uso de razón para que le hicieran conocer la particularidad de su destino como él ha hecho con la princesa Leonor. Pero el latido de estos diez años enraíza en el otro discurso que define el ejercicio de sus funciones constitucionales en esta década, el de su proclamación ante las Cortes reunidas con la solemnidad propia del momento la engalanada mañana del 19 de junio de 2014. El Rey que reina pero no gobierna -el jefe del Estado que es «símbolo de su unidad y permanencia» y «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones», acota el artículo 56 de la Carta Magna- sentó las bases vigentes de «una Monarquía renovada para un tiempo nuevo». El compromiso consciente de la responsabilidad del que Felipe VI ha hecho divisa.

Extramuros del boato institucional de aquella jornada para las hemerotecas -lo recuerda Elena Valenciano, hoy consejera de Estado y entonces mano derecha de Rubalcaba en un PSOE con temblores por la irrupción de Podemos- resonaba un descontento inquietante. «La política estaba muy sacudida. Se estaba pidiendo un referéndum sobre el modelo de Estado, se quemaban fotos del Rey en Cataluña, se exigía revisar el pacto del 78, se equiparaba al PSOE, al PP, a la Monarquía con la casta...», rememora Valenciano, testigo de cómo el entendimiento, cuajado por el deber de Estado, entre Rajoy y Rubalcaba y «la franca» relación de éste con Juan Carlos I -«una proximidad» forjada en los Juegos del 92, con el monarca y el entonces ministro de Educación convertidos «en 'hooligans'» de los olímpicos españoles- allanó el terreno para encarrilar, primero, la abdicación a través de la ley de artículo único redactada para la ocasión histórica; y, a renglón seguido, la entronización de Felipe VI.

El hoy rey emérito renunció a la Corona con su popularidad en mínimos, erosionada por la causa por corrupción que sentó en el banquillo a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin y el escándalo del viaje a Botsuana para cazar elefantes junto a Corinna Larsen. El CIS le otorgó un suspenso en la valoración ciudadana en los prolegómenos de la abdicación. Aunque un año después su heredero se acercaba de nuevo al aprobado, el centro no ha vuelto a preguntar desde entonces por el parecer de los españoles sobre su Rey. Pero tanto Juan José Laborda como Emilio Lamo de Espinosa, impulsores de Remco -una red experta de estudio comparado de las monarquías constitucionales, como fuente de fortaleza institucional en las democracias avanzadas- matizan lo que puede deducirse de ese vacío en la radiografía sociológica del país.

Lamo de Espinosa, conocedor de Juan Carlos I y Felipe VI como expresidente del Real Instituto Elcano, subraya que el CIS nunca ha dejado de interrogar sobre la Monarquía en el listado de asuntos públicos que pueden preocupar a la ciudadanía. Y la Corona «no es percibida como un problema» diez años después de una abdicación que, a su juicio, sí llevaba impreso el sello de «una sanción» postrera a Juan Carlos de Borbón. «Los partidos republicanos no están haciendo bandera de ello porque saben que no tiene rentabilidad electoral. Y el reinado de Felipe VI se va asentando como algo natural», remata.

Laborda aventura una hipótesis audaz: pese a admitir que en 2014 el cuestionamiento del modelo de Estado incubaba «un riesgo» cierto, esto no solo se «ha conjurado», sino que si se hubiera convocado un referéndum en su momento, «la Monarquía lo habría ganado» y el Rey lo sería hoy «con los poderes» que no atesora. Es el «cumplimiento constitucional», adornado por «la profesionalidad» de formación «muy sólida» y «la afabilidad» de carácter que coinciden en alabar de Felipe VI quienes le han tratado, lo que hace arraigar, a ojos del expresidente socialista del Senado, el reinado adaptado al siglo XXI.

