El crimen que cambió la Transición

A eso de las diez y media se presentan en el número 55 y esperan a que termine una reunión de letrados que discuten sobre asuntos urbanísticos. Se dirigen al tercer piso y descargan sus pistolas contra nueve personas que trabajan en un despacho de abogados. Con ese crimen el proceso de transición a la democracia quedó pendiente de un hilo.

De esa noche infausta, que se conoce como la matanza de Atocha, se cumplen 42 años el próximo enero. Los pistoleros fueron condenados a una severa pena, pero dos de ellos se libraron de la cárcel por la complicidad de la judicatura.

A consecuencia del atentado terrorista perecieron los abogados Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdevira; el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez. Gravemente heridos quedaron Dolores González Ruiz, mujer de Sauquillo, que perdió el crío del que estaba embarazada; Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos y Alejandro Ruiz-Huerta. Eran abogados del PCE y CC OO que asesoraban a trabajadores y militantes del pujante movimiento obrero y vecinal.

Alejandro Ruiz-Huerta es el único testigo aún vivo de aquel día en que todos pensaron que la democracia iba a hacer agua. Salvó la vida porque la bala contra él dirigida se incrustó en un bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la camisa. Gracias a eso y a que el cuerpo de Enrique Valdevira cayó encima de él y le protegió de los proyectiles, no murió.

«Hubo dos oleadas de disparos. Primero, tiro a tiro contra cada uno de nosotros. A continuación nos remataron en el suelo. Yo me hice el muerto», dice Ruiz-Huerta, quien incluso después del atentado recibió una amenaza de muerte anónima mientras convalecía en el hospital de los cuatros balazos que le dieron en las piernas.

Pese que los pistoleros fueron condenados a una pena prolongada, de 193 años de cárcel, nunca demostraron conmiseración alguna con las víctimas. «Cada 24 de enero, cuando se celebraba el aniversario de la masacre, lo festejaban con una mariscada», asegura Ruiz-Huerta, hoy presidente de la Fundación Abogados de Atocha.

Quienes irrumpieron en el bufete y la emprendieron a tiros contra los abogados fueron tres hombres: José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernado Lerdo de Tejada, señoritingos indolentes y cautivados por las diatribas de Fuerza Nueva y la Falange.

«Eran niños bien, muy adoctrinados por quien era el secretario provincial del Sindicato Vertical de Transporte de Madrid, Francisco Albaladejo. Los tres se pasaban el día en la sede del sindicato y tenían a Albaladejo y otros gerifaltes de la extrema derecha por unos héroes», expone Isabel Martínez Reverte, quien junto a su hermano Jorge ha escrito el libro La matanza de Atocha (La Esfera de los Libros).

Los matones buscaban al organizador de una huelga en el sector del transporte, Joaquín Navarro, de CC OO, hombre escurridizo y que no se dejaba amilanar por las armas de los sicarios. Navarro estaba en ese momento en un bar cercano, Los Cortados, y escapó de la muerte de milagro. Solía acudir a Atocha 55 para recibir asesoramiento legal. Al no encontrarle, se liaron a tiros contra los allí presentes, uno de los cuales reconoció a uno de los miembros del trío criminal. Quizá por eso decidieron no dejar testigos.

Por aquellos días se vivían tiempos convulsos. Los sindicatos verticales se resistían a dejar el poder que habían acumulado durante la dictadura. La Policía no había sido depurada de los elementos que medraron durante el franquismo. Allí estaban para demostrarlo el torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y el comisario Roberto Conesa, agente de la Brigada Político-Social y represor de los grupos de izquierda.

Durante esa semana trágica estaban secuestrados por los GRAPO el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y el general Villaescusa. En las horas previas habían muerto dos estudiantes en sendas manifestaciones antifranquistas. Las iniciativas emprendidas por el Gobierno de Adolfo Suárez para disolver el magma del anterior régimen podían irse al traste en cualquier momento.

«Los asesinos se creían impunes. Jamás se creyeron que iban a ser detenidos, como sucedió pocos días después. En esos meses había mucha oposición a que avanzara la democracia. Si los pistoleros pretendían que se impidiera el avance de la democracia, se produjo el efecto contrario. El entierro se convirtió en una impresionante manifestación con más de 100.000 participantes y a los tres meses el PCE fue legalizado», cuenta Francisca Sauquillo, hermana de una de los asesinados.

La titular del despacho laboralista, Manuela Carmena, hoy alcaldesa de Madrid, negoció con el Colegio de Abogados que sus compañeros fuesen despedidos con honor y respeto, que sus cuerpos fueran velados en la sede colegial. De allí partiría una manifestación que desembocaría en la calle Atocha. El gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, y el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, no querían de ningún modo un desfile de comunistas por las calles de Madrid.

Por aquel entonces la inmensa mayoría de los policías comulgaban con las soflamas del franquismo. Martín Villa se veía incapaz de que el Estado garantizase la paz. Se temía una nueva carnicería. Hubo entonces difíciles negociaciones entre el PCE y el Ministerio de la Gobernación que acabaron con la determinación de los comunistas de que su propio servicio de seguridad asumiese el control del orden público.

Más de cien mil personas recorrieron las calles de Madrid en silencio y sin incidentes. El esfuerzo de contención hizo salir de las catacumbas a unos comunistas que el régimen había demonizado. Al entierro también asistió un Santiago Carrillo que por aquellas fechas se movía en la clandestinidad con la cabeza cubierta con una peluca.

En los meses siguientes, el juez que se encargó de la investigación, Rafael Gómez Chaparro, hizo todo lo posible y más para abortar el esclarecimiento de los hechos. «Era un juez de la Audiencia Nacional con un pasado franquista, procedía del Tribunal de Orden Público. Durante el juicio, ninguno de los abogados de la acusación pidió la pena de muerte para los imputados. No íbamos a ser iguales que las leyes de Franco», alega Francisca Sauquillo.

En mitad de la instrucción, en 1979, a uno de los acusados, Fernando Lerdo de Tejada, se le dio un permiso penitenciario de fin de semana. Jamás se incorporó a la prisión de Ciudad Real. Sus compinches, Carlos García Juliá -detenido este jueves- y José Fernández Cerrá, sí fueron juzgados y condenados. Les cayó una pena de 193 años de cárcel. Sin embargo, García Juliá también burló la justicia. En 1994 se le permitió residir en Paraguay, pese a que aún no había cumplido su pena. Cuando al año se autorizó su vuelta, no regresó. Dos años después fue detenido en Bolivia por tráfico de drogas y encarcelado en la prisión de alta seguridad de Palmasola (La Paz).

Durante el juicio, el público asistente y los acusados cantaron el Cara al Sol. García Huerta aún recuerda cómo quienes se sentaban en el banquillo se referían a los abogados muertos. «Nos llamaban cerdos comunistas».