La Generalitat pide al Gobierno la cabeza del jefe de la Guardia Civil en Cataluña por sus ataques al independentismo

En los despachos de Castellana 5, en la sede del Ministerio del Interior, se ponen a temblar cada vez que saben que Pedro Garrido Roca va tomar la palabra en un acto público. En el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska rezongan en privado contra la incorrección política del general de moda, no solo en la Guardia Civil, sino en el Ejército y hasta en la Policía Nacional.

Pero más allá de cuchicheos, nadie se atreve a llamar la atención en voz alta al máximo responsable del instituto armado en Cataluña, diga lo que diga o haga lo que haga. Ni siquiera el ministro. Y es que Garrido –admiten algunos de los máximos responsables de la seguridad del Estado- se ha convertido en una suerte de «major Trapero en sus mejores momentos», un icono intocable para el cuerpo en unos meses especialmente tensos por la crisis catalana. Un ídolo para la tropa pero también para sus propios compañeros del generalato de la Guardia Civil que ven en las duras palabras que el jefe de la VII Zona de Cataluña dirige a los indepes el «verdadero sentir del cuerpo» ante la deriva secesionista.

Garrido, en cierta forma, es el mando en el que mejor se visualiza la brecha que se ha abierto en las últimas semanas entre la cúpula del instituto armado y el Ministerio del Interior, al que el generalato recrimina en privado su supuesta tibieza con el independentismo. Pedro Garrido, con el aplauso de sus compañeros de fajín, se encargó de dejar patente el pasado miércoles que la Guardia Civil no comparte las consignas de Marlaska de intentar a toda costa recomponer puentes con la Generalitat. En un nuevo discurso de un calado político totalmente inusual para un militar, Garrido afirmó que la «revolución de las sonrisas» se ha tornado en «odio y mezquindad». 

No fue ningún desliz. El máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña era muy consciente de que entre los invitados de honor al día la patrona de la Guardia Civil en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) se encontraban, entre otros, el secretario general de la Conselleria de Interior, Brauli Duart; el director general de los Mossos, Pere Ferrer; o el comisario jefe de la policía autonómica, Eduard Sallent.

El general –según han confirmado fuentes de su entorno- sabía perfectamente cuál iba a ser la reacción de sus 'invitados' y que en Castellana 5 temían que sus palabras, como al final ha ocurrido, provocaran una nueva crisis con los Mossos en puertas del macro operativo policial conjunto entre Interior y Generalitat para afrontar los posibles disturbios tras la sentencia del procés.

Los intentos en las últimas horas del Ejecutivo central de minimizar, casi disculpar, ante la Generalitat las palabras de Garrido todavía han hecho cerrar más las filas en el cuerpo, donde hasta las combativas de asociaciones profesionales han respaldado las afirmaciones del general. Las declaraciones del ministro del Interior hoy negando tensiones y afirmando que la «cooperación, coordinación y colaboración» entre las fuerzas de seguridad y los Mossos en Cataluña es «inmejorable» han terminado de caldear los ánimos.

Entre los máximos responsables de la Guardia Civil ha gustado particularmente que Garrido siga desafiando abiertamente las consignas de contemporizar con la policía catalana que llegan de Interior solo días después de que el Gobierno le concediera la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Una medalla que evidentemente no le ha hecho más dócil.

Garrido, es cierto, comenzó con sus incómodos ataques al secesionismo al poco de hacerse cargo del mando en Cataluña en junio de 2018. Sus discursos contra el «independentismo radical, autócrata, sectario y supremacista» ya le crearon problemas a Interior. Pero ahora, esas invectivas tienen todavía más carga de profundidad contra Marlaska. En el cuerpo ha enraizado un profundo enfado con el ministro por sus reiterados intentos de quitar hierro y desmarcarse de la 'operación Judas' que acabó con siete CDR encarcelados por terrorismo. Marlaska insistió en que se trataba de una «operación judicial». Poco antes, el ministro había abroncado a los mandos del cuerpo por no avisarle con antelación del alcance del operativo que ha tensado todavía más las relaciones entre los gobiernos de Sánchez y Torra.