El Gobierno revisa los contratos de armamento con países «sensibles»

Valorado en 9,2 millones de euros, los artefactos aguardan en una base militar en Aragón, pero tras la reunión de la citada junta interministerial, en la que participa también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI, acordó solicitar al Ministerio de Industria paralizar el citado contrato antes de tomar una decisión definitiva sobre su denegación. Industria aceptó la revisión de esta venta y el Ministerio de Defensa lo ha confirmado este martes.

Según datos oficiales de 2017, no se produjo ninguna suspensión en la exportación de material de defensa. Sin embargo, hubo tres denegaciones concretas a Israel (diez cañones por desarrollo de rifles y 17 direcciones de tiro para carro de combate), Myanmar (20 pistolas de tiro deportivo) y China (seis sistemas de clasificación acústica). En el primer caso el motivo fue «el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales» y en los dos restantes, el cumplimiento de embargos acordados por la UE.

La decisión, por lo tanto, de revisar el contrato público con Arabia Saudí se debe a la necesidad de conocer si se está usando material de defensa español en el conflicto con Yemen. Para ello se pedirá al comprador que verifique este extremo.

Riad lleva tres años involucrado en una cruenta guerra que ha causado miles de muertos entre la población civil, convirtiéndose en una de las mayores crisis humanitaria.

Asimismo, en agosto pasado Defensa ya anunció que iba a revisar las ventas todavía en trámite y «que pudieran implicar la utilización directa contra población civil», como ocurrió en el ataque a un autobús con niños yemeníes el 9 de agosto, que dejó al menos 51 muertos.

La campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón) se ha reunido precisamente este martes con Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, con el fin de abordar las exportaciones a Arabia Saudí e Israel y mejorar la normativa.

El Gobierno les ha confirmado que tomará una decisión este mes sobre la denegación del citado contrato con Riad, que no afecta de momento a otras ventas aprobadas como la construcción de cinco corbetas por parte de Navantia valorada en 1.800 millones, la mayor operación para los astilleros públicos españoles.

Sin embargo, las ONG reclamaban también la paralización de un contrato por 1,4 millones con Israel por su intervención militares en los territorios palestinos ocupados, pero Comercio les ha respondido que en este caso no hay sospechosas sobre su uso. El contrato incluye sistemas de vigilancia y detección de blancos con destino a una aeronave, equipos para el motor del helicóptero Tigre del Ejército del Aire español o munición de artillería para pruebas internas.