El Constitucional tramita otras cinco sentencias por decretos de la pandemia

Fuentes de la corte de garantías han detallado que los magistrados ya están estudiando estos nuevos recursos después de sentenciar la ilegalidad del primer y el segundo estado de alarma, la suspensión de la actividad en el Congreso durante la primera ola de la crisis sanitaria, en marzo y abril de 2020, o la censura al Gobierno de coalición tras anular la treta para incluir al entonces vicepresidente Pablo Iglesias y al exjefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, en la comisión que supervisa al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de un paquete de iniciativas para combatir el coronavirus.

En el Constitucional se otorga especial relevancia a esta sentencia de mayo de 2021 por el mensaje que se mandó al Ejecutivo: el excesivo uso del decreto-ley, una figura legislativa que se guarda para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad», para incluir estos dos nombramientos en una disposición final con la pandemia como pretexto.

A estos recursos de inconstitucionalidad estimados por la corte de garantías se sumó este viernes una nueva sentencia, ya adelantada la semana pasada. En concreto, la resolución detalla la ilegalidad de una norma que el Gobierno puso en marcha durante el primer estado de alarma, en virtud de la cual los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) debían decidir, por adelantado, si las medidas restrictivas de derechos acordadas por las comunidades autónomas, como los confinamientos territoriales, eran proporcionadas y debían ser avaladas o no.

En esta ocasión, el sector conservador votó en bloque contra la norma que habilitaba a los TSJ, pero la resolución contó además con el apoyo del vicepresidente del TC Juan Antonio Xiol, del sector progresista y uno de los expertos en derecho civil más distinguidos del país. El resultado, siete votos contra cuatro.

Asimismo, los cinco asuntos pendientes en el Constitucional se refieren a un decreto aprobado por el Gobierno balear en julio de 2020 sobre el establecimiento de un régimen sancionador dentro de una ley de salud pública. El recurso fue interpuesto por el Grupo de Vox en el Congreso.

Además, el mismo partido recurrió más de una veintena de artículos del paquete de medidas para la gestión de la pandemia aprobado por el Ejecutivo vasco en junio de 2021 o el decreto-ley del Gobierno canario, de septiembre de 2021, que recoge el régimen jurídico que regula los niveles de la alerta sanitaria.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón también impugnó los niveles de alerta sanitaria modificados por el Ejecutivo aragonés en julio de 2021, mientras que el Gobierno central recurrió la exigencia de la vacunación contenida en un artículo de la Ley del País Vasco de junio de 2021.