El coste de la investidura: los acuerdos para hacer presidente a Sánchez

El texto de la negociación entre PSOE y ERC recoge la creación de una mesa de negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat y el reconocimiento -anhelado por los soberanistas- de la situación en Cataluña como un «conflicto político». Los socialistas se comprometen a aparcar la vía judicial «como solución» y contemplan la celebración de una consulta. Sin embargo, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos matizó ayer que esta no estará vinculada a la «independencia».

El documento acepta que la consulta se haga de acuerdo a los mecanismos previstos «o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político». Es decir, que no se descarta una modificación legislativa al efecto. Ambas formaciones han acordado que esta mesa de negociación empiece a trabajar 15 días después de la investidura.

El acuerdo firmado entre el PSOE y el PNV por el que los nacionalistas votarán a favor de la investidura de Pedro Sánchez incluye la reivindicación de los vascos de proceder en 2020 a la negociación y traspaso a su comunidad de las competencias estatuarias pendientes. También se procederá «en el plazo de seis meses» a la cesión de las funciones de Tráfico que actualmente cumple la Guardia Civil en Navarra a la Comunidad Foral, «con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a Euskadi».

La medida ha levantado revuelo en la arena política y quejas airadas por parte de la Guardia Civil, tantas que el propio ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska tuvo que explicar que este cuerpo «no va a salir de Navarra». Sin embargo no especificó si los agentes del Instituto Armado seguirán ostentando las competencias de Tráfico en dicha comunidad.

Teruel Existe decidió su 'sí' el jueves pasado, a última hora de la tarde. Además del compromiso de evitar el cierre de las taquillas de Renfe, como medida para paliar los efectos de la llamada 'España vaciada', los turolenses consiguieron arrancar al PSOE el compromiso de reactivar la constucción de la A-40 entre Cuenca-Teruel, que cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental Negativa (DIA) y no se puede construir salvo enormes cambios en el proyecto. El texto del acuerdo recoge que se «impulsará la ejecución de este corredor carretero de forma coordinada con el Ministerio para la Transición Ecológica» para «encontrar una solución medioambiental viable».

En materia de pensiones, PSOE y Unidas Podemos acordaron en su programa de gobierno de coalición eliminar el factor de sostenibilidad (que ajusta la cuantía de la prestación a la esperanza de vida) y el índice de revalorización (el IRP, un sistema aprobado por el Gobierno de Rajoy por el que solo suben un 0,25% si el sistema está en déficit), y aprobar una ley que obligue a actualizar las pensiones en función del IPC «de forma permanente», y se comprometen a «aumentar el poder adquisitivo» de las mínimas y no contributivas. Pero ligar las pensiones al IPC tiene inconvenientes,la Autoridad Fiscal advierte de que esta medida tendría un coste de más de 7.000 millones en 2023 y de 100.000 millones de euros a lo largo de diez años. El escenario contemplado por la AIReF es que las pensiones suban de acuerdo al IRP (0,25%) y, así, el gasto sería cercano al 10% del PIB.

La subida del salario mínimo también se refleja en el texto, cuya propuesta es que sea progresiva hasta llegar al 60% del salario medio en España, como recomienda la Carta Social Europea, lo que supondría incrementarlo hasta los 1.200 euros al final de la legislatura. El texto también se compromete a simplificar los tipos de contratos de trabajo y revisar la normativa sobre trabajos a tiempo parcial.

En este sentido, el presidente de la patronal de empresarios (CEOE), Antonio Garamendi, habló por teléfono por Sánchez antes incluso de la presentación de este documento para pedirle que «no haya interferencias» al diálogo social en la negociación del salario mínimo. «Mil euros es una barbaridad, porque llevaría a mucha gente a la economía sumergida», aseguró Garamendi.

El acuerdo entre Sánchez e Iglesias incluyó que una de las líneas principales de estos nuevos Presupuestos será la «progresividad» del sistema fiscal. El Impuesto de Sociedades será reformado para garantizar que las grandes empresas paguen como mínimo un tipo del 15%, que se eleva al 18% en el caso de los bancos y las petroleras. La cara más amable se la llevan las pymes que facturen menos de un millón de euros al año, para quienes baja el Impuesto de Sociedades en dos puntos.

Estas nuevas medidas tributarias preocupan de manera «honda» a CEOE y Cepyme, quienes afirmaron en un comunicado tras leer el acuerdo que el programa se encuentra «más cerca del populismo que de la ortodoxia económica» Alertan de que el programa tendrá consecuencias negativas porque la economía ya está creciendo por debajo del 2%.

En materia fiscal, el nuevo Gobierno pretende subir dos puntos la tarifa del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos a las de más de 300.000 euros. Esta subida solo afectará a unos 121.000 contribuyentes, el 0,67% del total, según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), que deberán abonar de media 4.300 euros más al año cada uno, lo que permitirá recaudar unos 328 millones de euros más.

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, explica a este periódico que más allá de esta medida, «no es necesario» bajar el IRPF a las rentas bajas porque hasta 12.000 euros no había obligación de declarar (a partir de este sube a los 14.000 euros) y hasta 30.000 euros declaran el 79% de los contribuyentes, «y no parece que el impuesto que soportan anualmente sea especialmente alto».

Otra de las medidas del futuro Gobierno es la regulación del precio de los alquileres debido la gran subida de los últimos años (en ciudades como Madrid se han encarecido casi un 50% desde 2014). PSOE y Podemos se comprometen a frenar las «subidas abusivas del alquiler» a través de índices de referencia. Los expertos dudan de la efectividad de la medida.