Del 'cupo' catalán a liderar el crecimiento: los retos económicos de Salvador Illa

Su opinión coincide con otros expertos en que la premisa sobre la que se ha alcanzado ese acuerdo –que la región está infrafinanciada– no es real. Fedea, por ejemplo, apunta en un reciente informe a que Cataluña presenta 3.396 euros en recursos por habitante, superior a los 3.365 de la media del país.

Más allá de cómo se concrete el plan de financiación singular –aún deben aclarar qué impuestos se ceden y qué gastos debe asumir la comunidad–, el hecho de que Cataluña pueda manejar su recaudación no implica que su economía vaya a dispararse. Pero Illa aterriza en la Generalitat con una situación mucho mejor que la de años pasados, cuando la incertidumbre por el 'procés' despertó cierto recelo en la inversión empresarial y restó competitividad a la región que, coincidiendo con ese periodo de desafío independentista, cedió su peso en la economía española a Madrid.

Ya en 2023 el PIB catalán creció un 2,3%, por encima de la media nacional y recuperando niveles previos a la pandemia. Pero todavía por debajo del 3% que lo hizo Madrid, que ya aporta un 19,4% al PIB nacional, cuatro décimas más que Cataluña. El 'sorpasso' también se refleja en el PIB per cápita, un buen indicador de la calidad de vida de los ciudadanos. Según datos del INE, la cifra en Cataluña se sitúa en 32.550 euros anuales, por debajo de Madrid, que lidera el ranking con 38.435 euros, seguido de País Vasco y Navarra, que también adelantan a Cataluña.

Desde algunos sectores empresariales, como el Cercle d'Economia, lamentan que todavía hoy se sienta el efecto de la «fuga de empresas» del 'procés'. Cabe recordar que más de 7.000 compañías decidieron trasladar su sede social –aunque no todas su lugar de trabajo– fuera de la región, con importantes estandartes de la economía catalana como CaixaBank, Sabadell o Naturgy liderando aquel proceso.

Al efecto reputacional que supusieron esos movimientos se suman algunas decisiones de enorme impacto económico, como la que tomó en 2020 Nissan para dejar de fabricar coches en España. Lo hacía en una planta en Barcelona que, tras cuatro años, ahora intenta recuperar su esplendor tras el acuerdo para que la china Chery fabrique sus vehículos eléctricos allí.

Pese a que este anuncio ha abierto la puerta a la llegada de otros gigantes extranjeros, la realidad es que en los últimos años la pérdida de influencia de la empresa catalana ha sido notable. Y el nuevo presidente de la Generalitat, con Alicia Romero como consellera de Economía y Miquel Sàmper de conseller de Empresa y trabajo, tendrá que lidiar con la posibilidad de contar con un gigante menos si finalmente sale adelante la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, todo un símbolo de Cataluña pese al traslado de su sede social a Alicante.

Recuperar el liderazgo industrial será otro de los grandes retos económicos de Illa. «La producción industrial viene experimentando un débil comportamiento en los últimos años;en 2023, en línea con la caída de los nuevos pedidos y la atonía de la demanda externa, anotó un descenso del 0,5% (–0,8% en el conjunto del país), situándose aún un 1,7% por debajo del nivel de 2019 (frente al –1,2% nacional)», recuerdan los analistas de CaixaBank Research.

Ahora, el pilar es el turismo, que supone casi un 15% del PIB. Con una clara contrapartida: Barcelona se ha convertido en una de las ciudades más saturadas de Europa, con 15,6 millones de turistas el pasado año, frente a 1,6 millones de habitantes, según datos del Observatori de Turisme. Un flujo masivo que ha tenido consecuencias en el precio de la vivienda, con más de un centenar de zonas tensionadas declaradas, complicando mucho el acceso a una casa para los catalanes.

Illa tendrá que hacer frente a ese clima de presión al tiempo que gestiona otro gran problema estructural: el que presentan las cuentas públicas de Cataluña, siendo una de las comunidades más endeudadas de todo el país. El anterior acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluye, de hecho, una condonación del 20% de la deuda que la región mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Pero su deuda pública supera el 31% del PIB, según datos del Banco de España. En términos absolutos, ronda los 87.300 millones de euros. Es decir, cada habitante soporta unos 10.800 euros de ese desfase fiscal.