El contrapeso de Dolores Delgado

Sánchez Conde es la máxima responsable del Ministerio Público en el Tribunal Supremo. Es la primera mujer jefa de la sección de Penal y lleva en el cargo desde enero. Su nombramiento engrosó la lista de integrantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que han copado más de la mitad de los puestos en la cúpula de la Fiscalía durante los dos últimos años de Delgado en el cargo. La UPF es, precisamente, el colectivo al que perteneció hasta su anterior designación como ministra de Justicia en 2018, lo que le llevó a renunciar.

En total, 16 de las 33 plazas de fiscal de primera categoría están ocupadas en la actualidad por miembros de la UPF. Una política de designaciones que ha roto el tradicional equilibrio existente entre representantes de colectivos profesionales y no asociados y que ha sido ampliamente criticada por su «sectarismo». Tampoco han faltado reproches a la «errática» política de la fiscal general desde que fue nombrada por el Gobierno y tomó posesión en febrero de 2020.

Con este balance, no es casual que la decisión del Supremo de anular la designación de un compañero afín a Delgado por falta de motivación –la del coordinador de la Unidad de Menores Eduardo Esteban, antiguo jefe de la Fiscalía de Madrid y miembro activo de la UPF– fuera recibido como una victoria por los recurrentes: tanto desde la conservadora Asociación de Fiscales (AF) como por el fiscal José Miguel de la Rosa, afectado por la designación de Esteban pese a tener un mejor puesto en el escalafón (ya era fiscal de Sala) y una amplia experiencia en el área de menores. Después de la resolución del pasado 5 de abril, Delgado deberá razonar este nombramiento por orden del Supremo.

Esta decisión judicial, en todo caso, supuso un punto de inflexión en el progresivo desgaste que está padeciendo la fiscal general. A la alargada sombra del 'caso Villarejo' y su relación con el exjuez y abogado Baltasar Garzón, con intereses en la causa, se suma el tirón de orejas que le ha dado el alto tribunal y el mensaje que le ha transmitido la carrera fiscal, formada por unos 2.500 profesionales.

La presión interna para Delgado ha llegado por dos frentes. El pasado 22 de abril, un total de 16 fiscales de Sala le remitieron un escrito donde solicitaron que se dirigiera al Grupo Parlamentario Socialista y al Congreso para que retirara una enmienda registrada en la Ley Concursal. Una iniciativa que pretende ascender a fiscal de Sala a Delgado cuando cese del cargo y hace mención a la relación del Ministerio Público con el Poder Ejecutivo.

Esta misiva de parte de la cúpula fiscal criticaba la «relación de dependencia» con el Gobierno que suponía la «obligación para el fiscal general de informar, incluso por propia iniciativa, sobre los asuntos de especial trascendencia». Una novedad legal que supone «una quiebra importante de la autonomía y de la independencia respecto a aquel, lo cual es absolutamente incompatible con el modelo constitucional de Ministerio Fiscal».

Entre los firmantes no solo estaban fiscales opuestos a Delgado. Una de ellas es María José Segarra, ex fiscal general y destacada miembro de la UPF, que calificó la enmienda como «inviable jurídicamente» y que se aleja de la exigencia de Europa sobre la independencia judicial.

El pasado miércoles, solo dos semanas después de esta carta, también ha hablado la carrera en las elecciones al Consejo Fiscal, el máximo órgano asesor de la fiscal general. Y el resultado ha vuelto a corroborar el acelerado desgaste que está sufriendo Delgado. La Asociación de Fiscales (AF), que reclama abiertamente su dimisión, arrasó en los comicios. Estaban en juego nueve asientos y el colectivo conservador amplió su mayoría en un vocal hasta sumar seis, mientras que la UPF cayó a dos, y la Asociación Profesional Independiente (APIF) logró por vez primera representación. «Estos resultados reflejan el hartazgo de la carrera sobre la gestión llevada a cabo por Delgado», afirmó la responsable de la AF, Cristina Dexeus.

«La carrera le ha dicho a Delgado que por ahí no, que no se puede menospreciar el trabajo de cada uno, los currículos, potenciar exclusivamente a las personas por razones ideológicas, rodearse de una corte de favoritos y despreciar por completo los principios de esta institución», proclamó el nuevo vocal electo Salvador Viada, fiscal del Supremo, cuyo objetivo ahora será luchar «para que las reglas vuelvan a ser decentes».