El monarca ha ido desplegando en esta década, sin aparente prisa pero sin pausa, un estilo legatario del peso de la Historia pero también propio. Ha desarrollado un modo de reinar, por personalidad y por las circunstancias, distinto al que protagonizó su padre en los 39 años en los que ostentó la jefatura del Estado. Una figura «extraordinaria en la Transición que opacó la Monarquía» en sí, describe una voz cercana a la Casa Real que valora la pedagogía constitucional que proyecta el reinado de Felipe VI. Laborda distingue entre el Rey constituyente, «carismático», que en su discurso vestido de militar la volcánica noche del 23-F anuncia que ha dado «órdenes» y el Rey de la democracia asentada; de «la legitimidad racional» derivada de ser el «primer servidor» del orden constitucional al que se ciñe la tarde del 3 de octubre de 2017, aunque los independentistas lo siguen interpretando como la gran ofensa.

Si el amago de ruptura de Cataluña ha constituido la herida de su reinado, el distanciamiento con su padre ha representado el desgarro afectivo. La Corona es institución y es familia. Pero cuando el deber, el espíritu constitucional y «el interés general» obligaron a decantar la balanza, Felipe de Borbón la inclinó hacia el compromiso formulado en su proclamación con «la Monarquía renovada para un tiempo nuevo» que heredará su hija Leonor. El soberano fue levantando lo que Lamo de Espinosa califica como «una muralla china frente a un pasado tóxico». Retiró el ducado de Palma a su hermana Cristina por el 'caso Nóos' antes de emprender el camino, que todas las fuentes consultadas dan por doloroso, hacia el alejamiento de su progenitor.

El domingo 15 de marzo de 2020, con España confinada por la covid y bajo el punzante eco de las investigaciones a Juan Carlos de Borbón por sus negocios, Felipe VI suprime la asignación de 195.000 euros con que el emérito contaba a cargo del presupuesto de la Casa del Rey y renuncia a toda herencia paterna. Fue el anticipo de la pactada marcha a Abu Dabi en agosto de aquel mismo año, una distancia en vuelo de 5.600 kilómetro que solo el paulatino cierre del periplo judicial de Juan Carlos I ha comenzado a acortar.

En esta década en la que la situación política española ha estado tan agitada como para que haya tenido que encarar diez rondas de consultas para la investidura frente a las 11 de su padre en 39 años de reinado -y en una de ellas el mismo Rajoy que contribuyó decisivamente a que la travesía entre ambos monarcas llegara a buen puerto lo dejó plantado y sin candidato a presidente-, el Rey ha encarado la labor de transparencia y rendición de cuentas pendiente de su propia Casa. La «aportación» a la ejemplaridad de la democracia, como la definen quienen la han seguido paso a paso, por la que se ha aligerado el peso del personal que asiste al soberano, se ha ensanchado el régimen de incompatibilidades, se ha dado a conocer su patrimonio -2,5 millones de euros- y se ha sometido a la institución al escrutinio, vía auditoría, del Tribunal de Cuentas.

Todas esas medidas han ido reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, el edificio de la credibilidad monárquica; del «respeto» hacia Felipe VI que remarcan Valenciano, Laborda y Lamo de Espinosa. Al Felipe VI que reina percibido 'au-dessus de la mêlée' de la feroz lucha partidaria que atenaza la política española. Lo que no significa que no quepa intuirle preocupado dentro de los márgenes de su función constitucional; unas cuitas que algunos infieren de la extrema seriedad con la que el monarca presidió la asunción de su tercer mandato por Pedro Sánchez, el emanado de los pactos con los secesionistas. Pero estos años han sido también los del padre que junto a la reina Letizia, valor monárquico de cotización al alza, han visto crecer y formarse a la princesa Leonor que recogió el testigo del juramento constitucional por su mayoría de edad el pasado 31 de octubre.

El oficio de reinar se lleva en el ADN y se aprende, con preceptores pero, sobre todo, con la transmisión de lo que eso comporta por quien luce la Corona a quien va a heredarla. A falta de encuestas, las audiencias televisivas y la pulsión de las redes sociales han aflorado una 'Leonormanía' que certifica el golpe «de suerte» que supone para la institución -en esto también hay coincidencia general- que la heredera sea mujer y con las cualidades con que brilla. Y una década después, el 'juancarlismo' carismático se ha ido transmutando en una suerte de 'felipismo' discreto y «prudente».