Según ha informado el propio Boye a los periodistas a la salida de su declaración, que se ha prolongado tres cuartos de hora, la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres ha rechazado imponerle las comparecencias quincenales que había pedido para él la Fiscalía Antidroga. Por lo tanto, podrá acudir con total libertad a la vista que el próximo martes se celebrará en un tribunal de Bruselas por la euroorden contra Puigdemont.
Boye ha afirmado que no tiene «nada que ver» con el blanqueo de capitales y que la investigacion «seguirá porque se ha clonado mi correo y mi teléfono móvil». «Estamos muy tranquilos. La gente puede disparar lo que quiera contra mí, pero no van a encontrar ningún indicios de criminalidad porque no lo hay«, ha asegurado.
Sobre la supuesta relación de esta causa con la defensa de Puigdemont, ha dicho que no cree que estén «relacionadas». «El hecho es que la juez no me ha impuesto medidas cautelares», ha añadido.
La investigación a Boye comienza tras la declaración voluntaria de un encausado en la 'operación Mito' el pasado julio. Se enmarcaba en el envío a Bogotá de 889.470 euros en metálico. Este dinero fue incautado en febrero de 2017 en el aeropuerto Madrid-Barajas. Lo llevaban cinco «mulas» escondido en dobles fondos de mochilas y maletas.
El declarante, M. A. P. S., mencionó estos hechos por vez primera en enero pasado y en julio volvió a comparecer por videoconferencia. Según los dos testimonios a los que ha tenido acceso este periódico, el acusado situó a 'Sito Miñanco', a su lugarteniente colombiano Luis Enrique García Arango y a él mismo en el despacho del abogado Gonzalo Boye, defensor entonces del histórico narco gallego. Boye está investigado ahora por un delito de blanqueo de capitales y la Policía Judicial registró el lunes su casa y el citado bufete en Madrid en busca de indicios. Hoy comparece por estos hechos en el juzgado.
Además de llevar a Miñanco, el letrado compaginaba en ese momento la defensa de otro conocido narco, Marcial Dorado, o de los procesados en rebeldía en la causa del 'procés', Toni Comín y Carles Puigdemont. Éste hizo el lunes una cerrada defensa de Boye al conocer el registro judicial y el martes que viene tiene una vista en Bruselas por la euroorden remitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
El compareciente ante el juzgado de la Audiencia Nacional negó en julio su pertenencia a la «organización criminal» de 'Sito Miñanco'. Dijo que fue él quien le pidió que llevara «un dinero a Colombia» y que «cometió el error de aceptar pensando que todo era legal». Pese a ello, añadió, involucró a su familia y ahora ha recibido amenazas por esta declaración.
Contó que fue Luis Enrique García Arango, el enlace de 'Sito Miñanco' en Colombia, quien le explicó que necesitaban justificar la procedencia del dinero para poder reclamárselo a Hacienda. «Me preguntó si tenía cómo hacerlo y le respondí que no. Él vio que podría hacer y a los pocos días me citó en la oficina del abogado Gonzalo Boye», afirmó.
La carta de Hacienda
Tras esta mención del letrado intervino la juez Tardón: «Explique cómo organizaron los documentos para justificar el dinero», requirió. «Como le digo estaba Mario (alias de 'Sito Miñanco'), Luis Enrique [García Arango], estaba Gonzalo [Boye] el abogado, y había otro abogado que creo que se llamaba Jesús. Jesús tenía unos pagarés que decía que con eso ya había reclamado otro dinero que le habían incautado hacía un tiempo (…) Se llegó a un acuerdo y yo tenía que pagar la deuda del decomiso (con Hacienda)», responde.
La juez vuelve a peguntar: «¿Puede explicar quién se hace cargo de esos pagarés, quién recibe esos pagarés, quién los presenta?» «Se llega a acuerdo con él [el abogado de nombre Jesús] de darle 30.000 euros en el momento de la entrega [de los pagarés] y 60.000 al recuperar el dinero (intervenido en Barajas). Esa fue prácticamente la reunión de aquel día y Gonzalo [Boye] ya dijo que iba a buscar la fórmula de justificar esos pagarés con algún documento, con alguna cosa para hacer la reclamación. A la semana siguiente nos volvió a citar (Boye) a una reunión en la que ya nos dice que ya tiene la manera justificarlo», relata.
«Y qué pasa, cuéntenos», incide la magistrada. «Es para decirnos que ya tiene la manera de justificar los pagarés con contratos de préstamos. Nos dice que los contratos tiene que firmarlos solo Manuel (en alusión a Manuel González Rubio, la persona de la que se dijo inicialmente que era propietario el dinero confiscado en Barajas), nadie más podía firmarlos. Nos dice que tiene que prepararlos y que cuando estén listos para firmarlos, Manuel tiene que ir. Y luego, unos días después, me llama para decir que hay que firmar los contratos para pesentarlos a Hacienda. Y fuimos al despacho de Boye. Y ahí los firmó Manuel y nos dijo [Boye] que ya quedaban listos para presentar a Hacienda y que teníamos que esperar la respuesta».
El investigado sigue con el testimonio, ante el interés de la juez y el fiscal. «Luego pasó un tiempo y llegó una carta de Hacienda. Una a mi casa y otra al despacho (de Boye). (La misiva de Hacienda) decía que los pagarés ya habían sido justificados anteriormente y que no valían para reclamaciones. Después ya tuvimos una cita con (el abogado) Jesús para reclamarle por lo que había pasado», concluyó el compareciente.
Los investigadores sospechan ahora que esos contratos de préstamos que manejó el abogado para justificar los pagarés eran «falsos», según señalan fuentes jurídicas.
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