El Constitucional revisará la anulación del ascenso de Dolores Delgado como fiscal de Sala

El Tribunal Constitucional considera que el recurso de amparo debe ser admitido «porque concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional». Los magistrados aceptan entrar a estudiar el alegado de la exministra porque entienden que su demanda «plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal» y que «además el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y general repercusión social y económica».

La decisión de revisar aquel polémico fallo no ha sido unánime. Han anunciado la formulación de voto particular hasta cinco magistrados. Se trata de Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macias.

Delgado fue promovida a fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo el 5 de octubre de 2022 (Sala de lo Militar) a pesar de su nula experiencia en justicia castrense. Ascendió a la máxima categoría del Ministerio Público pocos días antes, el 22 de septiembre de ese año y por decisión de García Ortiz, ya que la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Luis Rueda, especialista en cuestiones jurídica de lo militar, que fue quien recurrió el nombramiento al Supremo y lo ganó.

Rueda se hizo con los seis votos de la Asociación de Fiscales (AF), mientras que Delgado obtuvo el respaldo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y también de los vocales natos -la teniente fiscal del Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente-.

En noviembre de 2023 la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala, la categoría más alta de la carrera, al apreciar una sombre de enchufismo por parte de García Ortiz.

La sentencia consideró acreditado que la finalidad buscada por García Ortiz fue asegurar a «Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente (García Ortiz), es una carencia de la legislación en vigor». «Ello se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito», afeó el Supremo al actual máximo responsable del Ministerio Público.

Para el tribunal, «la desviación de poder es visible e innegable en el presente caso». Recordó el Supremo la secuencia de los hechos: fue la propia Delgado, cuando era fiscal general del Estado la que tuvo la iniciativa de convocar esa vacante; luego ella misma, tras abandonar la dirección del Ministerio Público por razones de salud, se presenta a esa misma plaza y es «propuesta a favor de ella por quien fue su estrecho colaborador y en ese momento ya su sucesor», y al que ella misma nombró como su sustituto.