Cospedal y Bárcenas se vuelven a ver las caras en el juicio por la destrucción de los ordenadores

Un procedimiento en el que están siendo juzgados la que fuera gerente del partido, Carmen Navarro, el asesor legal Alberto Durán, el jefe de Informática José Manuel Moreno y el PP como persona jurídica. A los tres primeros les imputan encubrimiento y daños informáticos, y a la formación presidida por Pablo Casado solo el último delito. La Fiscalía de Madrid no acusa y ejercen la acción penal tres acusaciones populares, entre ellas Izquierda Unida.

La historia del borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas tuvo su origen judicial en 2013, tras el famoso despido en diferido del condenado a 33 años de cárcel por el 'caso Gürtel'. Fue Cospedal quien dijo en la Audiencia Nacional que los ordenadores en los que el tesorero sostenía que guardaba información sobre la presunta contabilidad B estaban custodiados en la sede de Génova 13 de Madrid, pero cuando el juez instructor Pablo Ruz quiso examinar su contenido se comprobó que los discos duros habían sido destruidos y se inhibió a los juzgados ordinarios para que investigaran los hechos.

La vista oral comenzó la semana pasada en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid con las cuestiones previas, en las que el PP intentó sin éxito librarse del juicio aplicando la llamada doctrina Botín, ya que sólo hay acusaciones populares y la Fiscalía no acusa. Además, Bárcenas retiró de forma sorprendente su denuncia antes de comenzar el juicio por la pieza principal del 'caso Gürtel'.

Además de María Dolores de Cospedal y Bárcenas, este jueves están citados como testigos el cuñado del extesorero y exjefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, y la secretaria del que fuera senador por Cantabria durante casi dos décadas, Estrella Domínguez. Asimismo, se espera también la declaración de los acusados, que formaban parte del equipo de confianza de la expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa.

En su declaración ante la juez de Madrid que instruyó la causa, Bárcenas detalló de memoria, sin aportar documentación que lo refrendara, que los archivos que figuraban en los discos duros contenían información sobre donantes del PP, campañas financiadas con la supuesta 'caja B' y pagos a empleados el partido.

El PP alegó que había destruido los discos duros en aplicación de la Ley de Protección de Datos cuando Bárcenas abandonó el partido y los tres empleados acusados sostuvieron que se siguió el protocolo habitual, ya que no había archivos en los ordenadores. Este es uno de los interrogantes que debería resolverse en el juicio, del que no habrá imágenes ya que el magistrado Eduardo Muñoz decidió no facilitar señal de televisión porque los acusados, dijo, no son personajes públicos.

La acusación popular, que mantiene vivo el caso, está ejercida por IU, la asociación Justicia y Libertad y la Federación Los Verdes; la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el Observatorio de Derechos Humanos. Piden condenar al PP al pago de 11 millones de euros ante la «gravedad» del daño a los intereses generales y a sus empleados, a cuatro años y medio de prisión.